El genocidio económico
Hoy se cumplen 50 años de la irrupción de la última dictadura cívico-militar en Argentina y, con ella, del irreparable daño social y económico que aún no hemos podido reparar.
En esta oportunidad no quiero debatir ni exponer sobre lo que todos saben: que hubo gente secuestrada, torturada y desaparecida por el Estado. No es mi intención minimizar esta atrocidad social. Sin embargo, todo argentino y argentina sabe que hubo desaparecidos. Muchos pensamos que fueron 30.000 militantes, estudiantes, trabajadores, intelectuales y artistas que dieron su vida por lo que creían mejor para su país; otros creen que fueron menos de 9.000 subversivos y terroristas. Pero no hay desconocimiento del hecho: un solo secuestrado, torturado y desaparecido por el Estado —que debería cuidarnos, o en todo caso juzgar a quienes considera culpables— ya constituye una atrocidad.
Por eso quiero debatir hoy, en este aniversario, no del genocidio social sino del genocidio económico, que causó tal vez más muertos por inanición, depresión e inseguridad (esto último debido a la destrucción del trabajo y de la cultura del trabajo).
De este genocidio económico-industrial pocos argentinos saben. Insisto para que quede claro: todos saben de los desaparecidos; muy pocos conocen la magnitud de la destrucción de la economía y de la industria que comienza con esta dictadura.
La mayoría de la gente piensa que esta debacle comienza con la democracia. Algunos creen que fue con Alfonsín, otros con Menem (estos no están tan equivocados); fue el ciclo Menem-De la Rúa el que culminó el trabajo de destrucción comenzado en la dictadura. Otros lo atribuyen a los Kirchner, y otros a un conjunto de los más de cuarenta años de democracia.
Lo cierto es que la dictadura heredó a la democracia el inicio de la irremontable destrucción de nuestra industria.
Los militares fueron impulsados a tomar el poder por la elite empresarial y agraria más importantes del país —y por intereses de las grandes potencias— para instalar el neoliberalismo. Traducido en términos simples: vinieron a reformatear la economía argentina, a acumular riqueza en los sectores más concentrados del empresariado y a cambiar una economía industrial de mercado interno por una economía de especulación financiera, sin industria y profundamente endeudada. Diversos estudios sobre la economía del período coinciden en señalar que la dictadura impulsó un cambio estructural hacia un modelo de valorización financiera que desplazó al modelo industrial previo (Basualdo, 2006; Schvarzer, 1996).
Sí, el trabajo lo termina Menem, pero ellos fueron quienes lo comenzaron.
Fue una destrucción que llevó 25 años, desde 1976 hasta 2001. El daño fue profundo y en gran parte irreversible, comparable —salvando las distancias— con la destrucción del Paraguay industrial durante la Guerra de la Triple Alianza, pero sin guerra.
Hasta 1974 fuimos el país con mayor industria y clase media de Latinoamérica, con altos niveles de consumo y con índices de desarrollo comparables a los de Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Durante las décadas previas al golpe militar Argentina había desarrollado un importante proceso de industrialización sustitutiva y expansión de las clases medias urbanas (Adamovsky, 2010; Rapoport, 2010).
Las fantasías instaladas por los gobiernos de Macri y Milei sobre los “setenta años de peronismo” o los “más de cien años de populismo” se caen con solo chequear los datos, al alcance de la mano de cualquiera.
Y ustedes se preguntarán por qué digo hasta 1974 y el derrumbe comienza en 1976, como si el año 1975 no existiera. Hay una explicación.
1975 fue el año en que se intentó comenzar el proceso, pero había un obstáculo: la resistencia social.
Bajo el gobierno de Isabel y su ventrílocuo López Rega, se designa ministro de Economía a Celestino Rodrigo, quien de un plumazo quiso hacer lo que luego les llevó 25 años de destrucción. Si bien fue el primer daño —y grave—, la sociedad se movilizó y no paró hasta lograr la renuncia no solo del ministro de Economía, sino también del ventrílocuo de Isabel.
Fue allí donde se encendieron las alarmas: había que destruir la resistencia social, romper sus lazos de solidaridad, aterrorizarla y disciplinar al movimiento obrero. De no lograr esto, el modelo neoliberal que demandaban las potencias occidentales y la elite económica local no iba a poder llevarse adelante.
Isabel no estaba a la altura de ese violento baño de sangre, aunque no se puede negar que hizo sus méritos: centros clandestinos en Villa Constitución con apoyo de Lorenzo Miguel, el Operativo Independencia en Tucumán, entre otros episodios de represion.
Pero los militares y los sectores que los impulsaron a tomar el poder el 24 de marzo de 1976 consideraban que no era suficiente. Había que aterrorizar a la sociedad de una manera más brutal.
Como lo dijo el general Ibérico Saint-Jean:
“Primero mataremos a todos los subversivos; luego a sus colaboradores; luego a sus simpatizantes; luego a los indiferentes; y finalmente a los tímidos.”
Y lo hicieron.
El genocidio social fue el medio para el genocidio industrial.
La política económica de la dictadura fue dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz, quien impulsó un profundo proceso de liberalización financiera y apertura económica. En 1977 se sancionó la Ley de Entidades Financieras, que transformó el funcionamiento del sistema financiero argentino, favoreciendo la especulación por sobre la inversión productiva y debilitando el crédito destinado a la industria (Schvarzer, 1996).
Al mismo tiempo se abrió la economía a importaciones masivas que muchas industrias nacionales no pudieron resistir. Miles de fábricas cerraron y comenzó un proceso de desindustrialización que marcaría las décadas siguientes, alterando profundamente la estructura productiva del país (Basualdo, 2006).
La deuda externa también se disparó. En 1976 Argentina debía alrededor de 7.000 millones de dólares. Cuando la dictadura terminó en 1983 la deuda superaba los 45.000 millones. Gran parte de esa deuda, además, fue estatizada en 1982, cuando el Estado asumió pasivos de grandes empresas privadas en uno de los procesos de transferencia de recursos más importantes de la historia económica argentina (Rapoport, 2010).
El historiador Ezequiel Adamovsky, en su libro Historia de la clase media argentina, muestra el impacto social de este proceso. Antes de la dictadura, el 10 % más rico de la sociedad concentraba alrededor de 12 veces más ingresos que el 10 % más pobre. Al finalizar el régimen esa brecha había crecido notablemente, reflejando el cambio en la distribución del ingreso producido por el nuevo modelo económico, el 10% mas rico de la población concentraba 23 veces más que el 10% mas pobre (Adamovsky, 2010).
En 1974 teníamos más de un 90 % de clases medias, solo un 4 % de pobres y un 2 % de indigencia. Veinticinco años más tarde tenemos un 17 % de indigencia y más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza.
En 1974, 7 de cada 10 trabajadores estaban empleados en fábricas. Veinticinco años después, solo 3 de cada 10. El 90 % trabajaba en blanco; 25 años después, la informalidad se volvió la norma.
Estos son solo algunos números que cualquiera puede chequear en un instante.
En conclusión, lo que hoy vivimos en nuestra economía no fue una equivocación ni una casualidad. Fue un proyecto.
El historiador Perry Anderson sostiene que el neoliberalismo no fracasó en sus objetivos. Por el contrario, fue profundamente exitoso en aquello para lo que fue diseñado: disciplinar a un movimiento obrero fuerte y organizado mediante el desempleo, la precarización laboral y la fragmentación social (Anderson, 2003).
Cuando se sumerge a una sociedad en la desocupación masiva, el movimiento obrero se debilita: peleamos por los puestos de trabajo, competimos entre nosotros.
Un obrero tiene que soportar precarización, humillaciones y ajustes si quiere conservar su trabajo.
“Si no te gusta lo que ganás, andate. Pongo un aviso en el diario y hay una cuadra de fila buscando tu puesto”, dice el patrón.
Esto lo viví cuando empecé a trabajar en fábricas en 2003. En menos de un año ascendía y ganaba más que trabajadores que estaban hacía diez, doce, quince o veinte años. La explicación inmediata que encontraba era: “qué tontos, no saben reclamar”.
Pero no era eso.
Ellos habían aprendido a conservar el trabajo.
Eran los sobrevivientes del disciplinamiento del movimiento obrero.
Cierre
Por eso, a cincuenta años del golpe, recordar la dictadura no debería limitarse solo a la memoria del terrorismo de Estado —que es imprescindible—, sino también a comprender el proyecto económico que ese terror vino a imponer.
Porque la represión no fue solo ideológica ni militar: fue también económica y social. Se buscó destruir una estructura productiva, debilitar a la clase trabajadora y cambiar definitivamente la forma en que se distribuye la riqueza en la Argentina.
Los militares que llevaron adelante el reformateo de la economía argentina se fueron derrotados y humillados incluso en el terreno militar, pero los sectores de la casta económico-empresarial que los impulsaron a tomar el poder pueden sentirse totalmente satisfechos.
Entender ese proceso es fundamental para comprender el presente.
Y quizás también para pensar cómo construir un país diferente.
Bibliografía
Adamovsky, E. (2010). Historia de la clase media argentina: Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires: Planeta.
Anderson, P. (2003). Historia y lecciones del neoliberalismo. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.
Basualdo, E. (2006). Estudios de historia económica argentina: Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: Siglo XXI.
Rapoport, M. (2010). Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Buenos Aires: Emecé.
Schvarzer, J. (1996). La industria que supimos conseguir: Una historia político-social de la industria argentina. Buenos Aires: Planeta.
