Continuidades desde la Dictadura hasta Milei
Pedagogía castrense, parte 12.-
1.- Angelelli frente al catecismo de la obediencia
El 4 de agosto de 1976, poco después del mediodía, monseñor Enrique Angelelli salió de Chamical rumbo a la ciudad de La Rioja. Regresaba después de investigar los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, secuestrados y acribillados dos semanas antes. Llevaba consigo documentación relacionada con la represión que se abatía sobre la provincia.
A la altura de Punta de los Llanos, sobre la ruta 38, su vehículo fue encerrado hasta provocar el vuelco. El sacerdote Arturo Pinto, que viajaba con él, sobrevivió. Angelelli apareció muerto a varios metros del automóvil. Las carpetas que llevaba desaparecieron.
La dictadura puso inmediatamente en circulación su versión: había sido un accidente.
No se trataba solamente de encubrir un crimen. Se pretendía impartir una enseñanza. El mensaje decía que no debía verse aquello que estaba a la vista, que la palabra del poder valía más que los hechos y que preguntar podía resultar peligroso. Antes de convertirse en una falsificación histórica prolongada durante décadas, el “accidente” fue una lección de obediencia.
En 2014, la Justicia estableció que se había tratado de un homicidio planificado dentro del aparato del terrorismo de Estado y condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Pero, cincuenta años después del crimen, el aniversario no invita únicamente a recordar quiénes lo asesinaron. También permite interrogar el dispositivo pedagógico, político y religioso que hizo posible su muerte.
¿Por qué dedicarle a Angelelli un artículo perteneciente a una serie sobre pedagogía castrense y liceos militares? Porque en su figura confluyen dos maneras antagónicas de entender la formación de las personas. De un lado, una pedagogía católica y militar fundada en el orden, la jerarquía, la disciplina y el silenciamiento. Del otro, una práctica pastoral que enseñaba a mirar la realidad, escuchar al pueblo, organizarse y actuar frente a la injusticia.
No eran solamente dos posiciones dentro de la Iglesia. Eran dos maneras de producir sujetos.
2.- El noroeste como laboratorio
La Rioja no era una provincia aislada de la maquinaria represiva. Formaba parte del extenso territorio controlado por el Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, que abarcaba buena parte del centro y del noroeste argentino.
En esa región el terrorismo de Estado había comenzado antes del 24 de marzo de 1976. En febrero de 1975, todavía durante un gobierno constitucional peronista, el Decreto 261 ordenó al Ejército ejecutar las operaciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar” a los llamados elementos subversivos que actuaban en Tucumán. El Operativo Independencia no se limitó a enfrentar un foco guerrillero rural. Produjo una ocupación militar de la provincia y desplegó secuestros, torturas, desapariciones y centros clandestinos de detención. La fiscalía que investigó esos hechos lo definió como el primer “banco de pruebas” de la represión ilegal que después se extendería por todo el país.
Los liceos militares no quedaron situados al margen de ese ordenamiento territorial. Como reconstruí en Contramarcha (2026), el Ejército reorganizó sus estructuras educativas para incorporarlas a la llamada lucha contra la subversión. No todos los liceos cumplieron las mismas funciones ni en todos ellos funcionaron centros clandestinos. Pero dejaron de ser simples colegios secundarios administrados por militares para quedar insertos, de distintas maneras, en el mapa operativo y doctrinario del Estado terrorista.
En el Liceo Militar General San Martín se instaló en 1976 un Centro de Operaciones Tácticas desde el cual se controlaban patrullajes en Villa Ballester y el partido de San Martín. Allí también se brindaba instrucción a integrantes de las fuerzas de tareas encargadas de realizar secuestros. En el Liceo Militar General Espejo, en Mendoza, funcionó un “lugar de reunión de detenidos”. El Liceo Naval Almirante Brown formó parte de la Fuerza de Tareas Nº 5 de la Armada (Altisen, 2026, p. 23).
La inserción de los liceos del noroeste resulta todavía más reveladora. El Liceo Naval Militar Francisco de Gurruchaga fue inaugurado en Salta en 1976 como instituto para cadetes mujeres. En marzo de 1978 quedó comprendido en un esquema de integración de la Armada con el Ejército, la Fuerza Aérea, los gobiernos provinciales y municipales y las llamadas “fuerzas vivas” de la sociedad civil. El propósito declarado era colaborar en la eliminación de las causas que pudieran favorecer el desarrollo de movimientos subversivos (Altisen, 2026, p. 23).
En Tucumán, el Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid fue creado por decreto en noviembre de 1979 para atender las “necesidades educacionales del Noroeste Argentino”. Se instaló en edificios utilizados hasta entonces por el Regimiento de Infantería 19, una unidad que había participado en el Operativo Independencia. Esta sucesión espacial no demuestra que el liceo haya funcionado como centro clandestino. Muestra algo diferente: la expansión educativa castrense ocupó el mismo territorio físico y simbólico sobre el cual se había desplegado la experiencia represiva.
La Directiva 404/75, denominada “Lucha contra la subversión”, colocó además a distintos institutos bajo los comandos de las zonas de defensa correspondientes. La educación militar pasó a formar parte de la cartografía de una guerra interna construida por las propias Fuerzas Armadas. En los liceos se educaba a adolescentes, pero también se alojaban estructuras operativas, se formaban reservistas y se transmitía una interpretación del país dividido entre custodios de la nación y enemigos subversivos.
En mi propio liceo, el General Belgrano de Santa Fe, no está documentado que haya funcionado un centro clandestino. Sin embargo, oficiales que habían participado en el Operativo Independencia nos relataban sus acciones como proezas patrióticas. Hablaban delante de niños y adolescentes sobre redadas, ejecuciones y personas quemadas en los cañaverales. No manifestaban culpa ni compasión: buscaban que admiráramos su heroísmo y que consideráramos natural aquello que estaban contando (Altisen, 2026, pp. 23-24).
El aparato represivo no necesitaba instalar una sala de torturas en cada escuela. También funcionaba enseñando qué debía ser admirado, qué sufrimientos no merecían compasión y qué muertes podían relatarse como gestas.
Angelelli fue asesinado dentro de esa geografía política. El mismo Menéndez que gobernaba militarmente aquel extenso territorio y bajo cuyo mando se desarrolló la represión fue condenado décadas más tarde por ordenar su muerte. El crimen de Punta de los Llanos no fue un episodio provincial ni una desavenencia entre un obispo y unos uniformados. Fue una operación de disciplinamiento ejecutada dentro de una región convertida en laboratorio militar.
3.- La cruz dentro del cuartel
El poder castrense no actuó solo. Necesitó dotar su violencia de una justificación moral y trascendente. Allí encontró la colaboración de un sector del catolicismo argentino que presentaba a las Fuerzas Armadas como “reserva moral” de la nación y a los golpes de Estado como intervenciones “purificadoras”.
En Contramarcha recordé que en el liceo había una capilla enorme y que cada curso debía asistir semanalmente a misa: “Y no, no era algo opcional”. Tampoco lo eran las clases de religión y moral, naturalmente católicas. Los cadetes pertenecientes a otras religiones podían ser exceptuados de la misa, pero debían recibir una formación moral alternativa. No existía un afuera de la moralización institucional (Altisen, 2026, pp. 35-36).
Como monaguillo y siendo cadete, yo observaba desde el altar una escena que entonces me resultaba fascinante: los oficiales permanecían de rodillas, en silencio, ante una autoridad que parecía superior a la suya.
Muchos años después conocí personalmente a monseñor Victorio Bonamín, antiguo provicario castrense durante los años de la dictadura. Cuando supo que yo había sido cadete, me habló de los militares como de “sus muchachos” y se presentó como su “paternal asesor espiritual”. Durante aquella conversación me relató su participación en los golpes de 1966 y 1976 y me recomendó publicaciones ultramontanas que exaltaban a las Fuerzas Armadas como “reserva moral” de la patria (Altisen, 2026, p. 37).
El vínculo entre militares y sacerdotes no era ornamental. El capellán no aparecía después de la violencia para absolver conciencias atormentadas. Contribuía previamente a formar la conciencia desde la cual la violencia podía ser vivida como un deber. El uniforme establecía a quién obedecer; cierto catecismo explicaba por qué esa obediencia era moralmente buena.
De esa confluencia surgía una pedagogía fácilmente reconocible. El orden era confundido con el bien. La autoridad, con la verdad. La disciplina, con la virtud. La disidencia podía ser considerada simultáneamente insubordinación, pecado y traición a la patria.
Pero no toda la Iglesia fue parte de esa trama. Nunca es todo. Presentarla como un bloque homogéneo sería históricamente falso y políticamente cómodo. Dentro del catolicismo coexistieron quienes bendijeron la represión, quienes intentaron declararse neutrales y quienes se pusieron del lado de los perseguidos. Sin embargo, la neutralidad se vuelve difícil de sostener cuando unos tienen las armas y otros desaparecen.
Angelelli perteneció a esa otra Iglesia que se negó a confundir la paz con el silencio.
4.- Una pedagogía para aprender a mirar
Antes de ser obispo, Angelelli había trabajado como asesor de la Juventud Obrera Católica. Se había formado en una tradición que procuraba vincular el Evangelio con la experiencia concreta de los trabajadores mediante una secuencia sencilla: ver, juzgar y actuar.
Ver significaba observar la realidad sin aceptar la versión impuesta por quienes dominaban. Juzgar suponía discernir sus conflictos a la luz de una conciencia ética. Actuar implicaba intervenir para transformarla.
Este método parece modesto, pero contiene una potencia política enorme. La pedagogía militar empieza por la orden; la de Angelelli, por la escucha. La primera entrega de antemano una interpretación del mundo y exige repetirla. La segunda reconoce que el conocimiento también se produce al prestar atención a la experiencia de quienes padecen una injusticia.
Su conocida consigna —“con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”— resume esa posición. No proponía escuchar al pueblo para adoctrinarlo mejor, sino reconocerlo como sujeto capaz de hablar, interpretar su situación y organizarse.
Al llegar a La Rioja en 1968, acompañó reclamos obreros, impulsó la organización de campesinos, apoyó cooperativas y enfrentó a los poderes económicos provinciales. Su pastoral no se limitaba a repartir caridad entre los pobres: contribuía a que dejaran de ocupar pasivamente el lugar que el orden social les había asignado.
Esa diferencia es decisiva. La beneficencia puede aliviar una desigualdad sin cuestionarla. La organización popular modifica la relación entre quienes mandan y quienes obedecen.
Por eso Angelelli resultaba peligroso. No porque escondiera fusiles debajo de la sotana ni porque hubiera sustituido el Evangelio por un manual marxista, como todavía repite la derecha católica. Era peligroso porque enseñaba a leer. Ayudaba a leer el Evangelio desde la pobreza y a leer la pobreza como producto de relaciones históricas, no como una fatalidad querida por Dios.
No fue asesinado a pesar de ser obispo. Fue asesinado por la manera concreta que había elegido de serlo.
5.- Los pastores que mandaron callar
Después de su muerte, el aparato militar necesitaba que la versión del accidente fuera aceptada también dentro de la Iglesia. Y encontró silencios útiles.
Tres días después del crimen, un grupo de sacerdotes pidió a Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que hablara públicamente en defensa del clero perseguido. Primatesta se negó y los instó a callar. El cardenal Juan Carlos Aramburu sostuvo que, para hablar de un crimen, primero había que probarlo y que él no tenía argumentos suficientes (Altisen, 2026, p. 38).
La exigencia de pruebas resultaba curiosa. Angelelli había denunciado amenazas, otros religiosos de su diócesis acababan de ser asesinados y la documentación que llevaba había desaparecido. La prudencia eclesiástica consistió en exigirle al muerto aquello que el poder encargado de matarlo se había ocupado de sustraer.
Otros obispos, como Jaime de Nevares, Jorge Novak y Miguel Hesayne, denunciaron el asesinato y las violaciones de los derechos humanos. La fractura católica volvió a quedar expuesta: frente a un mismo crimen, unos consideraron que la fe exigía hablar y otros que la institución debía preservar su relación con el poder.
El silencio no fue una ausencia de posición. Fue una intervención política que dejó a los perseguidos más solos y a los perpetradores más seguros.
6.- Cuando el Estado dejó de llegar tarde
La memoria de Angelelli no comenzó con el kirchnerismo. Durante décadas fue preservada por sus familiares, las comunidades riojanas, organismos de derechos humanos, abogados, periodistas y sectores cristianos que se negaron a aceptar la versión oficial. Ya en 1986 el juez Aldo Morales había establecido que la muerte no obedeció a un accidente, sino a un homicidio “fríamente premeditado”.
El papel histórico del peronismo kirchnerista consistió en recoger aquella memoria resistente y convertirla en política de Estado.
El 2 de agosto de 2006, Néstor Kirchner encabezó un homenaje a Angelelli en la Casa Rosada. Comenzó con una admisión poco habitual en un presidente: “Creo que llegamos muy tarde”; y aclaró que se refería al Estado nacional. No habló de una muerte dudosa. Desde el Salón Blanco pronunció la palabra que durante treinta años se había intentado evitar: asesinato. También rechazó una reconciliación “amañada por la impunidad” y vinculó el legado del obispo con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la lucha contra la pobreza.
Mediante el Decreto 1011/2006, el Poder Ejecutivo declaró el 4 de agosto día de duelo nacional en conmemoración de los religiosos víctimas del terrorismo de Estado. La norma recordó el compromiso de Angelelli con trabajadores y campesinos, reconoció sus denuncias y dio por desacreditada la versión del accidente. El cambio no fue meramente ceremonial: el Estado inscribió oficialmente su muerte dentro del terrorismo estatal.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se produjo otro paso decisivo. En diciembre de 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.582, que declaró el 4 de agosto de cada año Día de la Conmemoración de la Obra de Monseñor Enrique Angelelli. Además, encomendó al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación la realización de actividades alusivas en establecimientos educativos de todas las jurisdicciones y niveles.
La memoria de Angelelli adquirió así una dimensión pedagógica. El Estado democrático proponía que las nuevas generaciones conocieran a un obispo perseguido por ponerse junto a trabajadores y campesinos. Frente a la pedagogía de la obediencia y el silencio, su figura ingresaba en las escuelas como una enseñanza sobre conciencia, participación y responsabilidad.
En 2014 la Justicia federal condenó a Menéndez y Estrella. La sentencia fue obra de un tribunal independiente y no del gobierno. Conviene decirlo con precisión. Pero tampoco ocurrió en un vacío político. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino como querellante junto con la familia, el Obispado de La Rioja y la organización Tiempo Latinoamericano.
El kirchnerismo no inventó la causa de Angelelli ni puede apropiarse del trabajo de quienes la sostuvieron cuando hacerlo era mucho más difícil. Hizo algo políticamente decisivo: transformó una memoria perseguida en reconocimiento estatal, acción judicial y política educativa.
Antes de que la Iglesia lo elevara a los altares, el Estado democrático había comenzado a devolverlo al pueblo.
7.- Los altares también son cátedras
Los procesos de beatificación y canonización no se limitan a premiar retrospectivamente una vida virtuosa. Cumplen una función didáctica: determinan qué vidas serán ofrecidas a los fieles como modelos de imitación, veneración e invocación.
Cuando se abre formalmente una causa, la persona recibe el título de Siervo de Dios. Si se reconocen sus virtudes heroicas puede ser declarada Venerable. La beatificación autoriza tomarlo como modelo de vida y brindarle un culto público limitado a determinados lugares o comunidades; la canonización inscribe al santo en el culto de la Iglesia universal considerándolo como un modelo de vida para todos los católicos. Cuando se reconoce que alguien murió como mártir, no se exige un milagro para su beatificación.
En junio de 2018, Francisco autorizó el decreto que reconoció que Angelelli, Murias, Longueville y el laico Wenceslao Pedernera habían sido asesinados “por odio a la fe”. Lo cual equivale a decir que los reconoció oficialmente como mártires. El 27 de abril de 2019 fueron proclamados beatos en La Rioja.
La expresión “odio a la fe” resultó perturbadora para ciertos sectores católicos. Significaba afirmar que el acompañamiento a los trabajadores, la organización campesina, la denuncia de la represión y la opción por los pobres no habían sido desviaciones políticas añadidas desde afuera a su ministerio. Eran una manera de vivir la fe.
Por eso la beatificación encontró resistencias. El arzobispo emérito de La Plata Héctor Aguer sostuvo que la muerte había sido un accidente. El obispo castrense emérito Antonio Baseotto manifestó “muy serias dudas” sobre el martirio y afirmó que, aun si los militares lo hubieran matado, no habría sido por su fe, sino por su compromiso con fuerzas de izquierda. Un grupo de abogados y exjueces católicos presentó en Roma un dossier destinado a detener la causa. Javier Olivera Ravasi difundió un video en el que calificaba a Angelelli de “filomarxista” e insistía en la hipótesis del accidente.
Que uno de los principales impugnadores haya sido un antiguo obispo castrense resulta especialmente revelador. En esa oposición reaparecía el nudo entre cruz y espada. El catolicismo identificado con el orden militar podía venerar a capellanes disciplinados o a víctimas de las organizaciones armadas; le costaba aceptar como mártir a un obispo asesinado por el Estado después de ponerse junto a los perseguidos.
Durante la ceremonia de 2019, realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue recibida con abucheos y reproches de sectores católicos y populares. La presencia institucional del gobierno de Cambiemos contrastaba con políticas consideradas incompatibles con la opción por los pobres que representaba Angelelli. El episodio mostraba los límites de los homenajes oficiales: el poder puede honrar a un mártir mientras desoye las causas por las que vivió.
Los altares también son cátedras. Al beatificar a Angelelli, la Iglesia no se limitó a recordar su muerte: enseñó que la defensa de los pobres, la organización popular y la denuncia de la violencia estatal constituyen expresiones de fidelidad cristiana. Eso mismo explica el empeño de algunos por impedir que llegara hasta allí.
8.- El viejo catecismo sin sotana
El gobierno de Javier Milei no reproduce mecánicamente el viejo nacionalismo católico. El ultraliberalismo económico de los Benegas Lynch mantiene incluso una relación conflictiva con la doctrina social de la Iglesia y con buena parte del episcopado. Sin embargo, neoliberales, conservadores culturales, integristas católicos y nacionalistas militares confluyen en una misma “batalla cultural” contra el igualitarismo, los derechos humanos y las tradiciones políticas populares.
No forman una Iglesia uniforme ni una conspiración secreta. Constituyen una red de legitimaciones recíprocas.
En ese espacio circulan figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez, vinculadas personalmente e intelectualmente con Milei y dedicadas desde hace años a impugnar las políticas de memoria. En marzo de 2025, la propia Casa Rosada produjo y difundió un video para instalar oficialmente la llamada “memoria completa”. Un año después, el Gobierno volvió a utilizar el cincuentenario del golpe para confrontar con la política de derechos humanos construida desde 2003.
El sacerdote católico Olivera Ravasi, por su parte, no es funcionario ni representante de la Iglesia argentina. Pero su intervención contra la beatificación de Angelelli y su posterior participación en la organización de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores presos muestran la continuidad entre la impugnación religiosa del martirio y la rehabilitación política de los perpetradores.
La rancia actitud reaccionaria también regresó a los liceos militares. En agosto de 2024, el Ministerio de Defensa presentó el denominado Plan Liceos Militares 2030. La medida restituyó el estado militar a los cadetes de los dos últimos años, recuperó el uso de armas de fuego y simuladores y devolvió a las Fuerzas Armadas facultades organizativas y educativas que las reformas anteriores habían procurado limitar. El propio comunicado oficial celebró la recuperación de la “esencia” y la “disciplina militar” de los institutos.
En 2025, otra resolución derogó el procedimiento centralizado para seleccionar docentes suplentes y entregó a las direcciones generales de Educación de las Fuerzas Armadas la elaboración de los nuevos mecanismos de selección.
El retroceso no afecta solamente la organización institucional. En julio de 2026, estudiantes de sexto año del Instituto Dámaso Centeno fueron convocados a una jornada obligatoria sobre “memoria completa”, impulsada desde el Ministerio de Defensa. Los mismos seminarios ya venían dictándose en los liceos militares. La comunidad educativa denunció que se pretendía introducir una lectura relativizadora del terrorismo de Estado en una escuela que cuenta entre sus antiguos alumnos con trece detenidos-desaparecidos.
La expresión “memoria completa” parece reclamar amplitud, pero efectúa otra operación: coloca en un mismo plano la violencia de organizaciones armadas y el sistema clandestino de secuestro, tortura, desaparición y apropiación de niños organizado desde el Estado. Reconocer a las víctimas de las organizaciones guerrilleras es una obligación democrática. Utilizar su dolor para borrar la especificidad del terrorismo estatal es otra cosa.
No estamos solamente ante una discusión historiográfica. Estamos ante un programa pedagógico.
Hace cincuenta años se enseñaba a los cadetes que el Operativo Independencia había sido una gesta heroica. Hoy se pretende introducir en las aulas una narración que vuelve a presentar a los militares como víctimas incomprendidas de una historia escrita por sus enemigos. Cambian los recursos, las pantallas y los nombres de los seminarios. Permanece la voluntad de producir obediencia mediante una memoria administrada desde el poder castrense.
9.- Dos pedagogías, cincuenta años después
El asesinato de Angelelli permite ver dónde desemboca cada pedagogía. Una convirtió el crimen en “accidente” y administró el silencio; la otra hizo de la observación, el discernimiento y la acción una práctica capaz de preservar la verdad.
La Justicia ya respondió quiénes ordenaron y ejecutaron el asesinato. La pregunta que permanece abierta es quiénes controlarán las aulas donde esa muerte será explicada. No es un asunto menor. Entre decirles a los jóvenes que Angelelli murió en un accidente, que cayó como consecuencia de una guerra o que fue asesinado por denunciar el terrorismo de Estado hay pedagogías políticas enteramente diferentes.
La incorporación de su obra al calendario educativo convirtió esa disputa en una responsabilidad del Estado democrático. El intento actual de hacerla retroceder hacia el lenguaje de la guerra, la equivalencia y la reconciliación sin verdad no modifica solamente una interpretación del pasado: altera la formación política de las nuevas generaciones.
El 4 de agosto no recordamos solamente a un obispo asesinado hace cincuenta años. Disputamos, una vez más, el significado de su vida. Y esa disputa no se libra únicamente en el terreno de la memoria. También alcanza la idea de soberanía, la propiedad de la tierra y la pregunta por quién tiene derecho a decidir sobre los bienes de un pueblo.
10.- Cuando la soberanía se convierte en negocio
“No podemos ser peregrinos del Cielo si vivimos como fugitivos en la tierra”
Conferencia Episcopal Argentina, mayo de 2002
La pedagogía castrense ha hecho siempre un culto de la soberanía. La bandera, el territorio y las fronteras ocupan un lugar central en sus ceremonias, sus relatos y sus símbolos. Sin embargo, rara vez se pregunta quién dispone efectivamente de la tierra, del agua, de los minerales, del petróleo o del fruto del trabajo colectivo. Se puede enseñar a un adolescente a morir por la patria sin enseñarle a interrogar quiénes se apropian de ella. Existe, por eso, una soberanía declamada y otra ejercida. La primera se pavonea desfilando. La segunda se la juega decidiendo.
Hablar de soberanía en un artículo sobre monseñor Angelelli no exige abandonar la teología para ingresar en la política. Obliga, más bien, a preguntarse qué clase de soberanía anuncia la fe cristiana (como horizonte de sentido) y qué relación guarda con las soberanías que se disputan la tierra.
Veamos, por ejemplo: Las expresiones “Reino de Dios” y “Reino de los cielos” no designan dos realidades diferentes. Tampoco remiten simplemente a un territorio sobrenatural al que las almas serían trasladadas después de la muerte. “Los cielos” no indican el domicilio del Reino, sino la procedencia de su lógica. Se trata de una soberanía (libre amplitud, diáfana; por eso la figuración celeste) que no nace del dominio, la propiedad ni la fuerza de las armas.
De ahí que Jesús afirmara que el Reino “ya está” entre nosotros y anuncia que pertenece, en primer término, a los pobres. Que no sea “de este mundo” no quiere decir que resulte indiferente frente a lo que sucede en él, sino que no adopta como propios los procedimientos mundanos de conquista, sometimiento y acumulación.
En la perspectiva teológica actual, el Reino de Dios puede ser pensado como la soberanía del sujeto emancipado. Pero ese sujeto no es el individuo autosuficiente que se declara dueño absoluto de sí mismo y de cuanto logra adquirir. Es alguien que se sabe lugar y no dueño de lo que sucede; que alcanza su libertad mediante la palabra y los lazos que entabla con otros para transformar las condiciones de existencia de la comunidad que habita.
Su soberanía no consiste en poder comprarlo todo, sino en no dejarse comprar.
También la “vida eterna” puede ser comprendida desde esta clave. No es la prolongación indefinida de una existencia dedicada a acumular posesiones, sino una forma de vida liberada de la lógica de la apropiación. Es eterna no porque dure interminablemente, sino porque deja de estar sometida al tiempo lineal de la productividad, la utilidad y la ganancia. No se trata de tener más, sino de vivir sin estar poseído por la posesión. En términos de los Evangelios: “Estar EN el mundo, sin ser DEL mundo”.
Esta perspectiva permite comprender mejor la pastoral de Angelelli. Para él, la soberanía no era solamente la potestad jurídica del Estado sobre un territorio, sino la capacidad de un pueblo para organizarse, defender su dignidad y decidir sobre los bienes indispensables para su existencia. En La Rioja, esa cuestión adquiría nombres concretos: tierra, agua, trabajo, salario y participación.
Por eso impulsó sindicatos de trabajadores rurales, mineros y empleadas domésticas, además de cooperativas textiles, ladrilleras, panaderas y agrarias. Entre 1971 y 1972, el Movimiento Rural Diocesano promovió una de las experiencias más significativas: la Cooperativa de Trabajo Rural Amingueña Limitada, CODETRAL, que reclamaba la expropiación de un latifundio improductivo extraordinariamente rico en agua. No se discutía allí una abstracción doctrinaria. Se discutía quién tenía derecho a decidir sobre un recurso escaso del que dependía la vida de toda una comunidad.
La reacción de los terratenientes mostró que habían comprendido perfectamente el alcance político de aquella pastoral. En junio de 1973, comerciantes y propietarios de Anillaco interrumpieron una celebración presidida por Angelelli, lo expulsaron del templo y lo apedrearon. Lo intolerable no era una opinión teológica del obispo, sino que los peones pudieran organizarse para trabajar la tierra y administrar colectivamente el agua. La cooperativa cuestionaba la soberanía privada que unas pocas familias ejercían sobre la vida de los demás.
Esa práctica puede ser leída como una acción del Reino. No porque instaurara una sociedad perfecta ni porque identificara el Evangelio con un programa partidario, sino porque sometía la propiedad al discernimiento comunitario. La tierra dejaba de ser el objeto exclusivo del dueño y se volvía materia de una deliberación sobre la vida común.
La soberanía adquiere así una materialidad precisa. Se juega en quién decide sobre la tierra, el agua, el trabajo, los alimentos y los recursos naturales. Un pueblo que no puede decidir sobre las condiciones materiales de su existencia conserva una bandera, un himno y autoridades formales, pero comienza a perder aquello que esas insignias deberían representar.
La doctrina social católica reconoce, además de los derechos individuales, los derechos de los pueblos. Juan Pablo II los definió como los derechos humanos considerados en el nivel de la vida comunitaria: el derecho de una nación a existir, disponer de los medios necesarios para desarrollarse, preservar su cultura y construir su propio futuro. Esa soberanía no es una licencia para oprimir minorías ni para encerrarse en un nacionalismo excluyente. Está acompañada por deberes de paz y solidaridad respecto de las demás naciones. Pero tampoco permite que un pueblo sea reducido a proveedor barato de recursos para potencias y empresas extranjeras.
Desde esta perspectiva, la cuestión Malvinas, por ejemplo, no se agota en la pertenencia territorial. Compromete la capacidad del pueblo argentino para decidir sobre el Atlántico Sur, sus recursos pesqueros, sus hidrocarburos, su biodiversidad y su posición geopolítica.
Después de la guerra de 1982, los gobiernos de Argentina y el Reino Unido firmaron las declaraciones conocidas como Madrid I, en octubre de 1989, y Madrid II, en febrero de 1990. Mediante la llamada fórmula del “paraguas de soberanía”, ambas partes pudieron restablecer relaciones y acordar cuestiones prácticas sin modificar formalmente sus respectivas posiciones sobre las islas. La soberanía quedaba preservada en el lenguaje, pero suspendida en la negociación concreta.
En 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, ese mecanismo fue aplicado específicamente a los hidrocarburos mediante una Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera. La Argentina pretendía que la colaboración comprendiera toda el área marítima disputada; el Reino Unido buscaba restringirla a una zona especial de apenas 21.000 kilómetros cuadrados y reservarse la explotación unilateral del resto.
En ese contexto apareció el proyecto de asociación entre YPF y British Gas, al que también se vinculó Petrobras. No se trataba de una plataforma argentina lista para extraer petróleo, sino de una iniciativa empresarial destinada a realizar una futura exploración conjunta. La licitación convocada unilateralmente por las autoridades británicas rechazó esa sociedad y adjudicó las áreas a otros consorcios extranjeros.
También circuló un entendimiento no escrito según el cual, fuera del área de cooperación, el 75 % de las regalías correspondería a la administración de las islas y el 25 % a la Argentina. Pero los isleños rechazaron que nuestro país percibiera regalía alguna y el gobierno británico negó que Argentina pudiera imponer cargas económicas a las empresas. El mecanismo nunca llegó a aplicarse. En 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Argentina dio por terminada aquella Declaración Conjunta.
El antecedente resulta revelador. La discusión sobre el territorio había comenzado a traducirse al idioma de las regalías. Ya no se preguntaba únicamente quién ejercía soberanía, sino qué porcentaje recibiría cada parte si las empresas encontraban petróleo. La cuestión nacional ingresaba en una planilla de negocios.
El actual proyecto Sea Lion completa ese desplazamiento. El yacimiento, ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas, será explotado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 %, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35 % restante. La inversión definitiva fue aprobada en diciembre de 2025 y las primeras extracciones están previstas para 2028. Se estiman recursos superiores a los 300 millones de barriles y una producción que podría alcanzar los 50.000 barriles diarios.
La administración colonial aplicará una regalía del 9 %, además de impuestos corporativos. Esos ingresos podrían transformar la economía isleña, financiar infraestructura y reforzar la autonomía material del enclave británico. Incluso se ha señalado que una parte de los recursos contribuiría al mantenimiento de su dispositivo defensivo.
El gobierno de Milei ha emitido un rechazo formal, que es lo que corresponde. Recordó que las compañías carecen de autorización argentina y prometió adoptar “todas las medidas diplomáticas necesarias”. Sin embargo, eso no agota el problema político, porque no se conocen acciones diplomáticas, jurídicas o económicas proporcionales a la magnitud del hecho consumado. Mientras la Argentina protesta mediante comunicados, las empresas avanzan en el territorio y el petróleo convierte la ocupación británica en un emprendimiento cada vez más rentable.
La situación debe leerse, además, dentro de una política de defensa cargada de contradicciones. No existe hasta ahora una decisión oficial que disponga la desaparición de la Armada Argentina. Sin embargo, en julio de 2026 comenzaron a circular versiones sobre un proyecto destinado a disolverla como fuerza autónoma o fusionarla con la Prefectura Naval. La gravedad de esos trascendidos llevó a presentar en la Cámara de Diputados un pedido de informes y una convocatoria al ministro de Defensa y al jefe de la Armada. El Gobierno no confirmó la existencia del plan, pero que semejante posibilidad resulte verosímil dice bastante sobre el deterioro material y presupuestario de la fuerza responsable de custodiar el mar argentino. En un país cuya principal disputa territorial involucra islas, océano, plataforma continental, recursos naturales y proyección antártica, debilitar la capacidad naval no constituye un ajuste administrativo más.
También conviene precisar qué ocurre con la presencia militar estadounidense. No hay hasta ahora una base permanente de los Estados Unidos formalmente establecida en territorio argentino. Sí existe una creciente apertura de instalaciones y espacios estratégicos nacionales a sus Fuerzas Armadas. En 2024, la propia comunicación oficial llegó a describir la Base Naval Integrada de Ushuaia como una construcción desarrollada conjuntamente por ambos países, destinada a convertirlos en “la puerta de entrada al continente blanco”. En 2025, mediante un decreto de necesidad y urgencia, Milei autorizó el ingreso de medios y personal militar estadounidense para operar en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. La diferencia entre instalar una base extranjera y abrir sistemáticamente las propias a una potencia externa no es menor; pero tampoco vuelve inocua la segunda alternativa. Mucho menos cuando se trata del Atlántico Sur, donde esa potencia mantiene una alianza estratégica con el Estado que ocupa las Malvinas.
La contradicción, entonces, es más profunda de lo que parecía. El mismo gobierno que anuncia la reconstrucción de las Fuerzas Armadas vuelve imaginable la supresión de la Armada como fuerza autónoma, abre instalaciones navales argentinas a efectivos estadounidenses y contempla cómo compañías extranjeras extraen un recurso estratégico en un territorio ocupado. No estamos simplemente ante un gobierno armamentista ni ante otro que prescinde de la defensa, sino ante una militarización selectiva: se fortalece la interoperabilidad con la potencia elegida como aliada, mientras permanece incierta la capacidad autónoma del país para vigilar su mar y defender sus propios intereses. El armamentismo proporciona la escenografía de la soberanía; el alineamiento geopolítico y el mercado deciden lo sustancial.
La operación ideológica consiste en sustituir una pregunta política por otra comercial. En lugar de interrogarnos qué comunidad tiene derecho a decidir sobre ese territorio y sus bienes, se nos invita a evaluar la rentabilidad del emprendimiento. Si llegan inversiones, se crean empleos o aumenta el producto bruto de las islas, el problema colonial parecería perder importancia. La ocupación deja de aparecer como usurpación y comienza a presentarse como una administración eficiente; la presencia militar extranjera se denomina cooperación; la subordinación estratégica, integración al mundo.
Esa lógica tampoco se limita a Malvinas. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada remitido originalmente por el Poder Ejecutivo eliminaba las restricciones nacionales aplicadas a la adquisición de tierras rurales por personas y sociedades extranjeras privadas, reservando el régimen de límites principalmente para Estados extranjeros y entidades controladas por ellos. El dictamen de mayoría del Senado introdujo modificaciones y dejó en manos de cada provincia la facultad de autorizar, regular o impedir esas operaciones. No sería exacto afirmar, por lo tanto, que el texto actualmente en discusión habilita una extranjerización “sin límites” en todas las jurisdicciones. Pero sí desmonta un piso común de protección nacional y lo sustituye por un régimen fragmentado, en el cual las provincias que no establezcan restricciones podrán facilitar la concentración de grandes extensiones en manos extranjeras. El proyecto permanece en tratamiento y su debate fue postergado hasta el 6 de agosto.
Malvinas, las bases navales y la propiedad de la tierra dejan así de ser asuntos separados. En los tres casos se desplaza la misma frontera conceptual: aquello que debería ser objeto de una decisión soberana de la comunidad se convierte en oportunidad de inversión, materia de negociación contractual o pieza de un alineamiento geopolítico decidido desde arriba.
Aquí reaparece la diferencia teológica. La tradición católica admite la propiedad privada, pero nunca la considera absoluta. El propietario no es el rey del mundo, sino el administrador temporal de bienes cuyo destino último es común. Francisco lo recordó de manera contundente en Laudato si’: “La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra”. La afirmación bíblica niega toda pretensión de propiedad absoluta y convierte la posesión en responsabilidad.
El destino universal de los bienes no significa, por supuesto, que cualquier potencia o empresa quede autorizada a apropiarse de ellos. No es un remate planetario. Precisamente porque la tierra no pertenece absolutamente a nadie, su administración exige respetar los derechos de las comunidades, la integridad territorial de las naciones y las necesidades de las generaciones futuras. La creación común no legitima el colonialismo: lo vuelve todavía más injustificable.
La tradición patrística fue incluso más directa. Ambrosio de Milán sostenía que la tierra había sido dada a todos y no solamente a los ricos. Basilio afirmaba que el pan almacenado pertenecía al hambriento. Juan Crisóstomo advertía que las palabras “mío” y “tuyo”, cuando se absolutizan, introducen la discordia. Para Agustín, dar al pobre no era desprenderse generosamente de algo propio, sino restituir aquello de lo que había sido privado.
Es una teología incómoda para cualquier gobierno que convierta la propiedad en un derecho sin función social y al mercado en árbitro supremo.
Esa lógica de endiosamiento de la economía es la del gobierno respecto de Malvinas y del proyecto de ley, impulsado por el gobierno de Milei, para dificultar las expropiaciones y modificar los límites aplicados a la adquisición extranjera de tierras rurales. Es que lo que para una comunidad constituye territorio, agua, frontera, arraigo o reserva estratégica, para el mercado no es más que una propiedad susceptible de compraventa.
La propia provincia de Angelelli ofrece una imagen casi alegórica. En 2008, una controvertida operación inmobiliaria transfirió alrededor de 200.000 hectáreas de Valle Hermoso, en el departamento Vinchina, a un empresario estadounidense. Dentro de la superficie quedaron comprendidos el pueblo, sus habitantes, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y los cursos de agua. No se vendieron solamente tierras: la gente venía incluida con el terreno, como todo lo demás clavado y plantado en el lugar. Un pueblo entero quedaba convertido en accidente inmobiliario. Aquel escándalo contribuyó a la sanción de la Ley de Tierras Rurales de 2011, cuyas restricciones el actual proyecto procura modificar. Dicho sea de paso, es una modificación innecesaria, porque con la ley todavía vigente los extranjeros pueden adquirir hasta un 15% de la tierra argentina, y hasta la fecha solo han adquirido el 5%; es decir que podrían adquirir un 10% más. En consecuencia, no tiene sentido modificarla.
La ideología economicista constituye la inversión exacta de la pastoral de Angelelli. Para el obispo, la organización comunitaria debía permitir que la tierra y el agua estuvieran al servicio del pueblo. Para el absolutismo propietario, el pueblo mismo puede terminar convertido en una pertenencia situada dentro de la propiedad de otro.
Este desplazamiento se vuelve todavía más explícito en el universo doctrinario del anarcocapitalismo. A fines de 2025, Milei obsequió a sus ministros *Defendiendo lo indefendible*, de Walter Block. Entre otras tesis, el libro defiende un mercado de niños, equiparando la adopción con una transacción en la que los padres biológicos podrían recibir dinero por entregar a su hijo. La formulación jurídica pretende hablar de transferencia de “derechos de adopción”; el resultado conceptual es el mismo: el niño ingresa en el circuito como objeto intercambiable.
No estamos ante una excentricidad aislada, sino ante la consecuencia extrema de trasladar la soberanía desde la comunidad hacia el individuo propietario. Si el individuo es soberano porque es dueño, y si su libertad consiste en disponer de lo suyo sin más límite que otro contrato, todo puede terminar convertido en mercancía: la tierra, el agua, los órganos, el trabajo, la intimidad y hasta los vínculos filiales.
El pasaje conceptual es profundo. En la tradición de la comunidad organizada, la propiedad se encuentra subordinada al bien común porque las personas dependen unas de otras y existen bienes que hacen posible la vida colectiva. En el paradigma anarcocapitalista ocurre lo contrario: la comunidad queda subordinada a los propietarios y el mercado se convierte en la instancia suprema de decisión.
Angelelli comprendió que la tierra no era solamente una cosa. Era trabajo, historia, agua, vínculos, memoria y posibilidad de futuro. Por eso ayudó a los campesinos a organizarse. Frente al propietario que decía “esto es mío”, su pastoral introducía otra pregunta: ¿qué sucede con todos los demás cuando alguien puede disponer en soledad de aquello que hace posible la vida común?
La teología del Reino afirma que la persona nunca puede ser tratada como propiedad y que hay bienes que, por su naturaleza, no pueden ni deben ser comprados o vendidos. Incluso Juan Pablo II, a quien difícilmente podría acusarse de marxista, advirtió en Centesimus annus que el mercado tiene límites y que existen necesidades colectivas que sus mecanismos no pueden satisfacer. Cuando se absolutiza, el mercado deja de ser una herramienta y se convierte en un ídolo.
El mercado promete precisamente la caricatura de aquello que la vida eterna niega: crecimiento sin término, propiedad sin límites y ganancias que deben multiplicarse indefinidamente. Confunde eternidad con acumulación. La esperanza cristiana opone a ese infinito contable la forma de vida desapropiada que ya hemos descrito.
Por eso la escatología cristiana no permite escapar de la soberanía. La vuelve más urgente. Si el Reino ya está entre nosotros, cada decisión presente puede anticipar una forma de vida emancipada o reforzar una estructura de sometimiento. No podemos invocar el cielo para desentendernos de quién controla el suelo.
La teología del Reino tampoco sacraliza al Estado nacional. Una nación puede ejercer su soberanía de manera injusta, militarista o excluyente. Pero impide dos operaciones complementarias: que el Estado se erija en amo absoluto de las personas y que el mercado disuelva al pueblo en una suma de propietarios, consumidores e inversores.
La vieja pedagogía castrense enseñaba que por la soberanía había que estar dispuesto a morir. La nueva pedagogía del mercado enseña que, si aparece un comprador conveniente, la soberanía puede venderse.
Una sacrifica personas en nombre del territorio. La otra sacrifica el territorio en nombre de los negocios.
En ninguna de las dos decide el pueblo.
Frente a ambas, la teología del Reino o “del Pueblo” recuerda que nadie es dueño absoluto: ni el general de los cuerpos, ni el empresario de la tierra, ni el propietario de sus hijos, ni la potencia colonial de los recursos de otro pueblo. La soberanía solo adquiere sentido humano cuando permite que una comunidad sea protagonista de su existencia y ponga sus bienes al servicio de la vida común.
Angelelli comprendió esa diferencia. Por eso no predicó una huida hacia el Reino de los cielos. Intentó hacerlo germinar en la tierra riojana.
11.- Epílogo: dos maneras de llevar la mitra
Dos monseñores… Enrique Angelelli y Victorio Bonamín pertenecieron a la misma Iglesia, llevaron las mismas insignias episcopales y apelaron al mismo Evangelio. Sin embargo, ocuparon lugares antagónicos frente al poder y la violencia.
Bonamín construyó su ministerio alrededor de los hombres armados. Como provicario castrense acompañó a las Fuerzas Armadas, bendijo su misión histórica y ofreció legitimación religiosa a la intervención militar en la vida política. La paternalidad con que se refería a “sus muchachos” condensaba una concepción precisa de la Iglesia castrense: el sacerdote debía confortar al soldado, fortalecer su obediencia y aliviar sus conflictos de conciencia, no interrogar críticamente aquello que se le ordenaba hacer.
Angelelli se ubicó en el extremo opuesto. No organizó su pastoral alrededor de quienes portaban las armas, sino de aquellos sobre cuyos cuerpos podía descargarse su violencia: trabajadores, campesinos, religiosos perseguidos y comunidades empobrecidas. No ofreció tranquilidad espiritual al poder. Le devolvió preguntas.
La diferencia no consistió en que uno hiciera política y el otro permaneciera en un terreno puramente religioso. Ambos intervinieron políticamente. Bonamín lo hizo convirtiendo la defensa del orden existente en misión providencial. Angelelli, señalando que ningún orden merece obediencia cuando necesita del hambre, la persecución y el terror para conservarse.
Uno contribuyó a sacralizar la autoridad. El otro le recordó sus límites.
Los destinos de ambos expresan cruelmente esa diferencia. Bonamín envejeció protegido por la institución, mantuvo relaciones con la jerarquía militar y pudo narrar con naturalidad su participación en las conspiraciones que precedieron a los golpes de Estado. Angelelli murió abandonado junto a una ruta mientras una parte de la Iglesia aceptaba el relato oficial y aconsejaba silencio.
Pero la historia eclesial no terminó allí. Décadas después, el papa Francisco no se limitó a homenajear la memoria de Angelelli. Al reconocer su martirio y habilitar su beatificación, resolvió también una disputa teológica y política. En 2024, al prologar un volumen de sus homilías, lo presentó como un mártir y como un don para la Iglesia, cuya palabra todavía podía ayudar a discernir los desafíos del presente.
Ese reconocimiento prolongó la función pedagógica de los altares: colocó el ministerio de Angelelli —y no el de Bonamín— como modelo de fidelidad evangélica. No borró las complicidades históricas de la Iglesia con la dictadura, pero impidió que se continuara presentando la pastoral castrense del orden y la obediencia como la única tradición católica posible.
León XIV ha retomado esa disputa en un escenario transformado. La violencia contemporánea ya no se legitima solamente mediante la patria, la guerra contrarrevolucionaria o la defensa de la civilización occidental y cristiana. Ahora también invoca la eficiencia, la innovación, la superioridad tecnológica y la supuesta neutralidad de los algoritmos.
En Magnifica Humanitas, León XIV advierte que las corrientes tecnocráticas, transhumanistas y poshumanistas pueden convertir a la persona en un objeto susceptible de ser mejorado, reemplazado o superado. Cuando unas vidas comienzan a ser consideradas menos útiles que otras, se vuelve más fácil justificar el sacrificio de los débiles como un costo necesario del progreso. La advertencia adquiere su gravedad máxima cuando la inteligencia artificial se incorpora a la industria militar: acelera las decisiones, aumenta la distancia respecto de las víctimas y permite que la responsabilidad humana se diluya detrás de un sistema automatizado. Por eso León XIV afirma que “no existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable”.
Su reclamo de una paz “desarmada y desarmante” no constituye una piadosa declaración lateral. Se dirige contra una economía que obtiene beneficios de la guerra y contra la delegación en las máquinas de decisiones sobre la vida y la muerte. La inteligencia artificial aplicada al armamento puede producir, según advierte el pontífice, una progresiva desresponsabilización de las autoridades políticas y militares.
Estas intervenciones resultan especialmente significativas en la Argentina de Javier Milei. Su proyecto reúne neoliberalismo económico, autodefinición anarcocapitalista, fascinación tecnocrática, reivindicación del poder militar y una discursividad de resonancias providencialistas. Las “fuerzas del Cielo”, la misión histórica, la batalla absoluta entre el bien y el mal y la presentación del programa económico como una verdad indiscutible componen una suerte de pseudorreligión política: el mercado ocupa el lugar de una inteligencia superior, sus leyes adquieren carácter sagrado y el sufrimiento de millones puede explicarse como un sacrificio inevitable en el camino hacia la salvación.
Aunque el gobierno no se proclame formalmente transhumanista, su concepción presenta afinidades con el imaginario criticado por León XIV. La sociedad aparece como un sistema susceptible de ser optimizado; las personas, como capital humano, datos, consumidores o recursos; los derechos, como distorsiones del mercado; y quienes no consiguen adaptarse, como costos prescindibles. El Estado se vuelve mínimo cuando se trata de cuidar, alimentar, educar o reparar, pero recupera toda su potencia cuando debe vigilar, disciplinar, reprimir y rearmar.
La tecnocracia algorítmica puede cumplir así una función semejante a la que desempeñó cierta teología castrense durante la dictadura. Bonamín ofrecía inmunidad moral a los hombres armados: si actuaban en nombre de Dios, la patria y la civilización, podían imaginarse liberados de responsabilidad. La nueva racionalidad promete otra coartada: si una decisión fue producida por el mercado, recomendada por los datos o ejecutada por una máquina, aparentemente nadie tendría que responder por sus consecuencias.
En ambos casos, la responsabilidad se desplaza hacia una instancia superior. Antes eran Dios, la patria y la obediencia debida. Ahora pueden ser el algoritmo, el mercado y la eficiencia. Angelelli, Francisco y León XIV —desde momentos históricos y responsabilidades diferentes— devuelven esa responsabilidad a las personas concretas. Ninguna orden, modelo económico o innovación tecnológica dispensa de responder por el rostro de quien sufre sus efectos.
Esta disputa devuelve el artículo a su punto de partida: los liceos militares y la pedagogía castrense. En Contramarcha (2026) señalé que la religión no constituía un mero adorno piadoso colocado junto a la instrucción militar. Formaba parte del dispositivo pedagógico. Los oficiales enseñaban a marchar, obedecer y soportar; los capellanes contribuían a establecer el horizonte moral desde el cual esa obediencia debía ser interpretada. No impartían tácticas militares, pero podían enseñar algo todavía más decisivo: cuándo una orden debía ser vivida como deber, cuándo la violencia podía considerarse sacrificio y cuándo el remordimiento debía ser acallado en nombre de una causa superior.
Esa función permite comprender por qué las capellanías militares no pueden ser consideradas un simple servicio religioso destinado a acompañar privadamente la fe de los uniformados. Durante la dictadura formaron parte de una estructura que presentó la represión como una guerra justa, convirtió al adversario político en enemigo moral y ofreció alivio de conciencia a quienes participaban de la maquinaria represiva. El campo pastoral del obispo de los milicos, Monseñor Bonamín, fue precisamente ese: no solo bendecir armas o celebrar misas, sino proporcionar una interpretación religiosa del mundo que volviera moralmente aceptable aquello que el derecho y la humanidad prohibían.
La gramática no ha desaparecido por completo. Cuando Monseñor Santiago Olivera asumió como obispo castrense en 2017, más de noventa organismos sociales y de derechos humanos le recordaron que recibía una institución con una deuda histórica pendiente: reconocer su participación en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado. Le reclamaron la apertura de los archivos del antiguo Vicariato, la colaboración de los capellanes que todavía podían aportar información sobre los desaparecidos y los niños apropiados, y un pronunciamiento público sobre el papel desempeñado por la institución durante la dictadura.
No se trataba de atribuir responsabilidad colectiva a todo sacerdote que hubiera pasado por una unidad militar. Se reclamaba que el Obispado dejara de presentarse como un espectador espiritual de acontecimientos en los que había intervenido institucionalmente. Los capellanes no se limitaron a celebrar misas o administrar sacramentos: algunos legitimaron teológicamente la llamada “guerra contra la subversión”, circularon por centros clandestinos, obtuvieron información de los detenidos y contribuyeron a aliviar los conflictos de conciencia de los perpetradores.
El sociólogo Ariel Lede calificó entonces como un “retroceso” la revitalización del Obispado Castrense después de una década de relativa inactividad. Advirtió además que el lenguaje de la reconciliación había funcionado, desde la salida de la dictadura, como una manera de reclamar impunidad y eludir la autocrítica. La Iglesia castrense podía situarse así por encima de una sociedad supuestamente dividida entre dos violencias equivalentes, como si no hubiera formado parte de una de ellas.
La reconciliación puede ser una aspiración política y religiosa valiosa. Pero, cuando se la exige antes de conocer la verdad, funciona como una orden de silencio. El perdón no puede ser administrado por quienes no padecieron el daño, ni decretado por la institución que todavía retiene información. Mucho menos puede utilizarse para equiparar la violencia de organizaciones armadas con un sistema clandestino de secuestro, tortura, desaparición y apropiación de niños organizado desde el Estado. Una concordia sin verdad no reúne a la comunidad: protege a quienes la quebraron.
Aquí reaparece el problema de la soberanía. La teología del Reino o del Pueblo comienza por relativizar todo poder terrenal: ningún general, obispo, empresario o gobernante puede considerarse dueño absoluto de las personas y de la historia. En el terreno político, esa limitación encuentra una de sus expresiones en la soberanía popular: la comunidad se da sus leyes, juzga los crímenes cometidos en su nombre y obliga a sus funcionarios a responder ante ella.
El discurso de cierta pastoral castrense invierte ese movimiento. Presenta a las Fuerzas Armadas como una reserva moral anterior y superior a la democracia, depositaria de los verdaderos intereses de la patria incluso cuando las decisiones populares, las leyes o las sentencias judiciales contradicen su propio relato. La soberanía deja entonces de residir en el pueblo y retorna a una corporación que se arroga el derecho de custodiarlo, corregirlo y, llegado el caso, disciplinarlo. No es soberanía popular, sino soberanía tutelada.
Dentro de esa concepción, los juicios por delitos de lesa humanidad pueden aparecer como una persecución contra quienes “salvaron a la patria”; los condenados, como víctimas de una justicia selectiva; y la memoria democrática, como una narración parcial que debería ser compensada mediante una supuesta “verdad completa”. El Estado de derecho deja de ser una conquista colectiva y pasa a ser juzgado desde los códigos internos de la familia militar.
En octubre de 2025, Olivera celebró la decisión de la Corte Suprema que revocó la prórroga de la prisión preventiva de Carlos Ernestino “Indio” Castillo, antiguo integrante de la Concentración Nacional Universitaria condenado por crímenes de lesa humanidad. Agradeció la “valentía” de los jueces y calificó el pronunciamiento como una “verdadera justicia, largamente esperada”.
Conviene mantener una distinción indispensable. Defender las garantías procesales de cualquier persona detenida, incluso de alguien condenado por crímenes aberrantes, no constituye por sí mismo negacionismo. Una democracia no debe violar sus propios principios para juzgar a quienes los destruyeron. En eso nuestro país es un ejemplo mundial. El problema aparece cuando una decisión procesal circunscripta se convierte, desde la máxima autoridad religiosa de las Fuerzas Armadas, en una reivindicación general de los represores y en una nueva impugnación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El episodio tampoco autoriza a identificar a todo el clero castrense con una misma posición. Permite, sin embargo, reconocer una persistente asimetría pastoral. La situación de los represores provoca declaraciones, gratitud, cercanía y pedidos de reparación; la apertura de los archivos, la responsabilidad de las capellanías y la información debida a los familiares de las víctimas permanecen como asuntos siempre postergables. La compasión se distribuye según la pertenencia. La “reconciliación” termina siendo una forma de barrer la basura debajo de la alfombra.
Esta concepción de la soberanía corporativa también se enseña. En los liceos militares, la capellanía contribuye a que niños y adolescentes imaginen al Ejército no como una institución subordinada a las autoridades democráticas, sino como encarnación permanente de la patria. La misa obligatoria, las clases de religión y moral, el culto de los héroes militares y la reverencia ante las jerarquías componen una misma pedagogía. No solo se aprende a obedecer a los superiores: se aprende a considerar que la institución a la que pertenecen posee una misión histórica situada por encima de las contingencias políticas.
Por eso vuelvo a aquellos oficiales arrodillados que observaba en misa desde el altar de la capilla del liceo, pero también a los cadetes que aprendíamos a contemplarlos. La cuestión no era únicamente ante quién se inclinaban los hombres armados, sino qué soberanía reconocían cuando volvían a ponerse de pie.
Es que la escena devota podía producir la ilusión de que la religión moderaba el poder militar. Pero con el tiempo comprendí que una liturgia puede hacer que los hombres armados se arrodillen sin conseguir que renuncien a la violencia. También puede enseñar a los adolescentes que la jerarquía militar forma parte de un orden natural y sagrado.
Bonamín y Angelelli representan, por eso, algo más que dos personalidades diferentes. Encarnan dos pedagogías religiosas. Una enseña a encontrar a Dios en la autoridad, la disciplina y la defensa de los propios. La otra obliga a buscarlo en el otro: la víctima, el pobre, el perseguido y también en aquel a quien el poder preferiría no mirar.
En un liceo militar, la diferencia entre ambas pedagogías no constituye una sutileza teológica. Define qué función cumple la religión en la formación de niños y adolescentes. Puede sacralizar la jerarquía, dulcificar la violencia y transformar la obediencia en virtud; o puede proporcionar palabras para interrogar el mandato, reconocer a la víctima y negarse a cumplir aquello que ninguna autoridad tiene derecho a ordenar. Una capellanía que nunca pregunta qué produce la obediencia corre el riesgo de convertirse en otra aula del cuartel.
Obispos como Bonamín enseñaron a obedecer al poder. Obispos como Angelelli enseñaron que existen poderes a los que resulta inmoral obedecer.
Esa diferencia sigue atravesando a la Iglesia, a la sociedad argentina y a la pedagogía castrense. También permite comprender por qué la memoria de Angelelli continúa siendo disputada cincuenta años después de su asesinato.
Angelelli decía que había que mantener un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Escuchaba así lo que el poder necesitaba que permaneciera en silencio. Y por eso decidieron callarlo para siempre.
Referencia bibliográfica:
Altisen, C. (2026) Contramarcha: Un trayecto por el secundario de los milicos. Prohistoria ediciones.
Disponible en: https://prohistoria.com.ar/#!/producto/3086/
