A mi padre, quien me contó esta historia
a la sombra del histórico ombú de plaza Lavalle aquel diciembre de 1983.
CUANDO LA PATRIA SE ENTREGA SIN MOVER LAS FRONTERAS
De la Bolivia del siglo XIX a la Argentina contemporánea. Una reflexión sobre el poder político, los recursos naturales y las formas, a veces poco visibles, en que un país puede ir perdiendo la capacidad de decidir sobre su propio destino.
Hay historias que permanecen en la memoria de los pueblos, aunque nadie pueda demostrar que ocurrieron exactamente como se cuentan. Algunas sobreviven durante generaciones porque contienen algo más profundo que una simple anécdota. Expresan una forma de entender el poder, una injusticia difícil de olvidar o el temor de que ciertos errores vuelvan a repetirse.
Una de esas historias es la del caballo blanco de Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia durante buena parte de la década de 1860.
Según la leyenda, un representante del Imperio del Brasil le obsequió un magnífico caballo blanco. Melgarejo, entusiasmado con el animal, habría desplegado un mapa de Bolivia y señalado con el casco del caballo una porción del territorio nacional que decidió entregar al país vecino. Otras versiones sostienen que utilizó su propio dedo pulgar para marcar las tierras.
No sabemos si aquella escena ocurrió. Probablemente nunca podamos saberlo con certeza. Lo que sí conocemos es la imagen que dejó instalada: la de un gobernante que se comporta como si el territorio de su país le perteneciera, como si pudiera disponer de él con la misma libertad con la que dispone de sus bienes personales.
La historia tiene algo de absurdo, incluso de grotesco. Sin embargo, detrás de esa extravagancia aparece un hecho histórico concreto.
El 27 de marzo de 1867, durante el gobierno de Melgarejo, Bolivia firmó con Brasil el Tratado de Ayacucho. Aquel acuerdo redefinió extensas fronteras y significó la renuncia boliviana a importantes reivindicaciones territoriales.
El caballo pudo haber sido inventado. El tratado existió.
Y es precisamente allí donde la leyenda adquiere un significado que va mucho más allá de la personalidad de aquel militar boliviano.
Porque el verdadero problema no era el caballo ni el supuesto entusiasmo presidencial por un regalo. Era algo bastante más grave: la idea de que quien ocupa circunstancialmente el gobierno puede llegar a confundir la autoridad que recibió para administrar un país, con un derecho personal sobre aquello que pertenece a toda la sociedad.
Melgarejo había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1864. Su gobierno estuvo marcado por la violencia política, el autoritarismo y una forma de ejercer el mando en la que la voluntad presidencial parecía imponerse sobre cualquier límite institucional.
Pero tampoco sería correcto explicar todo lo sucedido como consecuencia de los caprichos de un solo hombre. En aquella Bolivia existían intereses económicos, presiones externas, disputas comerciales y profundas desigualdades sociales. Las decisiones del gobierno respondían también a esas relaciones de poder, que pudieron sacar provecho de esa brutalidad que dejó a la República Boliviana vulnerable ante la voracidad imperial.
Mientras se negociaban territorios con otros Estados, dentro del país avanzaban medidas que afectaban las tierras comunitarias indígenas. Las disposiciones impulsadas durante el gobierno de Melgarejo favorecieron procesos de despojo y concentración de la propiedad.
De modo que la cuestión de la soberanía tenía una dimensión exterior, relacionada con las fronteras nacionales, y otra interior, vinculada con los derechos de quienes habitaban esas tierras.
Bolivia podía conservar su condición de república independiente mientras una parte importante de su población perdía las condiciones materiales para ejercer plenamente esa independencia.
Esta contradicción, propia de buena parte de la historia latinoamericana, merece ser recordada cada vez que hablamos de soberanía.
Los caballos blancos de la Argentina
¿Qué relación puede tener una historia de la Bolivia del siglo XIX con la Argentina actual?
A primera vista, muy poca. Han cambiado las instituciones, las formas de gobierno, las relaciones internacionales y los mecanismos mediante los cuales se toman las decisiones económicas.
Nadie necesita hoy apoyar el casco de un caballo sobre un mapa para modificar el destino de recursos estratégicos. Pero las preguntas que deja aquella vieja historia siguen vigentes.
¿Quién tiene derecho a decidir sobre los bienes fundamentales de una nación? ¿Hasta dónde llegan las atribuciones de un gobierno elegido para administrar el Estado? ¿Qué sucede cuando determinadas decisiones económicas comprometen la capacidad de acción de las generaciones futuras?, y por último, cómo es posible que se acepte semejante traición como un hecho inevitable. Allí, queda demostrada la debilidad institucional a la que fue sumergida la Argentina, allí tal vez, conviene preguntarse (ante la imposibilidad institucional) ¿Cuál es el camino que queda para evitar llegar a esas decisiones que derivan en la entrega de los bienes estratégicos de una nación?
En nuestro país, las grandes transformaciones económicas casi nunca fueron presentadas como una renuncia a la soberanía. Se anunciaron, por el contrario, como pasos necesarios hacia la modernización, la eficiencia, la llegada de inversiones o la integración al mundo.
Conviene aclarar algo: ninguna de esas aspiraciones es cuestionable por sí misma. Un país necesita inversiones, tecnología, infraestructura y relaciones comerciales con otras naciones. El aislamiento tampoco garantiza independencia económica.
La discusión empieza cuando esas promesas se utilizan para justificar decisiones sin examinar suficientemente sus consecuencias.
Porque no alcanza con anunciar inversiones. También importa saber quién las controla, qué compromisos asume el Estado, cuánto tiempo permanecerán vigentes los acuerdos y qué posibilidades tendrá la sociedad de modificar aquellas decisiones si sus resultados no son los esperados.
La experiencia argentina de la década de 1990 ofrece un antecedente que todavía merece reflexión.
Durante el gobierno de Carlos Menem se llevó adelante un amplio proceso de privatizaciones que transformó la participación estatal en sectores fundamentales de la economía.
Uno de los casos más representativos fue el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF.
La privatización comenzó a principios de aquella década y culminó en 1999, cuando la empresa española Repsol adquirió una participación decisiva en la compañía. Años después, en 2012, el Estado argentino recuperó el control mayoritario mediante la expropiación del 51 % de las acciones en manos de Repsol, establecida por la Ley 26.741.
Todo ocurrió mediante procedimientos jurídicos, decisiones gubernamentales, debates políticos y operaciones empresariales. No hubo un gesto extravagante que pudiera convertirse en leyenda.
Sin embargo, el resultado de aquellas transformaciones abrió una discusión que todavía no está cerrada: ¿qué grado de control debe conservar una nación sobre los recursos de los que depende buena parte de su desarrollo?
El petróleo no es únicamente un producto que se compra y se vende. Está vinculado con la producción industrial, el transporte, la generación de energía, la infraestructura y las posibilidades de crecimiento económico.
Desde luego, la propiedad estatal de una empresa no asegura automáticamente una administración eficiente. La historia argentina también ofrece ejemplos de malas decisiones, ineficiencia y utilización política de empresas públicas.
Pero reconocer esos problemas no significa que deba renunciarse a discutir el papel estratégico del Estado.
Una cosa es incorporar capital privado para ampliar la producción, mejorar servicios o desarrollar tecnología. Otra, muy distinta, es quedar sin instrumentos suficientes para orientar decisiones que afectan al conjunto de la economía.
Ahí se encuentra una parte fundamental del debate.
La soberanía económica no depende exclusivamente del nombre que aparece en el registro de propiedad de una empresa. Depende también de quién toma las decisiones, quién obtiene los beneficios, quién asume los riesgos y qué capacidad conserva el país para defender sus intereses.
El río que no figura en la herradura
Existe otro ejemplo que ayuda a comprender esta cuestión: el río Paraná.
El Paraná forma parte de nuestra geografía, nuestra historia y nuestra economía. No es simplemente un curso de agua que atraviesa el territorio. Por sus vías navegables circula una parte fundamental de la producción destinada al comercio exterior.
El sistema Paraguay-Paraná constituye uno de los principales corredores logísticos de la región. Según documentos oficiales argentinos, por la Vía Navegable Troncal circula aproximadamente el 80 % de las exportaciones del país.
Las decisiones relacionadas con su administración tienen, por lo tanto, consecuencias que exceden ampliamente el mantenimiento de un canal navegable.
En junio de 2026 se aprobó una adjudicación para su operación y mantenimiento bajo un régimen de concesión, según la referencia incluida en la documentación del ensayo.
Alrededor de este tipo de decisiones aparece una discusión conocida.
Por una parte, quienes defienden las concesiones privadas destacan la necesidad de inversiones, tecnología especializada y eficiencia operativa. Por otra, quienes cuestionan determinados modelos advierten sobre la concentración de decisiones, la dependencia de operadores privados y las dificultades que puede enfrentar el Estado para ejercer controles efectivos.
Ambas posiciones merecen ser examinadas. No alcanza con afirmar que toda concesión es perjudicial ni que la participación privada garantiza mejores resultados.
Lo importante es conocer las condiciones reales de los contratos, las obligaciones asumidas, los controles previstos y la distribución de los beneficios económicos.
Pero hay una cuestión que no debería quedar relegada a los aspectos administrativos.
El Paraná es una vía esencial para el comercio argentino. Por sus aguas circulan riquezas que se producen en nuestro territorio y que resultan fundamentales para la economía nacional.
Por eso, el control de esa infraestructura no puede analizarse solamente como un problema de dragado, balizamiento o tarifas.
También involucra fiscalización aduanera, protección ambiental, costos logísticos, seguridad, información estratégica y capacidad regulatoria.
El río seguirá estando donde siempre estuvo. Nadie necesita mover una frontera para que cambien las condiciones bajo las cuales se utiliza.
Y allí aparece nuevamente la vieja historia del caballo blanco.
Porque una nación puede conservar jurídicamente un recurso y, al mismo tiempo, ver reducida su capacidad efectiva para decidir sobre él.
No se trata de confundir una concesión con una entrega territorial. Son situaciones jurídica e históricamente diferentes.
Se trata de reconocer que el dominio formal sobre un territorio no resuelve, por sí solo, la cuestión del poder.
Un país también ejerce soberanía cuando conoce, controla y regula las actividades que se desarrollan dentro de sus fronteras.
La patria también puede entregarse en cuotas
La leyenda de Melgarejo tiene una ventaja narrativa: todo sucede en un instante.
Un regalo, un mapa, una decisión y una porción de territorio que cambia de manos.
En la vida política y económica contemporánea, los procesos suelen ser bastante menos visibles.
Las transformaciones importantes pueden desarrollarse a lo largo de varios años. Comienzan con una reforma normativa, continúan con una concesión, siguen con una modificación regulatoria y terminan alterando profundamente el funcionamiento de un sector estratégico.
Cada medida puede presentarse como una decisión aislada, razonable desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, observadas en conjunto, esas decisiones pueden producir cambios de enorme alcance.
En la Argentina de Javier Milei, el debate sobre las privatizaciones, la apertura económica y la participación del capital privado en actividades estratégicas volvió a ocupar un lugar central.
El Gobierno sostiene que estas políticas permiten reducir costos, mejorar la eficiencia, atraer inversiones y liberar recursos públicos.
Sus críticos advierten sobre los riesgos de vender activos estratégicos, debilitar organismos de control o reducir la capacidad estatal para garantizar servicios esenciales.
El debate no debería resolverse únicamente a partir de simpatías o rechazos hacia un presidente.
Las decisiones necesitan ser evaluadas por sus fundamentos, sus condiciones concretas y sus consecuencias.
El caso de Agua y Saneamientos Argentinos, AySA, resulta especialmente sensible por la naturaleza del servicio que presta. Su proceso de privatización plantea interrogantes sobre la regulación, las tarifas, la inversión en infraestructura y la garantía de acceso al agua y al saneamiento.
Aquí tampoco estamos frente a una cesión territorial semejante a las del siglo XIX. Estamos hablando de la propiedad y administración de una empresa de servicios públicos.
Pero el hecho de que sean fenómenos diferentes no impide reflexionar sobre aquello que comparten: la relación entre las decisiones gubernamentales y el control de recursos indispensables para la sociedad.
El agua no es cualquier mercancía. Su disponibilidad condiciona la salud, la vida cotidiana y el desarrollo de comunidades enteras.
Por eso, cualquier modificación en su administración exige algo más que una explicación contable.
La discusión sobre soberanía tampoco termina en el petróleo, el agua o las vías navegables. Abarca los recursos minerales, el litio, las telecomunicaciones, la infraestructura energética, los puertos y las tecnologías que permiten procesar información.
Incluso los datos producidos diariamente por millones de ciudadanos forman parte de nuevas disputas por el control económico y político.
Los recursos estratégicos de nuestro tiempo no siempre pueden reconocerse mirando un mapa.
El Estado no es una propiedad privada
La historia de Melgarejo pone sobre la mesa un problema que atraviesa buena parte de nuestra experiencia política: la confusión entre gobernar y ser dueño.
El presidente boliviano de la leyenda actúa como si el país fuera suyo. No parece distinguir entre aquello que administra temporalmente y aquello que pertenece a la comunidad política.
Esa manera de entender el poder tiene un nombre conocido en la historia y en las ciencias sociales: patrimonialismo.
El problema aparece cuando los intereses particulares de quienes gobiernan comienzan a confundirse con los del Estado, cuando las instituciones pierden autonomía o cuando las decisiones públicas responden más a la voluntad de los dirigentes que a procedimientos transparentes y controlables.
Sería cómodo pensar que estos riesgos pertenecen exclusivamente a las dictaduras o a los gobiernos militares del pasado.
Pero las democracias tampoco están libres de ellos.
La existencia de elecciones no elimina por sí sola la posibilidad de concentración del poder, decisiones arbitrarias o acuerdos económicos poco transparentes.
Precisamente por eso existen los parlamentos, los tribunales, los organismos de control, las auditorías, la prensa y las organizaciones sociales.
No son obstáculos que deban soportar quienes gobiernan. Son parte esencial de una democracia.
Un presidente puede contar con facultades constitucionales para impulsar reformas profundas. Tiene derecho a presentar su programa, defenderlo e intentar llevarlo adelante.
Pero haber ganado una elección no convierte los bienes públicos en propiedad de quien obtuvo la mayoría de los votos.
La legitimidad electoral es indispensable, aunque no reemplaza la obligación de explicar, justificar y someter las decisiones a los controles establecidos.
En una república, gobernar significa asumir una responsabilidad transitoria sobre asuntos que pertenecen a todos.
Olvidar esa distinción es abrir la puerta a una forma de ejercicio del poder que la historia latinoamericana conoce demasiado bien.
¿Quién recibe el caballo y quién termina pagando?
Hay algo que siempre me resulta llamativo de la leyenda de Melgarejo.
Recordamos al presidente, al diplomático brasileño y, por supuesto, al famoso caballo blanco. Pero rara vez nos detenemos a pensar en las personas que vivían en los territorios involucrados.
¿Alguien les preguntó qué pensaban? ¿Qué ocurrió con sus tierras, sus formas de vida y sus comunidades? ¿Quiénes se beneficiaron realmente de aquellas decisiones?
La historia oficial suele recordar los nombres de quienes firman tratados, promulgan leyes o celebran acuerdos. Mucho menos espacio recibe quienes deben convivir con sus consecuencias.
Con las grandes transformaciones económicas sucede algo parecido.
Los debates se concentran en indicadores de rentabilidad, inversiones, déficit fiscal, productividad o competitividad.
Todos son elementos necesarios para entender una política económica. Pero no alcanzan.
Detrás de esas cifras hay trabajadores, familias, pequeñas empresas, productores regionales y usuarios de servicios públicos.
Una decisión que mejora determinados indicadores puede generar costos sociales significativos. Del mismo modo, una política que protege ciertos intereses puede resultar insostenible si no cuenta con recursos suficientes para mantenerse.
La realidad es más compleja que las consignas.
Por eso importa preguntarse quién gana, quién pierde, quién asume los costos y durante cuánto tiempo.
No es una pregunta exclusiva de una corriente política. Es una exigencia básica para evaluar cualquier decisión que involucre recursos colectivos.
Una obra de infraestructura, una privatización, una concesión o una inversión extranjera pueden producir beneficios concretos. También pueden ocasionar problemas que no aparecen inmediatamente en los balances.
El desafío consiste en reconocer esos efectos y discutirlos antes de que las decisiones se vuelvan irreversibles.
Cuando la modernización se mide únicamente desde los escritorios donde se diseñan las políticas, existe el riesgo de olvidar la experiencia de quienes deben vivir con sus resultados.
Y entonces puede suceder que una reforma sea presentada como un gran éxito mientras una parte de la sociedad la experimenta de manera muy distinta.
El último caballo blanco
Mariano Melgarejo fue derrocado en 1871 y murió ese mismo año en Lima.
Su figura quedó asociada a uno de los períodos más conflictivos de la historia boliviana. La violencia política, las disputas territoriales y las decisiones de su gobierno contribuyeron a convertirlo en un personaje particularmente controvertido.
Mucho tiempo después de su muerte, el relato del caballo blanco continúa circulando.
Tal vez porque la historia consigue representar, con una imagen sencilla, algo que de otro modo exigiría páginas enteras de explicaciones: el peligro de que el poder político se ejerza como si los bienes de una nación pertenecieran a quienes circunstancialmente la gobiernan.
Sin embargo, también conviene desconfiar un poco de la comodidad que ofrecen estas leyendas.
Resulta fácil identificar los errores de un gobernante extravagante, especialmente cuando pertenece a un pasado lejano. Más difícil es reconocer los problemas que pueden esconderse detrás de decisiones administrativas perfectamente legales, discursos convincentes y procedimientos institucionales.
La historia de América Latina está atravesada por relaciones económicas desiguales, disputas por los recursos naturales, endeudamiento, concentración de la riqueza y dependencia tecnológica.
Pero también contiene experiencias de cooperación internacional, inversiones productivas, desarrollo industrial, fortalecimiento del Estado y recuperación de capacidades nacionales.
Sería un error poner todas esas experiencias en la misma bolsa.
La presencia de capital extranjero no significa necesariamente sometimiento, del mismo modo que la administración estatal no garantiza, por sí sola, la defensa del interés público.
Lo decisivo es comprender qué capacidad de decisión conserva una sociedad sobre sus recursos y su futuro.
Esa capacidad no debería medirse solamente por la propiedad formal de una empresa o por la permanencia de las fronteras.
También depende del conocimiento que un país produce, de la tecnología que domina, de las instituciones que puede sostener y de las condiciones bajo las cuales se relaciona con otros actores económicos.
La leyenda de Melgarejo todavía puede ayudarnos a pensar la Argentina.
No porque debamos buscar un caballo blanco o un dedo pulgar detrás de cada privatización, concesión o acuerdo internacional. Tampoco porque resulte razonable comparar sin matices a un presidente del siglo XIX con dirigentes elegidos bajo instituciones democráticas contemporáneas, por más que el grotesco los emparente.
Su valor está en recordarnos una distinción que nunca deberíamos perder de vista: administrar un país no es disponer de él.
Un gobierno puede tomar decisiones que considere necesarias para el presente. Pero también tiene la responsabilidad de evaluar qué posibilidades deja abiertas y cuáles compromete para quienes vendrán después.
La defensa de la soberanía exige discutir esas decisiones con información, memoria histórica y participación ciudadana. Exige reconocer los beneficios posibles de una negociación, pero también sus riesgos y los límites que deberían establecerse.
Porque las pérdidas más profundas no siempre llegan acompañadas de una invasión, una guerra o la modificación visible de una frontera, a veces ocurren lentamente y en silencio, mediante decisiones que parecen desconectadas entre sí y cuyos efectos solamente se comprenden cuando ya resulta difícil revertirlos.
Quizás esa sea la enseñanza más vigente de aquella vieja historia boliviana.
El problema nunca fue realmente el caballo blanco como “dádiva”, el problema continúa siendo, quién decide sobre lo que pertenece a todos, en nombre de quién lo hace y quién termina pagando las consecuencias, el presente de nuestro país nos invita a tomar las tres preguntas y desde allí, comenzar a desandar el camino de la entrega, para que lo que podamos dejarle a las nuevas generaciones, no sea solo una fotografía de lo que fuimos, sino el proyecto de lo mejor que podemos ser como nación argentina, con nuestra historia común en el que los sueños del sean perfectamente realizable
