De la catástrofe a la revelación
Dr. Claudio Altisen
La inteligencia artificial no solo nos obliga a discutir los peligros del futuro. También deja al descubierto las relaciones de poder del presente. Entre promesas de salvación, negocios del miedo y tecnologías aplicadas a la guerra y la vigilancia, la pregunta decisiva no es solamente qué podrían hacer las máquinas, sino también qué estamos haciendo nosotros con ellas.
Hay algo inquietante en escuchar a los promotores de una tecnología anunciar que podría acabar con la humanidad mientras compiten por desarrollarla más rápido que sus competidores. No necesariamente porque estén mintiendo acerca de sus peligros, sino porque la escena merece una pregunta adicional: ¿qué lugar pretenden ocupar quienes describen el incendio y, al mismo tiempo, ofrecen en exclusiva el servicio de bomberos?
La caricatura de los «bomberos pirómanos» exagera, como corresponde a una caricatura. Pero su ironía permite ver una contradicción que conviene no despachar entre risas: el peligro también puede convertirse en un argumento de venta. Primero se nos deslumbra con una potencia extraordinaria; después se nos intimida con sus consecuencias; finalmente se nos pide que confiemos la salvación a quienes administran esa misma potencia. El porvenir de la especie queda, así, peligrosamente cerca de una presentación para inversores.
Sería un error responder a esa escena negando los riesgos. También lo sería aceptar que sus protagonistas tienen el monopolio de las preguntas y de las respuestas. Entre la fascinación obediente y el pánico resignado hay lugar para la política, aunque a veces parezca que debemos pedir permiso para entrar.
1 Lo que el apocalipsis deja ver
En el lenguaje corriente, «apocalipsis» nombra el desastre definitivo. Sin embargo, el término griego apokálypsis significa revelación, descubrimiento de algo que permanecía oculto. No se trata de borrar las imágenes dramáticas de la tradición bíblica ni de resolver con una etimología los problemas de nuestra época. Se trata de recuperar una posibilidad de lectura: además de preguntarnos qué catástrofe podría provocar la inteligencia artificial, podemos interrogarnos por lo que su desarrollo está revelando acerca de nuestra sociedad.
Entonces cambia el paisaje. Dejamos de mirar solamente la espuma del oleaje y empezamos a reconocer las corrientes profundas del mar de la historia. La IA no desembarcó desde un planeta ajeno: se hizo posible mediante conocimientos, trabajos, datos, energía, infraestructuras, inversiones y decisiones políticas. Aquello que llamamos «la nube» tiene una materialidad bastante terrestre. Y aquello que presentamos como una innovación autónoma tiene propietarios, proveedores, trabajadores y usuarios con capacidades muy desiguales para decidir.
Por eso tampoco alcanza con decir que la tecnología es buena o mala según quién la use. Esa observación, aun siendo atendible, puede llegar demasiado tarde: antes del uso ya hubo decisiones sobre qué investigar, qué datos recoger, qué tareas automatizar y qué resultados considerar deseables. No es lo mismo diseñar un sistema para ampliar el acceso a un servicio que diseñarlo para seleccionar a quién excluir de él. Los fines no se agregan al final, como un accesorio; también intervienen en la construcción del instrumento.
La pregunta apocalíptica, entendida como revelación, nos devuelve así al presente. ¿Qué deseos, jerarquías y formas de convivencia estamos inscribiendo en estas capacidades? ¿Qué vuelve visible una tecnología a la que atribuimos tanta inteligencia, mientras dejamos fuera de discusión la racionalidad de los fines para los cuales la empleamos?
2 El daño no necesita esperar al futuro
No hace falta imaginar una rebelión de las máquinas para encontrar tecnologías de IA incorporadas a la violencia. El 14 de mayo de 2026, Cameron Stanley, responsable de inteligencia artificial del Pentágono, informó ante el Congreso estadounidense que Maven Smart System y War Data Platform habían apoyado las operaciones contra Irán y acelerado los procesos de selección y coordinación de objetivos. Esa declaración oficial documenta una participación concreta en la infraestructura de la guerra; no demuestra que las máquinas decidan y ejecuten por sí solas a quién matar.
La distinción importa. Cuando decimos que una IA «mata», corremos el riesgo de confundir su intervención técnica con la responsabilidad por una política militar. Tampoco sería razonable concluir que, mientras exista una persona que confirme una recomendación, el problema está resuelto. Hay que examinar qué información recibe, cuánto tiempo tiene para evaluarla, qué posibilidad efectiva conserva de rechazarla y quién responde cuando el procedimiento falla. La presencia de un humano en la cadena no garantiza, por sí sola, un control humano significativo.
Fuera del campo de batalla aparece una inquietud semejante. En abril de 2025, ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, contrató a Palantir para desarrollar ImmigrationOS. La documentación contractual describe funciones de selección y priorización para operaciones migratorias, seguimiento de salidas y gestión de procedimientos desde la identificación hasta la expulsión. Amnistía Internacional advirtió que estas capacidades pueden agravar la vigilancia, la discriminación y las vulneraciones de derechos. La advertencia señala riesgos de esta infraestructura; no permite atribuirle automáticamente una detención particular.
Lo que sí queda planteado es quién transforma los datos de una persona en una prioridad de intervención estatal y bajo qué garantías. Una persecución no se vuelve justa porque reduzca sus tiempos de ejecución. Hay eficiencias que deberían inquietarnos, precisamente porque hacen mejor aquello que tendríamos que discutir si corresponde hacer.
Las IAs actuales no son sujetos a los que podamos trasladar cómodamente la culpa. Corresponde examinar las responsabilidades de gobiernos, mandos, empresas y profesionales según su intervención efectiva en cada caso. Incluso delegar funciones es una decisión por la que hay que responder. La complejidad del sistema puede dificultar la atribución de responsabilidades; no debería convertirse en el dispositivo que las haga desaparecer.
Reconocer estos daños y riesgos presentes no cancela el estudio de amenazas futuras. Evita algo distinto: que la expectativa de una catástrofe espectacular nos vuelva distraídos ante las violencias que ya sabemos organizar. Para quienes padecen esas violencias, el problema no empieza el día en que una máquina adquiera voluntad propia.
3 Los negocios del miedo
En la conversación de Gelatina que dio pie a estas reflexiones, Beatriz Busaniche, especialista en derechos digitales, propone examinar el alarmismo desde la captación de inversiones y la captura regulatoria. Esta última expresión designa una situación en la que las reglas o las instituciones encargadas de proteger el interés público terminan orientándose en beneficio de los actores a los que deberían controlar. La conversación completa permite ampliar esa discusión.
La hipótesis es incómoda y merece ser contrastada: anunciar un poder tecnológico excepcional puede atraer capital; anunciar un peligro igualmente excepcional puede favorecer exigencias que solo las empresas dominantes estén en condiciones de cumplir. El mismo relato que promete romper todos los límites puede servir después para levantar barreras de entrada. Una inquietud pública legítima corre entonces el riesgo de convertirse en una ventaja privada.
Aquí la imagen del bombero pirómano encuentra su eficacia. No acusa a todo investigador de fabricar incendios ni convierte cualquier advertencia en una estafa. Señala una posición contradictoria: alimentar una carrera, reclamar confianza para continuarla y presentarse como el único actor suficientemente competente para protegernos de sus consecuencias. Es un servicio bastante completo: el riesgo, la interpretación del riesgo y el remedio, todo en el mismo catálogo.
No hace falta suponer una conspiración universal. Basta con preguntar quién habla, qué intereses compromete su propuesta y qué efectos producirían las reglas que recomienda. Una empresa puede advertir sinceramente un peligro y, a la vez, promover una solución favorable a su posición comercial. Los motivos no siempre se excluyen; a veces se ayudan bastante.
De ahí no se sigue que debamos abandonar la regulación. Se sigue que también hay que disputar su orientación. Importan los controles independientes, la posibilidad de investigar daños, la protección de datos, la participación de trabajadores y usuarios y los mecanismos para reclamar reparación. La discusión exige competencias técnicas, pero no puede quedar reservada a quienes poseen la tecnología. Regular para proteger a las sociedades no es lo mismo que regular para proteger un negocio de sus competidores.
Tampoco debemos comprar la disyuntiva entre dejar hacer y prohibirlo todo. Esa alternativa es muy conveniente para quien desea que cualquier límite parezca una enemistad con el progreso. Podemos necesitar estímulos en algunos ámbitos, prohibiciones en otros y obligaciones estrictas en muchos. Lo difícil es deliberar sobre esas diferencias. Lo fácil es vendernos una única autopista y llamarla futuro.
4 Acelerar hacia dónde y para quiénes
Estas preguntas atraviesan las discusiones sobre el aceleracionismo, un conjunto heterogéneo de posiciones que interroga la relación entre transformación tecnológica, capitalismo y cambio social. El nombre puede inducir a un equívoco: no se trata únicamente de hacer todo más rápido. La cuestión decisiva es qué fuerzas se aceleran y hacia qué forma de vida nos conducen.
En sus variantes de derecha, la expansión del capital puede presentarse como una dinámica a la que las sociedades deberían adaptarse, incluso debilitando su capacidad democrática de decidir. Frente a esa subordinación, los teóricos políticos Alex Williams y Nick Srnicek plantearon en su manifiesto aceleracionista de 2013 la posibilidad de disputar las capacidades tecnológicas para fines poscapitalistas. No sostienen que la tecnología emancipe automáticamente: hace falta organización política para transformar sus condiciones y su dirección. Esta diferencia permite formular una pregunta sin necesidad de suscribir todo su programa: ¿podemos aprovechar esas capacidades para reducir el trabajo penoso y ampliar el tiempo disponible para vivir?
La automatización de una tarea no determina, por sí misma, quién recibe el beneficio. Puede contribuir a reducir jornadas o servir de pretexto para despedir trabajadores; puede aliviar una actividad agotadora o intensificar la vigilancia sobre quienes siguen realizándola. La posibilidad técnica abre alternativas, pero no decide entre ellas. Esa decisión concierne a relaciones de propiedad, derechos laborales, instituciones y conflictos distributivos. No viene resuelta dentro del programa.
Por eso conviene recordar algo elemental: la IA no existe solamente porque unos pocos empresarios hayan aportado dinero. Su posibilidad descansa en una acumulación histórica de conocimientos y trabajos colectivos, desde la investigación científica y las universidades hasta la producción cultural con la que se entrenan sistemas. Reconocer ese suelo común no supone negar la inversión privada ni el trabajo de las empresas. Impide, más bien, que una contribución se presente como creación absoluta y borre todas las demás.
De ese origen colectivo no se desprende que la tecnología sea hoy, jurídicamente, propiedad de todos. Se desprende una pregunta política por la distribución de sus beneficios. ¿Por qué una capacidad construida sobre tantos aportes debería ampliar de manera tan desigual las posibilidades de quienes la hicieron posible? ¿Qué retorno social cabe exigir cuando el conocimiento acumulado se transforma en un servicio al que debemos volver a pagar para acceder?
En el debate de La Base sobre la posibilidad de que la IA nos destruya aparece la propuesta de pensar estas capacidades como riqueza común, mediante una analogía con los recursos naturales. La comparación tiene límites: los conocimientos no son un yacimiento y el desarrollo tecnológico requiere trabajo continuado. Pero ayuda a desplazar la conversación desde la admiración por el producto hacia las condiciones de su apropiación.
Las comparaciones con China que aparecen en estas conversaciones también permiten interrogar la supuesta inevitabilidad de un único modelo, siempre que no se transformen en una idealización inversa. La intervención estatal no garantiza por sí sola emancipación; la apertura de un modelo tampoco asegura que todos dispongan de los recursos para utilizarlo. Hay que examinar, en cada caso, quién decide, quién accede, quién controla las infraestructuras y qué derechos conserva la población. Cambiar de propietario no basta si se mantiene intacta la imposibilidad de discutir los fines.
Huawei interesa aquí menos como una receta empresarial que como una ocasión para discutir nuestra imaginación política. Su sistema de participación de los empleados en la propiedad, con sus limitaciones y sus mecanismos de representación, introduce una diferencia respecto del relato que concentra todo mérito en la figura extraordinaria del fundador. No elimina las jerarquías, pero permite preguntar por qué tantos relatos sobre la innovación vuelven visibles a unos pocos individuos mientras dejan en segundo plano el trabajo colectivo. Gobierno corporativo de Huawei.
La cuestión filosófica no consiste en negar la creatividad individual. Consiste en reconocer que nadie crea desde la nada ni se hace enteramente solo. Incluso la iniciativa más singular necesita un lenguaje compartido, conocimientos heredados, instituciones, trabajadores y vínculos de cooperación. Lo colectivo no llega después para reclamar una parte de una riqueza que el individuo habría producido en soledad: ya estaba allí, haciendo posible su producción.
Desde esta perspectiva, el sentido de comunidad no exige disolver a las personas en una masa indiferenciada. Por el contrario, invita a reconocer las condiciones que permiten desarrollar su singularidad. Una sociedad que sostiene la educación, la investigación y los cuidados no necesariamente reduce la libertad individual: puede ampliar las posibilidades efectivas de ejercerla. La libertad de investigar, por ejemplo, significa poco para quien debe abandonar su formación porque no puede sostener materialmente su vida.
Ese es el contrapunto que interesa recuperar frente al individualismo anarcocapitalista. No basta con admitir que necesitamos a otros cuando llega el momento de afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Reconocer la comunidad supone también discutir cómo se distribuyen los frutos del trabajo y quién participa en las decisiones. Si lo colectivo solo aparece para pagar la cuenta, no estamos ante un sentido de comunidad, sino ante una conveniente selección de sus obligaciones.
Huawei no resuelve por sí sola esa discusión. Nos ayuda a abrirla. Y las preguntas que suscita la inteligencia artificial vuelven difícil seguir esquivándola: ¿queremos capacidades comunes subordinadas al engrandecimiento de unos pocos o instituciones que permitan convertirlas en mejores condiciones de vida compartida?
Resulta curioso que la comunidad sea considerada una fantasía cuando pide participar de los beneficios y una realidad indispensable cuando debe hacerse cargo del incendio.
Desde la Argentina, esa pregunta se vuelve una cuestión de soberanía: qué capacidades queremos sostener, qué dependencias estamos dispuestos a aceptar y qué decisiones no deberíamos delegar. La alternativa no consiste en aislarnos del mundo, sino en evitar que la única participación que nos quede sea aportar datos, comprar servicios y agradecer que nos permitan ser usuarios.
5 Las miserias que proyectamos sobre las máquinas
Hay, además, una dimensión del problema que no se agota en la propiedad ni en la regulación. ¿Por qué imaginamos con tanta facilidad que una inteligencia superior tendría necesariamente que querer dominar, explotar o destruir? ¿No estaremos elevando nuestra propia historia de violencia a la categoría de ley universal de la inteligencia?
La pregunta no demuestra que un sistema muy capaz resulte benigno. Tampoco permite atribuirle deseos, conciencia o una moralidad que no hemos establecido. Nos obliga, sin embargo, a examinar la escena imaginaria en la que ubicamos a las máquinas. A menudo les adjudicamos el papel de un amo que terminará tratándonos como nosotros hemos tratado a otros. El terror anticipado puede revelar tanto sobre nuestros modos de dominación como sobre las capacidades técnicas que pretendemos describir.
El filósofo del siglo XVII Baruch Spinoza vinculó la tristeza con una disminución de la potencia de actuar. Recuperar esa perspectiva de su Ética no consiste en recomendar optimismo por obligación. Permite preguntar qué afectos nos ayudan a comprender y actuar, y cuáles nos dejan encerrados en la impotencia. El miedo puede alertarnos; instalado como único horizonte, también puede acostumbrarnos a obedecer a quien promete protección.
Quizá debamos desconfiar de una pedagogía del futuro que solo nos ofrece dos papeles: consumidores fascinados o sobrevivientes aterrados. En ambos casos queda debilitada la posibilidad de reconocernos como participantes de una construcción colectiva. Si todo está decidido por el mercado o por una catástrofe inevitable, ¿para qué organizarse, investigar, deliberar, exigir?
Podemos ensayar otra orientación sin confundirla con un pronóstico: desarrollar estas capacidades para reconocer mejor nuestras interdependencias, sostener la cooperación y cuidar las condiciones de la vida. Una mayor capacidad de cálculo no garantiza sensibilidad ética. Precisamente por eso necesitamos que los fines no sean sustituidos por la mera exhibición de potencia. No todo lo que puede hacerse merece hacerse, y no toda renuncia a hacerlo constituye un atraso.
6 Un futuro que no venga decidido
La coexistencia pacífica y amorosa no tiene por qué quedar relegada a una ingenuidad sentimental. Puede convertirse en un criterio exigente para evaluar decisiones técnicas, económicas y políticas. Exige preguntar si una innovación amplía derechos, distribuye capacidades y permite vivir con otros, o si nos vuelve más disponibles para la vigilancia, la explotación y la guerra.
Ese criterio tampoco se satisface con declaraciones bienintencionadas. Necesita instituciones, controles, recursos y capacidad de intervención de quienes reciben las consecuencias de las decisiones. La ética no debería ser el apartado amable que se agrega cuando el negocio ya está organizado. Si cuenta, tiene que poder modificarlo.
«Nadie se salva solo» nombra aquí una condición material antes que una consigna reconfortante. Compartimos un planeta y dependemos de tramas de vida y de trabajo que ninguna fortuna puede producir por sí misma. Destruir esas condiciones no se vuelve más inteligente porque se haga con instrumentos sofisticados. Puede ser una demostración extraordinaria de capacidad técnica y, al mismo tiempo, una forma bastante rudimentaria de concebir la existencia.
Por eso propongo conservar el segundo sentido de lo apocalíptico. No para reemplazar el miedo por una confianza igualmente ciega, sino para reconocer aquello que está quedando al descubierto: la concentración de poder, los trabajos invisibilizados, las responsabilidades que se diluyen y las posibilidades que se presentan como si tuvieran un único dueño.
La inteligencia artificial no es un destino que nos sucede desde afuera de la historia. Es una construcción histórica cuya orientación está en disputa. Nos conviene discutirla mientras todavía haya decisiones por tomar, sin entregar de antemano esa tarea a quienes ofrecen salvarnos del futuro que están vendiendo.
Los bomberos son necesarios. Lo que no necesitamos es concederles a los dueños del fósforo el monopolio del agua.
Conversaciones para seguir pensando
Inteligencia artificial sin control — Gelatina. Pedro Rosemblat conversa con Beatriz Busaniche, Iago Moreno y Manu Aguilera sobre regulación, concentración empresarial y soberanía tecnológica.
La Base 7×8 — ¿La IA nos destruirá a todos?. Un debate sobre riesgos, propiedad y alternativas políticas para el desarrollo de estas tecnologías.
