24M · 50 años | Liceos militares: El Libertador contra los libertarios

Continuidades desde la Dictadura hasta Milei

Pedagogía castrense, parte 13.-

Cada 17 de agosto, el Liceo Militar General San Martín vuelve a formar frente al Libertador. Se izan banderas, se pronuncian discursos, se ejecutan marchas y se reiteran palabras henchidas de exaltación a la disciplina, el sacrificio, el honor, el cumplimiento del deber y el patriotismo. La institución se reconoce heredera de su ejemplo y presenta su nombre como garantía de una pedagogía destinada a formar ciudadanos capaces de “servir a la patria”.

Sin embargo, hay más de una manera de conservar la memoria de un prócer. Una consiste en mantener viva la pregunta política que abrió con sus actos. Otra, mucho más cómoda, consiste en inmovilizarlo, convertirlo en estatua y utilizar su prestigio para legitimar instituciones que quizá no soportarían encontrarse con el hombre al que dicen homenajear.

En febrero de 2026, el gobierno de Javier Milei ofreció una representación casi perfecta de esta segunda operación. Mediante el Decreto 81 retiró el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional y dispuso su traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo. El itinerario anterior del arma vuelve especialmente significativa la decisión. En su testamento de 1844, San Martín había dispuesto que su sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento a la firmeza con que sostuvo “el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros”; una posición que el Libertador ratificaría luego ante las incursiones de la flota anglo-francesa en el Paraná. Después de la muerte de Rosas, sus herederos donaron el sable a la Nación en 1897, a pedido del primer director del Museo Histórico Nacional, Adolfo Carranza, para que fuera depositado allí.

La norma de Milei retomó expresamente el antecedente del Decreto 8756 de 1967, firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que había apartado el arma del museo civil para colocarla bajo custodia militar. En 2015, el sable regresó al Museo Histórico Nacional, aunque conservando la custodia de Granaderos. Ahora volvió al cuartel.

Como se ve, la decisión no tiene ningún asidero histórico, pero coincide con una debilidad casi infantil de Milei por los Granaderos. En octubre de 2024, la Fanfarria Alto Perú le interpretó el “Feliz cumpleaños” en la Casa Rosada y el Regimiento le obsequió una prenda característica de su uniforme. El Presidente se emocionó hasta las lágrimas como un chico. Meses después fue distinguido como granadero honorario. Sables, caballos, uniformes, fanfarrias: la liturgia militar parece proporcionarle la escenografía apoteósica en la que le gusta contemplarse, así como habitualmente goza de sí mismo con hiperbólica vanilocuencia.

Pero un granadero no es un personaje de cotillón patriótico, y San Martín no organizó su Ejército para ofrecer ceremonias sentimentales al gobernante de turno. Lo hizo para construir la capacidad política, logística y militar necesaria para liberar pueblos de una dominación extranjera. Milei, en cambio, se ha definido orgullosamente como “el topo” que destruye el Estado desde adentro. La paradoja es difícil de superar: se conmueve ante el cuerpo ceremonial del Estado mientras se jacta de demoler el cuerpo político que le da sentido.

Es el Reino del revés que cantaba María Elena Walsh.

Es una locura de cabo a rabo, porque destruir el Estado no devuelve mágicamente la soberanía a los individuos, como se pretende desde el discurso anarcocapitalista. La transfiere a quienes poseen el dinero, las empresas, la tecnología, las plataformas, las armas y la capacidad de imponer contratos. Podría decirse, entonces, que Milei se parece más a Bernardino Rivadavia que a San Martín, a quien, frente a los propios Granaderos, llegó a rebautizar como “Juan José”. El contrapunto no es arbitrario. El 8 de octubre de 1812, San Martín encabezó con sus tropas el ala militar del movimiento promovido por la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica que forzó la caída del Primer Triunvirato, cuyo hombre fuerte era el secretario Bernardino Rivadavia. Su reemplazo por el Segundo Triunvirato abrió el camino hacia la Asamblea del Año XIII y aceleró una revolución cuya definición independentista venía siendo postergada por Rivadavia.

La ironía histórica resulta difícil de mejorar: el granadero honorario de nuestros días se parece más al funcionario desplazado por los Granaderos en 1812 que al hombre que los conducía.

La escena parece concebida para este tiempo: el Estado pone bajo custodia militar el arma del Libertador mientras el gobierno que pretende destruirlo entrega al mercado porciones cada vez mayores de aquello que esa arma debía defender. Así, la infantil “figurita” de San Martín permanece a salvo. La adulta soberanía, ya no tanto.

El prócer de “los distintos”

El Liceo Militar General San Martín fue creado en 1938, durante la presidencia del general Agustín P. Justo y en plena Década Infame. Su primera denominación fue Colegio Nacional Militar. Su finalidad consistía en extender a la juventud que cursaba estudios secundarios los supuestos beneficios de la educación impartida en el Colegio Militar. Dependía del Ministerio de Guerra, funcionaba como internado y combinaba los programas de los colegios nacionales con la instrucción castrense.

No se trataba simplemente de incorporar algunas materias militares a una escuela. Se procuraba instalar en adolescentes civiles una forma militar de organizar el cuerpo, el tiempo, la autoridad y las relaciones entre pares. Con el correr de los años aparecieron los rangos internos, las distinciones, los dragoneantes y los cadetes convertidos en superiores jerárquicos de otros cadetes. El dispositivo escolar adoptó la estructura de un pequeño cuartel.

Desde mediados de la década de 1990, el establecimiento ofrece también educación inicial y primaria. Actualmente recibe niños desde los tres años. Esto no significa que todos ellos sean cadetes ni que estén sometidos al mismo régimen de los estudiantes secundarios, pero sí que una institución dependiente del Ejército puede acompañar una trayectoria educativa completa desde la primera infancia hasta el egreso en torno a los 18 años de edad.

La pregunta no es si allí se enseñan correctamente matemáticas, lengua o ciencias. Seguramente se lo hace. La pregunta es qué concepción del sujeto atraviesa esa enseñanza y qué clase de relación propone entre ciudadanía, autoridad y pertenencia.

La propia institución ofrece una pista. En su sitio web enumera entre las ventajas de estudiar allí la posibilidad de integrar “esa hermandad que une a los liceístas” y agrega: “Haber sido Cadete de un Liceo Militar es un signo distintivo en la sociedad. No se es mejor ni peor… Simplemente se es distinto”.

Como señalé en Contramarcha, la frase condensa con admirable economía toda una pedagogía (Altisen, 2026, p. 135). La negación inicial pretende conjurar el elitismo: no somos mejores. Pero inmediatamente lo restituye bajo una forma más discreta: somos distintos. La jerarquía se presenta como mera diferencia y el privilegio de pertenencia se transforma en identidad.

Toda corporación que se considera excepcional comienza asegurando que no pretende situarse por encima de nadie. Después se rodea de insignias, códigos, redes de reconocimiento y obligaciones de lealtad destinadas a demostrar que, efectivamente, no es como las demás.

San Martín es convocado para bendecir esa diferencia. Su nombre permite sugerir que el liceísta no solo estudió en una escuela determinada, sino que pertenece a una estirpe moral. El prócer deja de ser una figura histórica atravesada por conflictos y decisiones políticas para convertirse en fundador imaginario de una hermandad.

Pero… la verdad es que San Martín no luchó para producir una casta de argentinos distintos. Luchó para que los pueblos americanos dejaran de ser propiedad de un imperio.

Conservar el sable, borrar la desobediencia

La pedagogía castrense suele retener del Libertador aquello que mejor se acomoda a su propio vocabulario: la preparación meticulosa, el sacrificio, la austeridad, la conducción, el cumplimiento del deber y la disciplina del Ejército de los Andes.

Todo eso existió. Negarlo sería tan absurdo como reducirlo exclusivamente a eso.

La disciplina sanmartiniana no era un fin en sí misma. Se encontraba subordinada a una causa política: la emancipación continental. San Martín no organizó un ejército para que la sociedad obedeciera a los militares. Organizó una fuerza militar para que América dejara de obedecer a un poder colonial.

Esa diferencia suele desaparecer cuando se lo transforma en patrono de instituciones castrenses. Se enseña al estratega, pero se atenúa al desobediente. Se recuerda al conductor que exigía disciplina a sus hombres, pero no siempre al jefe que se negó a emplear el Ejército de los Andes en las guerras civiles que enfrentaban a Buenos Aires con las provincias del Litoral.

En 1819, mientras el poder central pretendía concentrar tropas contra las fuerzas federales, San Martín procuró mediar. Escribió a José Gervasio Artigas y a Estanislao López para solicitar el fin de los enfrentamientos internos. “Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón”, le dijo a Artigas. Cuando las órdenes de Buenos Aires intentaron distraerlo de la campaña continental para intervenir en aquella guerra, no subordinó automáticamente su ejército.

Su desobediencia no fue una indisciplina personal ni un capricho de caudillo. Expresaba una decisión acerca de la finalidad legítima de las armas. El Ejército había sido construido para combatir al poder colonial, no para disciplinar a los pueblos interiores en beneficio de la conducción porteña.

San Martín no fue un demócrata del siglo XXI. Consideró alternativas monárquicas constitucionales y entendía que la independencia necesitaba un poder político capaz de impedir la fragmentación. Tampoco mantuvo una relación sencilla ni siempre amistosa con Artigas.

Pero esa complejidad vuelve todavía más significativa su negativa a transformar el Ejército libertador en policía interna. Podía discrepar con los federales sin considerar que la única manera de resolver la disputa fuera marchar contra ellos.

En los liceos, en cambio, San Martín suele quedar reducido a una pedagogía de la obediencia. Su sable se conserva; su criterio para decidir cuándo no debía desenvainarlo se vuelve menos visible.

Un militar profesional y un civil convertido en general

La relación entre San Martín y Manuel Belgrano introduce otra dificultad para el relato castrense. Uno era militar profesional, formado durante años en el Ejército español. El otro era abogado, economista, periodista y funcionario civil, empujado por la revolución hacia responsabilidades militares para las cuales no había sido preparado originalmente.

El liceo en el que estudié lleva el nombre de Belgrano. Paradójicamente, uno de los principales patronos de la educación militar secundaria argentina no fue un militar de carrera.

San Martín y Belgrano comenzaron a escribirse antes de conocerse personalmente. Intercambiaron opiniones sobre organización, estrategia y disciplina. Se encontraron a comienzos de 1814 en las postas del norte, cuando San Martín llegó para reemplazarlo al frente del Ejército del Norte después de las derrotas de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma.

La tradición situó aquel abrazo en Yatasto, aunque existen discusiones historiográficas acerca del sitio exacto. Lo sustancial no depende del mojón turístico. Belgrano entregó el mando sin convertir el relevo en una disputa personal. San Martín tenía órdenes de Buenos Aires de apresarlo, pero no lo hizo. Desobedeció la orden de los porteños y, lejos de humillarlo o tratarlo como un derrotado, defendió su valor político y procuró conservarlo junto al ejército. Dos años más tarde escribiría que Belgrano era “lo mejor que tenemos en la América del Sur”.

No fueron amigos porque vistieran el mismo uniforme ni porque una institución les hubiera prometido una hermandad eterna. Sus trayectorias, saberes y temperamentos eran diferentes. Los reunió una causa que los excedía.

Para comprender la naturaleza política de ese vínculo conviene hacer un rodeo histórico. La “amistad política” no fue una ocurrencia personal de Aristóteles. Antes de que la filosofía la convirtiera en concepto, la imaginación mítica griega ya había situado la cooperación con el diferente entre las condiciones elementales de la vida civilizada.

En la Odisea, esa obligación aparece bajo la forma de la xenía: la hospitalidad sagrada o “amistad con el huésped”, protegida por Zeus Xenios. El extranjero que llegaba a una casa debía ser acogido, alimentado y protegido antes de que se conocieran plenamente su nombre, su procedencia o sus intenciones. Nausícaa recuerda que extranjeros y mendigos se encuentran bajo el amparo de Zeus; Alcínoo ofrece asiento, comida y protección a Odiseo cuando todavía es un desconocido. La barbarie del cíclope Polifemo no reside solamente en su ferocidad, sino también en su desprecio por esa ley que obliga a reconocer al extraño como huésped posible y no como presa disponible.

La xenía no era un derecho universal ni una institución igualitaria en sentido moderno. Suponía reciprocidades, rituales y alianzas que podían transmitirse entre generaciones. Pero contenía una intuición civilizatoria decisiva: el diferente no es necesariamente un enemigo y una relación puede comenzar suspendiendo la hostilidad para ofrecer cooperación. Acoger al extraño significaba abrir la propia casa a la posibilidad de un mundo compartido.

No puede trazarse una línea causal sencilla según la cual la hospitalidad homérica haya producido por sí sola la democracia. La experiencia democrática griega surgió de luchas sociales, reformas jurídicas, transformaciones económicas e invenciones institucionales concretas. Además, aquella democracia excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Pero sobre ese antiguo aprendizaje de la reciprocidad pudo desarrollarse una gramática política nueva: escuchar a otro, deliberar con él, reconocer obligaciones comunes y aceptar que nadie posee por sí solo la ciudad.

La cultura griega no eliminó la competencia. Fue profundamente agonística: disputó en la guerra, el deporte, el teatro, la retórica y la política. Pero su invención decisiva consistió en impedir que toda competencia concluyera necesariamente con la eliminación del adversario. La asamblea, la rotación de los cargos, el sorteo, la argumentación pública y la decisión común permitieron convertir parte de aquella rivalidad en vida política. El contrincante de hoy debía continuar siendo conciudadano mañana.

Aristóteles elaboró filosóficamente esa experiencia histórica. En la Ética a Nicómaco sostuvo que la amistad mantiene unidas a las ciudades y observó que en las democracias puede existir más amistad porque los ciudadanos, al considerarse iguales, tienen más cosas en común. La amistad política no era intimidad afectiva ni obligación de quererse personalmente. Consistía en reconocer lo conveniente para la comunidad, deliberar acerca de ello y cooperar para realizarlo.

Desde la xenía homérica hasta la amistad política aristotélica persiste así un mismo hilo: una sociedad comienza a existir cuando la relación con el otro deja de organizarse exclusivamente mediante la sospecha, la competencia y la fuerza. La cooperación no aparece como una debilidad sentimental, sino como la condición práctica de toda libertad compartida.

San Martín y Belgrano eran amigos y no fueron demócratas en el sentido contemporáneo. Vivieron antes del sufragio universal, de la ciudadanía social y de la incorporación política plena de las mayorías populares. Incluso consideraron alternativas monárquicas y desconfiaron de algunas formas de participación que juzgaban capaces de producir fragmentación o anarquía.

Pero tampoco pertenecían ya al universo intacto del absolutismo. Actuaron en la época abierta por las revoluciones atlánticas, la crisis del derecho divino, el constitucionalismo, las asambleas representativas y los primeros experimentos republicanos americanos. Monarquía y república no se oponían entonces con la simplicidad que adquirieron después: una monarquía podía ser constitucional y representativa, mientras una república podía quedar en manos de una oligarquía cerrada.

Por eso la propuesta monárquica de Belgrano no consistía simplemente en importar otro príncipe europeo y volver a empezar. En 1816 propuso al Congreso de Tucumán una monarquía “temperada” encabezada por un descendiente de los incas y con capital en Cuzco. La iniciativa respondía a cálculos estratégicos y no equivalía al reconocimiento moderno de la autodeterminación de los pueblos originarios. Pero introducía en la discusión sobre el poder legítimo a una dinastía americana que la conquista había despojado y procuraba incorporar políticamente a las grandes poblaciones aborígenes del Alto Perú.

No fue el único gesto de Belgrano en esa dirección. En su Reglamento para los pueblos de Misiones había denunciado el trato dispensado a los habitantes de los pueblos originarios, a quienes —escribió— se había mantenido bajo un “yugo de fierro” y tratado peor que a bestias de carga. Reconoció a las comunidades guaraníes derechos de libertad, propiedad y seguridad, eliminó tributos y procuró equipararlas civilmente con los demás habitantes. Persistían allí componentes paternalistas y asimilacionistas, pero el aborigen comenzaba a aparecer como sujeto de derechos y no solamente como cuerpo destinado al trabajo, al tributo y al despojo.

El Ejército de los Andes exhibió otra de las grandes contradicciones de aquella emancipación. Una parte decisiva de sus tropas estaba integrada por afrodescendientes, denominados entonces negros, pardos y mulatos. Muchos habían sido esclavizados y fueron comprados a sus propietarios o incorporados con la promesa de obtener la libertad después del servicio militar. Investigaciones históricas estiman que casi la mitad del ejército organizado por San Martín pertenecía a esos grupos.

No conviene convertir esta participación en una estampa tranquilizadora. Los oficiales continuaban siendo mayoritariamente blancos, la libertad se concedía de manera condicionada y aquellos soldados fueron expuestos a una mortalidad enorme. La revolución que proclamaba la emancipación continental todavía utilizaba cuerpos esclavizados para conquistarla. Pero allí reside precisamente la contradicción que importa: hombres considerados propiedad de otros se convirtieron en protagonistas materiales de una guerra destinada a impedir que pueblos enteros continuaran siendo propiedad de un imperio.

San Martín llegó a escribir que los negros y mulatos eran los mejores soldados de infantería disponibles. El reconocimiento seguía formulado desde la mirada de un jefe militar que evaluaba la utilidad de sus hombres, pero quebraba la ficción de una independencia realizada exclusivamente por generales blancos y familias patricias. La causa americana obligaba a incorporar a quienes el orden colonial había pretendido mantener fuera de la historia.

San Martín y Belgrano no alcanzaron todavía una concepción democrática igualitaria. Sin embargo, sus proyectos abrían grietas en las jerarquías heredadas: un abogado podía mandar un ejército; un militar profesional podía reconocer la autoridad de un civil; una dinastía inca podía ser imaginada como fuente de legitimidad política; indígenas, esclavizados, libertos, negros y mulatos podían convertirse en actores indispensables de la emancipación.

La “amistad política” no consiste en borrar esas diferencias ni en fingir que todos ocupaban posiciones iguales. Consiste en impedir que la diferencia se transforme necesariamente en subordinación y en articular capacidades diversas alrededor de una empresa común.

La relación entre San Martín y Belgrano contenía razones suficientes para la rivalidad. Uno llegaba para reemplazar al otro después de dos derrotas; estaban en juego el mando, el prestigio, la confianza del gobierno y el juicio futuro sobre sus trayectorias. Sin embargo, Belgrano no convirtió la entrega del ejército en una defensa narcisista de su rango y San Martín no necesitó humillarlo para consolidar su autoridad. Allí donde podían haber disputado quién aventajaba a quién, eligieron combinar capacidades diferentes alrededor de una causa compartida.

Belgrano no necesitó ser militar de carrera para reconocer que la independencia podía exigir el uso de las armas. San Martín no dejó que su condición militar le impidiera reconocer la autoridad moral e intelectual de un civil. Cada uno atravesó, a su manera, la frontera que la pedagogía castrense tiende a reforzar para asegurar su coagulación endógena.

Su amistad tampoco consistió en protegerse mutuamente frente a cualquier crítica. Se apoyaron porque reconocieron en el otro una voluntad orientada hacia la emancipación. La lealtad no estaba dirigida al rango, al cuerpo ni a una camarilla. Estaba dirigida a una causa común.

El catecismo neoliberal suele presentar la competencia como una ley natural y recurrir para ello a una versión escolar y mutilada de Darwin: en la naturaleza vencerían siempre los más fuertes y, por consiguiente, la sociedad progresaría cuando cada individuo procurara aventajar a los demás y sacar su propia tajada. Como reza un refrán: “El pez grande se come al chico”.

Pero Darwin explicó algo muy distinto de ese refrán. Utilizó la expresión “lucha por la existencia” en un sentido amplio y metafórico que incluía expresamente la dependencia de unos organismos respecto de otros. En El origen de las especies, la lucha no significa solamente combate; también comprende las complejas relaciones que hacen posible la vida. En El origen del hombre, además, atribuyó un papel evolutivo decisivo a los instintos sociales, la simpatía y la disposición a vivir en común.

La ecología contemporánea puede agregar los nombres de mutualismo, simbiosis y cooperación entre especies. Esto no convierte la naturaleza en un jardín sin depredación, escasez ni conflicto. Permite advertir algo más elemental: ningún organismo existe por sí solo y ningún ecosistema se sostiene mediante la competencia absoluta de todos contra todos.

El “darwinismo social” tan preconizado por los discursos liberales realiza una prestidigitación ideológica muy conveniente: primero proyecta el mercado sobre la naturaleza y luego presenta esa naturaleza previamente mercantilizada como justificación del mercado. Pero la naturaleza no es una sucursal de la Bolsa. La competencia constituye una relación posible entre los seres vivos; no el mandamiento único de la vida.

La cooperación tampoco es sentimentalismo ni beneficencia. Es una potencia política. Permite que capacidades diferentes se articulen sin que una deba destruir, someter o devorar a la otra. La competencia desenfrenada puede producir vencedores; por sí sola no puede producir una sociedad. Donde todos procuran aventajar al vecino, ya no quedan conciudadanos: quedan competidores, clientes, obstáculos y presas.

Tal vez por eso el vínculo entre San Martín y Belgrano resulte más exigente que la fraternidad institucional. No obliga a cerrar filas alrededor de uno de los nuestros. Obliga a preguntarse de qué lado de la historia se encuentra cada uno y qué puede aportar a una tarea compartida.

No fueron amigos porque hubieran dejado de ser diferentes ni porque jamás pudieran competir. Lo fueron porque supieron que la causa común no era un botín del cual cada uno debía sacar la mejor tajada. La libertad que buscaban no consistía en llegar primero y dejar atrás a los demás, sino en conseguir que todo un pueblo dejara de ser súbdito.

La libertad no se recibe: se conquista colectivamente

En tiempos de Milei, la libertad suele presentarse como una propiedad individual anterior a toda comunidad. Cada persona sería soberana de sí misma y el mercado constituiría el ámbito natural donde esas soberanías particulares celebran contratos. Las desigualdades concretas entre quienes contratan aparecen como circunstancias secundarias: formalmente, todos habrían elegido.

San Martín y Belgrano pertenecían a otro mundo conceptual. Para ellos, la libertad no era una posesión privada ni una licencia para prescindir de los demás. Era el resultado de una empresa histórica colectiva mediante la cual un pueblo dejaba de ser súbdito.

La independencia no descendió sobre América como una concesión de la Corona ni brotó espontáneamente de la suma de decisiones individuales. Hubo que organizar ejércitos, producir armas, alimentar tropas, discutir gobiernos, educar, recaudar, conspirar y combatir. Hubo que convertir una población sometida en sujeto político.

El Ejército de los Andes no fue solamente la prolongación de la voluntad de un general. Reunió soldados, campesinos, artesanos, indígenas y afrodescendientes, muchos de ellos esclavizados o libertos. El pueblo cuyano produjo pólvora, uniformes, monturas, alimentos y herramientas. Las mujeres sostuvieron talleres, redes de información, tareas sanitarias y de abastecimiento. Algunas incluso se incorporaron a la campaña pese a las prohibiciones militares.

No conviene romantizar ese proceso. Hubo reclutamientos forzosos, jerarquías sociales, exclusiones y promesas de libertad que no siempre se cumplieron inmediatamente. La independencia se construyó dentro de una sociedad todavía desigual. Precisamente por eso importa observar la contradicción: hombres sometidos como propiedad de otros fueron convocados para liberar pueblos que tampoco querían continuar siendo propiedad de un imperio.

La soberanía comenzó allí como una ruptura: ninguna potencia debía gobernar una comunidad desde afuera como si su territorio, sus cuerpos y sus recursos fueran bienes disponibles.

Cuando San Martín escribió “seamos libres, y lo demás no importa nada”, no estaba recomendando el desinterés por la vida material. Estaba estableciendo un orden de prioridades. Sin libertad política, todo bienestar podía ser administrado, concedido o retirado por una voluntad extranjera.

La soberanía no garantizaba por sí sola la justicia. Pero sin ella, la justicia quedaba subordinada a los intereses del amo.

El problema de los pueblos del interior

La historia escolar suele representar la independencia como una marcha ordenada encabezada por próceres que ya sabían qué nación estaban fundando. En realidad, la revolución abrió una disputa acerca de quién era el sujeto soberano. ¿Buenos Aires? ¿Las provincias? ¿Los pueblos? ¿Una nación todavía inexistente? ¿Una confederación? ¿Una monarquía constitucional sudamericana?

Belgrano y San Martín buscaron un poder capaz de sostener la guerra y evitar la disgregación. Ambos llegaron a contemplar soluciones monárquicas constitucionales. No se identificaron sin más con el federalismo artiguista y desconfiaron de algunas de sus consecuencias. Pero tampoco aceptaron que la unidad fuera sinónimo de subordinación permanente al puerto de Buenos Aires.

En San Martín, esa tensión se resolvió mediante una prioridad estratégica: impedir que las fuerzas realistas recuperaran el continente y evitar, al mismo tiempo, que el ejército destinado a esa tarea se consumiera reprimiendo a otros americanos.

Su americanismo desbordó el mapa nacional que después se dibujaría. Liberar Chile y Perú no era para él una aventura exterior ni una distracción respecto de los problemas argentinos. La independencia de cada territorio dependía de la del conjunto. Ninguna provincia podía salvarse sola en un continente recolonizado.

Esta perspectiva resulta particularmente incómoda para una pedagogía militar organizada alrededor de fronteras rígidas, enemigos identificables y obediencias verticales. San Martín utilizó una estructura jerárquica para realizar un proyecto que desbordaba a la propia estructura. Formó un ejército, pero no convirtió al Ejército en “propietario” de la emancipación. Las Fuerzas Armadas podían ser un instrumento de la soberanía popular. No eran su titular.

El concepto que organiza esta disputa es, precisamente, el de soberanía.

No conviene atribuir anacrónicamente a Belgrano y San Martín una teoría de la “soberanía popular” idéntica a la que formularían después las democracias de masas. Ambos consideraron alternativas monárquicas constitucionales y actuaron en un mundo todavía ajeno al sufragio universal. Pero compartieron un principio revolucionario decisivo: la autoridad ya no podía provenir de una corona extranjera, y las instituciones, los recursos y las armas debían servir a los pueblos que luchaban por gobernarse a sí mismos.

En ese sentido antiimperial, su soberanía era popular. El Ejército no era dueño de la Nación, el puerto no era dueño de las provincias y ninguna potencia extranjera podía decidir el destino del continente.

La soberanía posee dos caras inseparables. Hacia dentro, significa que el pueblo manda. Hacia fuera, que no manda otro. El gobierno de Javier Milei debilita ambas.

La afectación se produce en dos direcciones y a diferentes escalas: ad intra, sobre las provincias y el espacio latinoamericano; ad extra, mediante la deuda, el predominio de empresas extranjeras sobre infraestructuras estratégicas y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel.

Ad intra, la primera escala es federal.

La reforma constitucional de 1994 ordenó sancionar antes de finalizar 1996 una nueva ley-convenio de coparticipación federal. Ese mandato continúa incumplido, y el gobierno de Milei tampoco procuró remediarlo. Las transferencias automáticas previstas por la Ley 23.548 siguen realizándose, por lo que no sería exacto afirmar que toda la coparticipación fue interrumpida. Pero los recursos que la Nación conserva bajo administración discrecional —Aportes del Tesoro Nacional, transferencias no automáticas, fondos educativos, compensaciones previsionales y obras públicas— permiten ejercer otra clase de poder.

Durante la campaña electoral de 2023, el mecanismo fue anunciado con bastante franqueza. En agosto, Marcela Pagano —por entonces periodista especializada en economía y candidata a diputada por La Libertad Avanza— explicó que los gobernadores necesitarían transferencias cuya entrega llevaría la firma de Javier Milei. Cuando se le preguntó si eso no constituía una extorsión, respondió que se trataba de “la fuerza de la negociación de la política bien entendida”. El periodismo advirtió entonces que semejante descripción podía leerse como un apriete obsceno a las provincias. No hacía falta demasiada imaginación: la candidata estaba explicando anticipadamente el funcionamiento del látigo y la billetera libertarios.

Una vez en la presidencia, Milei disipó cualquier ambigüedad. En diciembre de 2023 advirtió públicamente que, si las provincias no aceptaban restablecer el impuesto a las Ganancias, les reduciría todavía más las transferencias discrecionales. Lo que durante la campaña se había negado semánticamente como “extorsión” comenzó a practicarse materialmente como método de gobierno. ¡Chau a la democracia! ¿A dónde quedaron los que otrora reclamaban “republicanismo” a los cuatro vientos?

Desde entonces, diversas jurisdicciones debieron recurrir a la Justicia para reclamar fondos educativos, previsionales, de transporte o de infraestructura. Al mismo tiempo, los gobernadores fueron convocados reiteradamente a conseguir el apoyo de sus legisladores para las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso. La escena se volvió casi pedagógica: quien consigue ordenar los votos puede aspirar a una transferencia, una obra o un auxilio; quien disiente aprende rápidamente cuánto cuesta la indisciplina.

Es un federalismo de cuartel. La Nación retiene recursos, los gobernadores transmiten órdenes y los legisladores deben marchar al Congreso con el voto preparado para cuando lo requiera la superioridad. Quienes denunciaban la coparticipación como un régimen de dependencia conservaron después los márgenes discrecionales que les permitían doblegar a las provincias. No las emanciparon: convirtieron su necesidad financiera en obediencia parlamentaria.

La primera lesión de la soberanía popular se produce allí. La representación de los ciudadanos de cada provincia deja de responder enteramente a sus intereses y queda condicionada por necesidades fiscales administradas desde Buenos Aires. Los pueblos del interior vuelven a ocupar una posición subalterna frente al poder central que dice haber venido a liberarlos.

Pero existe un segundo círculo ad intra. Los países latinoamericanos no forman parte, naturalmente, del interior jurídico de la Argentina. Sí integran, en cambio, el espacio político e histórico que San Martín entendía como una comunidad continental de emancipación. Ningún pueblo podía ser plenamente soberano rodeado de naciones sometidas.

Milei invierte también esta perspectiva. Ordena el continente según afinidades ideológicas personales: gobiernos amigos, cuando integran la internacional de las derechas; enemigos, cuando han sido elegidos por fuerzas populares, progresistas o de izquierda. La política exterior deja de representar los intereses permanentes de la Nación y se transforma en una sucursal diplomática de la llamada “batalla cultural”.

En 2024 calificó al entonces presidente colombiano Gustavo Petro como “asesino terrorista” y al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como “ignorante”. En 2026, además, acusó sin aportar pruebas a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva de financiar una supuesta “campaña antiargentina”.

En julio de ese año viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y pretendió visitar a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumplía una condena de veintisiete años por encabezar la trama golpista destinada a desconocer el resultado electoral de 2022. Cuando el Supremo Tribunal Federal le negó la autorización, Milei agravió a sus jueces; durante el mismo acto partidario llamó “ladrón” y “delincuente” a Lula. Brasil respondió convocando a consultas a su embajador.

La predilección no se limita a Brasil. Milei apoyó electoralmente en Chile a José Antonio Kast, defensor histórico de la dictadura pinochetista, quien llegó a afirmar que, si Pinochet estuviera vivo, votaría por él y que a Salvador Allende lo había derrocado “el pueblo”. En Perú celebró el triunfo de Keiko Fujimori y asistió a su asunción presidencial: la heredera política del fujimorismo instaurado por su padre mediante el autogolpe de 1992.

La nómina de sus afinidades con golpistas, autoritarios y cipayos podría continuar. No se trata solamente de malos modales ni de afinidades personales. El insulto presidencial lesiona relaciones históricas, comerciales y estratégicas con pueblos cuya amistad no pertenece al mandatario de turno, sino a la Nación argentina; mientras que su solidaridad selectiva con quienes atacan o reivindican la ruptura del orden democrático revela qué clase de “libertad” pretende organizar para la región.

La cuestión se vuelve todavía más grave con el llamado Hondurasgate. En abril de 2026 fueron difundidos audios atribuidos a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado en Estados Unidos a cuarenta y cinco años de prisión por narcotráfico y posteriormente indultado por Donald Trump. En esas grabaciones la voz de Hernández afirma haber mantenido una conversación con Milei y sostiene que el mandatario argentino habría aportado 350.000 dólares para montar una estructura digital desde Estados Unidos.

Según la investigación periodística, esa plataforma estaría destinada a difundir campañas contra los gobiernos de México, Colombia y otras fuerzas progresistas de la región, dentro de una articulación que involucraría a operadores trumpistas, al gobierno hondureño y a intereses vinculados con el gobierno de Benjamin Netanyahu. El entorno de Milei negó el aporte y, hasta el momento, la única evidencia pública que lo menciona son los propios audios. Pero la denuncia posee suficiente gravedad para haber motivado un pedido de explicaciones en la Cámara de Diputados.

La sola verosimilitud política del episodio resulta alarmante. Un expresidente condenado por convertir estructuras estatales en instrumentos del narcotráfico, indultado por Trump y devenido presunto operador regional, menciona al presidente argentino como colaborador de una maquinaria destinada a intervenir sobre la vida política de otros países americanos.

Lo que todavía debe probarse judicialmente ya permite formular una pregunta política: ¿en nombre de qué interés nacional podría un gobierno argentino financiar o respaldar operaciones de desinformación contra pueblos hermanos? Y después —¡vaya hipocresía!— acusa a otros de hacer precisamente aquello por lo cual su propio gobierno se encuentra bajo investigación.

San Martín cruzó fronteras para hacer posible la soberanía de otros pueblos. Milei las cruza para participar en actos partidarios, insultar a mandatarios elegidos por esos pueblos y alinear a la Argentina con estrategias diseñadas fuera de la región. Uno concibió la emancipación como una empresa continental; el otro convierte la política exterior en una guerra ideológica con pasaporte diplomático.

Ad extra, la afectación de la soberanía adquiere una escala global.

Allí se inscriben el condicionamiento producido por la deuda externa, la entrega de la gestión de infraestructuras estratégicas a empresas extranjeras, la extranjerización de recursos y territorios y el alineamiento casi incondicional con Estados Unidos y el gobierno de Israel.

En materia de BRICS, lo decisivo no es discutir si la Argentina “salió” de un bloque al que formalmente todavía no había ingresado. Lo decisivo es que durante años había trabajado para abrir esa puerta. Las aproximaciones diplomáticas culminaron con las gestiones formales iniciadas en 2022 y con la invitación cursada en agosto de 2023 para incorporarse como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024. Milei encontró al país en el umbral y, antes de que pudiera atravesarlo, rechazó la invitación. Cuando por fin habíamos llegado al hall de entrada, nos sacó del edificio.

Los BRICS no constituyen una comunidad desprovista de intereses, conflictos o asimetrías. China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica tampoco practican la filantropía internacional. Pertenecer al bloque no habría garantizado por sí solo la soberanía argentina, pero habría ampliado nuestros mercados, fuentes de financiamiento, alianzas diplomáticas y posibilidades de negociación dentro de un orden mundial crecientemente multipolar. Habría permitido participar, con voz propia, en uno de los principales espacios de articulación del Sur Global y relacionarnos con las grandes potencias emergentes sin tener que pedir permiso a Washington.

Milei eligió lo contrario. Abandonó una estrategia de diversificación para subordinar la política exterior argentina al hegemón estadounidense y al proyecto expansionista del gobierno de Netanyahu. Nos retiró del hall de ingreso a un mundo multipolar para instalarnos en la sala de espera de Washington. No fue un gesto de pragmatismo ni de independencia, sino una renuncia deliberada a disponer de alternativas. Un país periférico no conquista libertad eligiendo amo: apenas cambia la bandera que flamea sobre su dependencia.

El alineamiento, además, no es una interpretación de los adversarios del Gobierno. Los documentos oficiales definen la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel como “la piedra fundamental” de la nueva inserción argentina en el mundo. Milei ha declarado que ambos son “nuestros socios geopolíticos más importantes” y habló incluso de una “unión moral, espiritual y política” con Israel.

Una alianza internacional no implica necesariamente subordinación. El problema comienza cuando deja de ser una relación entre Estados y se transforma en adhesión personal, ideológica y prácticamente incondicional a gobiernos extranjeros; cuando la política exterior argentina adopta como propias guerras, enemigos y prioridades definidos en Washington o Jerusalén, aunque no resulte evidente cuál es el beneficio para nuestro país.

La misma disputa por la soberanía reaparece en el río Paraná.

En junio de 2026, el Gobierno adjudicó por veinticinco años la operación de la Vía Navegable Troncal al consorcio encabezado por la multinacional belga Jan De Nul y su socia argentina Servimagnus. La concesión comprende el dragado, la señalización, el mantenimiento, el cobro de peajes y la operación de aproximadamente 1.400 kilómetros de la principal salida fluvial del comercio argentino. Por allí circula alrededor del ochenta por ciento de las exportaciones del país.

El propio comunicado oficial celebró que la privatización marcaba “el fin de la etapa estatal de gestión”, dejando al Estado como autoridad de control, pero sin intervención directa.

No sería exacto atribuirle a Milei la privatización original de todo el sistema portuario. Buena parte de las terminales y operaciones fueron entregadas a concesionarios privados por el menemismo durante los años noventa. Lo propio de su gobierno consiste en profundizar ese modelo: disolver la Administración General de Puertos, reducir la intervención pública directa y confiar a capitales privados la infraestructura por la que se desplaza la mayor parte del comercio exterior.

Una concesión administrativa no equivale jurídicamente a entregar la soberanía territorial. Pero delegar durante un cuarto de siglo la operación y el cobro de peajes de la arteria principal del comercio argentino constituye una decisión soberana y plantea una pregunta que no puede responderse solamente con una planilla de costos: ¿debe el Estado limitarse a vigilar desde la orilla mientras una empresa extranjera administra la navegación del río, recauda sus peajes y controla información estratégica sobre el flujo del comercio nacional?

La historia argentina conoce bien esa pregunta.

En 1845, las flotas de Gran Bretaña y Francia intentaron imponer la libre navegación de los ríos interiores y abrir por la fuerza nuevos mercados para sus mercancías. En la Vuelta de Obligado consiguieron quebrar las defensas y cortar las cadenas tendidas sobre el Paraná, pero no alcanzaron el objetivo económico y político de la expedición.

La resistencia continuó a lo largo del río. Durante el regreso, las baterías comandadas por Lucio Norberto Mansilla castigaron duramente a la flota en Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846. Aquella batalla no produjo por sí sola una retirada inmediata, pero volvió ruinosa la aventura comercial y contribuyó a modificar la relación de fuerzas. Después de prolongadas negociaciones, Gran Bretaña y Francia reconocieron la soberanía argentina y sus derechos sobre la navegación de los ríos interiores.

San Martín comprendió perfectamente lo que estaba en juego. Desde el exilio felicitó a Rosas por la defensa de la soberanía y dispuso en su testamento que le fuera entregado el sable que lo había acompañado durante la emancipación americana, como reconocimiento por la firmeza con que había sostenido el honor de la República frente a las pretensiones extranjeras.

La historia no se repite de manera literal. Hoy no hay cañoneras anglo-francesas avanzando por el Paraná ni baterías emplazadas sobre las barrancas. La subordinación puede presentarse con modales más civilizados: pliegos licitatorios, contratos de concesión, sociedades multinacionales, peajes dolarizados y promesas de eficiencia logística. Las cadenas que Mansilla tendió sobre el río han sido sustituidas por cadenas de valor; pero la pregunta continúa siendo quién las controla y en beneficio de quién funcionan.

Parafraseando a Borges: si por el río de sueñera y de barro las proas vinieron a fundarnos la patria, hoy, por ese mismo río, se alejan las popas de quienes se la llevan.

La deuda externa completa esa reducción material de la autonomía. La soberanía jurídica puede permanecer formalmente intacta mientras se estrecha la capacidad efectiva de decidir. Un Estado endeudado conserva su bandera, pero debe someter sus políticas al examen de sus acreedores. Un Estado que concede a una empresa extranjera la administración de la principal vía de su comercio exterior continúa siendo titular del río, pero renuncia durante décadas a gestionarlo directamente. No desaparece la soberanía: se la adelgaza hasta convertirla en una competencia residual de vigilancia y control.

También por eso resulta reveladora la nostalgia de Milei por aquel supuesto “dorado tiempo pasado” en que la Argentina habría sido la primera potencia mundial.

La afirmación confunde indicadores diferentes. Algunas reconstrucciones estadísticas ubican al país, durante ciertos años de fines del siglo XIX, entre los de mayor producto por habitante. Pero eso no lo convertía en la primera potencia industrial, tecnológica, financiera, científica o militar del planeta. Según la serie histórica utilizada habitualmente para estas comparaciones, en 1900 la Argentina ocupaba el puesto decimotercero entre los países relevados por producto per cápita, no el primero como sostiene Milei.

Más importante todavía: un promedio elevado no informa quiénes poseían esa riqueza, cómo estaba distribuida, quién controlaba la tierra ni quién decidía sobre los ferrocarriles, los frigoríficos, el crédito, los puertos y el comercio exterior. La llamada Argentina “potencia” era próspera para una minoría de grandes propietarios y estaba integrada al mundo en una posición dependiente: exportaba materias primas, importaba manufacturas y necesitaba financiamiento, transporte y mercados principalmente británicos.

El mito mileísta confunde crecimiento con soberanía y riqueza exportable con desarrollo nacional.

Su genealogía puede remontarse al empréstito contratado en 1824 por el gobierno de Buenos Aires con la casa Baring Brothers, durante la gestión de Martín Rodríguez y de sus ministros Bernardino Rivadavia y Manuel José García. Aquel millón de libras nominales llegó sustancialmente reducido por descuentos, comisiones e intereses y abrió una prolongada historia de endeudamiento externo y condicionamiento financiero.

Continuó con el modelo agroexportador consolidado entre 1880 y 1930. Produjo crecimiento, inmigración, expansión ferroviaria y transformación urbana, pero dejó al país expuesto a la demanda externa, al capital británico y a una estructura territorial dominada por grandes propietarios. Su vulnerabilidad quedó al desnudo con la crisis mundial y desembocó, en 1933, en el Pacto Roca-Runciman. A cambio de conservar una cuota de carne en el mercado británico, aquel tratado aseguró condiciones preferenciales a los capitales ingleses, limitó la participación de frigoríficos argentinos y consolidó el control extranjero de actividades estratégicas. FORJA lo llamaría el “estatuto legal del coloniaje”. Incluso el Archivo Histórico de la Cancillería reconoce que el convenio cristalizó el carácter dependiente de la economía argentina respecto de Gran Bretaña.

Ese es el pasado que el mileísmo embellece y propone restaurar: la deuda presentada como confianza internacional, la dependencia convertida en apertura, la extranjerización denominada inversión y la cesión de instrumentos soberanos celebrada como modernización. El “Make Argentina Great Again”, el “MAGA criollo” promete devolvernos a una grandeza que nunca existió como soberanía compartida por el pueblo. Su dorado siglo XIX era dorado, sobre todo, para quienes poseían la tierra, financiaban la deuda y controlaban los barcos que entraban y salían de los puertos.

El proyecto peronista que Milei detesta intentó invertir ese paradigma mediante tres formulaciones inseparables: soberanía política, independencia económica y justicia social. No porque haya resuelto todas las dependencias ni porque su historia carezca de contradicciones, sino porque comprendió que una comunidad no es soberana cuando sus decisiones políticas quedan subordinadas a los acreedores, a los propietarios concentrados o a los centros extranjeros de poder.

La afectación producida por el mileísmo es, entonces, doble.

Ad intra, disciplina a quienes deberían constituir la soberanía: provincias, representantes y pueblos hermanos. Ad extra, subordina decisiones estratégicas a acreedores, compañías multinacionales y potencias cuyos gobernantes no han sido elegidos por ningún ciudadano argentino.

Belgrano y San Martín comprendieron las dos dimensiones del problema. Hacia dentro, el poder debía encontrar su legitimidad en los pueblos y servir al bien común. Hacia fuera, ninguna corona, flota, acreedor o imperio debía decidir por ellos.

Entre San Martín y Milei, por lo tanto, no se discute solamente qué política económica resulta más eficiente ni cuál debe ser el tamaño del Estado. Se enfrentan dos concepciones de soberanía.

Para una, la comunidad se organiza para decidir su propio destino. Para la otra, el Gobierno disciplina al pueblo hacia dentro y ofrece previsibilidad a los poderes de afuera.

La soberanía tiene dos caras inseparables: hacia dentro, el pueblo manda; hacia fuera, no manda otro.

El mileísmo debilita las dos.

Perón y la disputa por el panteón nacional

En 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, fue creado el Liceo Militar General Belgrano. El decreto fundacional declaraba que estas escuelas debían formar oficiales de reserva y bachilleres que luego se volcaran a las universidades y constituyeran “una generación de profesionales formados bajo el mismo régimen de estudios”, orientado hacia lo que entonces se denominaba “el verdadero sentido de la argentinidad” (Altisen, 2026, p. 22).

La finalidad trascendía el reclutamiento militar. Se pretendía distribuir por la sociedad civil una generación de profesionales atravesados por una formación común.

En 1950, al cumplirse el centenario de la muerte de San Martín, la Ley 13.661 declaró el Año del Libertador. Se multiplicaron homenajes, publicaciones, monumentos, actos escolares y discursos que inscribieron al prócer en la doctrina de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

Sin embargo, la operación del peronismo sobre el panteón nacional no fue idéntica a la de la oligarquía conservadora. Perón no presentó a San Martín únicamente como modelo abstracto de disciplina. Lo incorporó a una genealogía de la soberanía nacional frente a los poderes imperiales y de la comunidad organizada frente al privilegio individual.

En Santa Fe, esa disputa adquirió una curiosa inscripción territorial. En 1950, Pueblo Paganini pasó a llamarse Granadero Baigorria; Pueblo Juan Ortiz se convirtió en Capitán Bermúdez y Puerto Borghi fue rebautizado Fray Luis Beltrán. Tres apellidos vinculados con propietarios o empresarios fueron desplazados por los nombres de protagonistas de la gesta sanmartiniana.

Los tres homenajeados encarnaban, además, funciones diferentes de aquella empresa colectiva: Baigorria había protegido el cuerpo de San Martín; Bermúdez sostuvo la conducción del combate cuando su jefe cayó, y Beltrán proporcionó buena parte de los medios materiales sin los cuales ningún ejército habría podido cruzar una cordillera.

Justo Germán Bermúdez no fue simplemente otro oficial presente en San Lorenzo. San Martín había dividido a sus granaderos en dos columnas y le confió el mando de una de ellas, encargada de atacar el flanco realista. Cuando el caballo de San Martín cayó y el coronel quedó aprisionado bajo el animal, Bermúdez permaneció como principal jefe operativo sobre el terreno. Su columna condujo la segunda carga, quebró la resistencia española y empujó a los realistas hacia las barrancas, llevando a término el combate. Gravemente herido en una pierna durante la acción, murió once días después. La ciudad que lleva su nombre recuerda, por lo tanto, al hombre que evitó que la batalla se desarticulara cuando su comandante quedó fuera de acción.

Fray Luis Beltrán tampoco fue una figura ornamental de aquella empresa emancipadora. San Martín le confió la dirección de la Maestranza del Ejército de los Andes, donde organizó los talleres encargados de fabricar y reparar armas, municiones, piezas de artillería, herramientas, arneses y otros pertrechos indispensables. Atravesó la cordillera al frente del parque y la maestranza y continuó abasteciendo las campañas libertadoras de Chile y Perú. Su nombre recuerda que la independencia no fue solamente obra de generales montados en caballos de bronce: necesitó también del conocimiento técnico, el trabajo artesanal y la inventiva puestos al servicio de una causa común.

El cambio de Paganini por Baigorria resulta especialmente elocuente.

Lisandro Paganini Sáenz había adquirido en 1884 tierras pertenecientes a Francisco Villarruel y a Carlos Casado del Alisal, poderoso empresario colonizador y ferroviario, organizador y primer presidente del Banco Provincial de Santa Fe, habitualmente recordado como su fundador. Paganini conocía el proyecto de instalar una estación ferroviaria en la zona y promovió alrededor de ella el trazado y loteo del futuro pueblo. La fundación fue, por lo tanto, también una operación de valorización territorial: comprar tierras, parcelarlas, atraer arrendatarios y pobladores y venderlas cuando la llegada del ferrocarril hubiera multiplicado su precio.

Las leyes provinciales favorecían estas iniciativas mediante exenciones tributarias para los propietarios que fundaran pueblos y colonias junto a las nuevas líneas ferroviarias. El mercado inmobiliario, tantas veces narrado como fruto espontáneo de la iniciativa individual, encontraba así el terreno previamente desmalezado por decisiones, concesiones e incentivos estatales. Paganini encargó la traza, destinó el espacio para la estación y organizó el loteo aprobado en 1889.

Aquel dispositivo era plenamente capitalista en su finalidad y cuasi feudal en su organización social. No se trataba, desde luego, de feudalismo en sentido jurídico estricto. Pero el gran propietario concentraba la tierra, decidía la traza, convocaba arrendatarios, vendía o alquilaba los lotes, recibía beneficios fiscales y, como coronación simbólica de su dominio, prestaba su apellido al pueblo. La localidad aparecía como una prolongación urbanizada de la finca: una estancia loteada, provista de estación ferroviaria y elevada a la dignidad de municipio.

Esa estructura tuvo también su intermediario territorial. Juan —o Giovanni— Orsetti, inmigrante italiano y uno de los primeros pobladores estables del paraje, fue el hombre de Paganini sobre el terreno. Comenzó como puestero y arrendatario y quedó encargado de explotar las tierras y subarrendar parcelas a otros inmigrantes. Si se permite la analogía social —no jurídica—, fue una suerte de Vasallo próspero de aquel Señor ausente: cultivaba el dominio, incorporaba nuevos arrendatarios y mediaba entre el propietario y la población que comenzaba a formarse.

Pero Orsetti no permaneció como un dependiente pasivo. Cultivó alfalfa para las empresas de tranvías de Rosario, abrió una posta y casa de comidas, promovió la primera escuela del paraje y alcanzó una posición económica y social relevante. Su hijo Indalecio presidió posteriormente la primera Comisión de Fomento. La relación entre Paganini y los Orsetti muestra así cómo el dominio territorial podía transformarse en poder político local y transmitirse mediante una pequeña jerarquía de propietarios, administradores, arrendatarios y notables. Todavía hoy una extensa calle de Granadero Baigorria lleva el nombre de Juan Orsetti, aunque muchos de quienes la transitan probablemente ignoren que recuerda al hombre que hizo funcionar, sobre el terreno, la propiedad de Paganini.

Juan Bautista Baigorria, en cambio, fue uno de los granaderos que auxiliaron a San Martín cuando su caballo cayó durante el combate de San Lorenzo. Mientras Juan Bautista Cabral procuraba liberarlo del animal, Baigorria abatió al soldado realista que se disponía a herirlo con la bayoneta.

De un lado, el propietario y la cadena de intermediarios que podían convertir el territorio en negocio y poder local. Del otro, los nombres de quienes habían arriesgado la vida, sostenido el combate y poniendo en juego su propia vida como aporte a una empresa emancipadora.

El reemplazo no borró toda la memoria anterior —las calles Paganini y Orsetti todavía la conservan— ni deshizo la estructura de la propiedad. Pero desplazó su centro simbólico: el pueblo dejó de llevar el apellido del Amo y comenzó a recordar a uno de los hombres que desde su modesto lugar había hecho posible el inicio de la gran gesta emancipadora de los pueblos de América. No un negocio individual, sino una empresa colectiva.

La reserva ideológica

La última dictadura no fue una interrupción militar de una Argentina civil inocente. Fue una alianza cívico-militar, empresarial, judicial, mediática y eclesiástica destinada a transformar por la fuerza la sociedad.

Lo que sucede es que la abundancia de uniformes puede inducir un error de lectura. Hablamos tanto de los militares que terminamos atribuyéndoles el papel principal de una obra cuyo argumento había sido escrito, en gran medida, fuera de los cuarteles. La última dictadura no fue simplemente un proyecto militar acompañado por algunos civiles: fue un proyecto civil de reorganización económica y social ejecutado mediante el aparato militar. Empresarios, bancos, grandes propietarios, estudios jurídicos, medios de comunicación, jueces y sectores eclesiásticos no constituyeron un coro secundario alrededor de los generales. Fueron promotores, legitimadores o beneficiarios de un orden que necesitaba del terror para imponerse.

El centro de gravedad del régimen no residía en un abstracto gusto castrense por la disciplina. Consistía en destruir organizaciones obreras, políticas, estudiantiles y territoriales; disciplinar el trabajo, redistribuir regresivamente la riqueza, endeudar al país y transferir recursos hacia los sectores concentrados. El uniforme administró el terror; el capital privado cobró los dividendos.

Esto no convierte a los militares en simples empleados ni disminuye su responsabilidad criminal. Las Fuerzas Armadas aportaron su propia doctrina, sus cadenas de mando, sus servicios de inteligencia, sus centros clandestinos y una autonomía represiva que produjo secuestros, torturas, desapariciones, apropiaciones de niños y asesinatos. Si se admite la metáfora, fueron los perros guardianes de los intereses civiles dominantes; pero no perros pasivos ni inocentes. Sabían qué propiedad custodiaban, eligieron a quiénes morder y desarrollaron incluso un placer corporativo en el ejercicio de la cacería. Su condición de brazo armado de un proyecto de clase no los exculpa: permite comprender para qué sirvió su criminalidad.

Los liceos militares ocuparon un lugar singular en esa trama. No eran estrictamente cuarteles ni escuelas civiles corrientes. Funcionaban como una bisagra entre el aparato castrense y la sociedad civil. Formaban oficiales de reserva que luego se distribuían por universidades, empresas, tribunales, dependencias estatales, partidos políticos y profesiones liberales. La pedagogía castrense se proyectaba así mucho más allá de las Fuerzas Armadas: introducía sus jerarquías, sus obediencias y su concepción del orden en los espacios donde se administraban la economía, la justicia, la cultura y el Estado.

Como advertí en Contramarcha, estas escuelas no se proponían solamente formar una reserva militar para tiempos de conflicto. Procuraban también forjar una “reserva ideológica” que pudiera intervenir en una futura recaptura del Estado (Altisen, 2026, p. 134).

El espíritu de cuerpo no terminaba en el portón del liceo. Podía prolongarse en redes civiles de reconocimiento, ayuda mutua e influencia. La institución preparaba personas para actuar en la sociedad, pero marcadas por una “pertenencia” —asaz elitista— anterior a sus opciones profesionales o políticas y por la certeza de integrar una minoría “distinta”, especialmente formada para mandar y custodiar.

Durante la dictadura, aquella identidad encontró un clima propicio. La sociedad fue organizada mediante oposiciones elementales: orden o subversión, patria o antipatria, obediencia o caos. El ciudadano crítico podía convertirse en enemigo interno; el empresario beneficiado, en representante de la normalidad.

Leído al derecho, el dispositivo parece protagonizado por militares que recibieron apoyo civil. Leído al revés, deja ver su funcionamiento más profundo: los sectores civiles dominantes determinaron qué propiedad debía protegerse, quiénes podían disfrutarla y a quiénes convenía expulsar de ella. La pedagogía castrense formó al guardián dispuesto a obedecer y atacar. El poder económico señaló la finca, identificó al intruso y permaneció detrás del muro.

Hasta el día de hoy, aquellos y su cría siguen deambulando impunes por conspicuos escenarios de nuestra vida social y disfrutando de los pingües negocios que sus serviles canes verde oliva les ayudaron a obtener… no sin sangre.

Milei: el sable y la motosierra

Cincuenta años después del golpe de 1976, el gobierno de Milei vuelve a reunir dos lenguajes que nunca estuvieron tan separados como pretendían sus propagandistas: el autoritarismo del orden y el absolutismo del mercado.

En el terreno educativo, el llamado Plan Liceos Militares 2030 desmanteló los intentos anteriores de democratización. La contrarreforma devolvió a las Fuerzas Armadas amplios márgenes para definir la orientación pedagógica, el régimen de internado, las normas disciplinarias y la instrucción militar de sus establecimientos. También reafirmó el “estado militar” de los cadetes de los últimos años y su vinculación con la reserva, debilitando el principio de voluntariedad que las reformas anteriores habían intentado garantizar (Altisen, 2026, pp. 151-154).

La operación es coherente. Se aparta a los pedagogos y se devuelve a las Fuerzas la potestad de definir cómo deben educarse niñas, niños y adolescentes dentro de establecimientos que dependen de ellas. La militarización deja de presentarse como un aspecto parcial de la formación y vuelve a ser proclamada como la esencia que distingue a los liceos de cualquier otra escuela.

Al mismo tiempo, el Gobierno reivindica la disciplina, rehabilita discursos castrenses de la dictadura, promueve una “memoria completa” funcional al negacionismo y devuelve el sable de San Martín al lugar donde lo había colocado Onganía.

Por otro lado, presenta la soberanía económica, territorial y ambiental como un obstáculo que debe ceder ante el derecho de propiedad y las inversiones. Hay varios ejemplos de eso…

El “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) concede estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante décadas a grandes emprendimientos. En febrero de 2026, el Poder Ejecutivo prorrogó por un año el plazo para adherirse al régimen a partir del 8 de julio.

El Gobierno bautizó otra de sus iniciativas como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La sociedad, atendiendo menos al envoltorio jurídico que a sus consecuencias materiales, la rebautizó como “ley de extranjerización de la tierra”. El proyecto original procuraba eliminar los límites para la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras, incluso en regiones fronterizas y zonas dotadas de recursos estratégicos.

Pero su suerte no se decidió solamente mediante negociaciones entre senadores. El proyecto provocó un movimiento de repudio de alcance federal, sostenido por organizaciones sindicales, sociales, ambientales, campesinas, indígenas, académicas, políticas y religiosas. Hubo convocatorias y manifestaciones en distintas provincias y una movilización multitudinaria frente al Congreso que continuó bajo la lluvia y fue salvajemente reprimida por las fuerzas de seguridad. Pero el pueblo no se amedrentó. La consigna “la Patria no se vende” circuló por plazas, calles, recitales y redes sociales, y consiguió reunir sensibilidades políticas muy diferentes alrededor de una palabra que el mercado había procurado volver anacrónica: soberanía.

La presión popular fue tan mayúscula que logró alterar la relación de fuerzas parlamentaria. Después de varias postergaciones por falta de votos, el oficialismo debió retirar el capítulo que desarmaba las restricciones a la extranjerización de la tierra y, posteriormente, también aquel que debilitaba las prohibiciones de modificar el uso productivo de superficies afectadas por incendios. Recién entonces, el 7 de agosto, el Senado concedió media sanción a un texto ya tan mutilado que representaba más una derrota que un logro del Gobierno Libertario y así lo remitió a la Cámara de Diputados.

Pero la victoria popular todavía no es definitiva: el oficialismo ya ha manifestado que no renuncia a modificar el régimen vigente. Sin embargo, el episodio posee una importancia política que excede en mucho al resultado parlamentario. En una época en la que se nos invita a considerar el territorio como un activo, el agua como una mercancía y la soberanía como una antigualla costosa, reapareció desde abajo una certeza elemental: la tierra no es una propiedad negociable; es el espacio común donde un pueblo decide su destino.

Empero, Milei no oye… El criterio ordenador del Gobierno continúa siendo qué condiciones exige el capital para decidirse a invertir. Sin embargo, lo verdaderamente relevante es que el resurgimiento del espíritu soberanista volvió a introducir la pregunta que Milei pretendía borrar: ¿qué necesita preservar la comunidad nacional en cuanto tal para poder seguir siendo libre? La respuesta sigue en disputa política. El pueblo ya respondió impidiendo que la patria se vendiera. Por ahora.

La misma contradicción aparece en Malvinas: el Gobierno dice una cosa y hace otra. Por ejemplo, ha reiterado formalmente el reclamo argentino desconociendo la legalidad del proyecto petrolero Sea Lion y anunció acciones diplomáticas. En tal sentido, no corresponde afirmar que haya reconocido jurídicamente la explotación británica. Pero mientras las declaraciones se suceden, las empresas avanzan sobre un recurso estratégico en un territorio argentino ocupado por extranjeros y proyectan convertir el petróleo en la nueva base económica de las islas. O sea que Milei hace como que no reconoce, pero deja hacer.

Más grave todavía es el desplazamiento introducido por el propio Milei. En 2025 afirmó que “el voto más importante de todos es el que se hace con los pies” y expresó su deseo de que algún día los habitantes de las islas eligieran ser argentinos. La frase puede parecer conciliadora, pero altera el fundamento histórico y jurídico del reclamo nacional: traslada la soberanía desde una disputa territorial entre la Argentina y el Reino Unido hacia la voluntad de la población instalada por la potencia ocupante.

La Argentina se ha comprometido a respetar los intereses y el modo de vida de los isleños, pero no reconoce que puedan decidir a qué Estado pertenece el territorio. No se trata de un pueblo originario sometido por una potencia colonial, sino de una población británica implantada después de la ocupación de 1833 y de la expulsión de las autoridades y los pobladores argentinos. Concederle la autodeterminación equivaldría a permitir que el usurpador trasladara a sus propios habitantes, organizara luego una votación entre ellos y presentara el resultado como legitimación democrática del despojo. Sería el colonialismo plebiscitándose a sí mismo. Esa diferencia forma parte de la posición sostenida por la Argentina ante las Naciones Unidas y de la naturaleza “especial y particular” que la ONU reconoce en esta disputa.

La banalización mercantil de Malvinas tampoco comenzó con esa frase. En 2021, Patricia Bullrich —más tarde ministra de Milei y hoy legisladora— declaró, durante la controversia por las vacunas contra el COVID-19, que a Pfizer “le podríamos haber dado las Islas Malvinas”. Después intentó presentar sus palabras como una expresión desafortunada, pero el lapsus había revelado una concepción: si la operación resulta conveniente, hasta la soberanía puede ofrecerse como garantía.

Otras voces vinculadas al oficialismo llevaron posteriormente esa lógica hasta su conclusión más obscena: vender las islas al Reino Unido “si es negocio”.

La soberanía queda así reservada para los discursos del 2 de abril, mientras durante el resto del año se la somete al vocabulario del mercado: preferencia individual, rentabilidad, inversión, garantía, compraventa. Los negocios continúan y el petróleo avanza. La bandera se iza para las ceremonias; la escritura de cesión queda preparada en el despacho contiguo.

En ese desplazamiento de la soberanía desde la comunidad política hacia el individuo propietario adquiere otra resonancia la posición de Emilio Ocampo, economista asociado al proyecto dolarizador de Milei y descendiente de Carlos María de Alvear. Desde años antes del surgimiento electoral de La Libertad Avanza, Ocampo venía proponiéndose derribar lo que denomina los dos grandes “mitos” de la historia oficial: que San Martín haya sido el Padre de la Patria y el Libertador de América.

Su parentesco con Alvear no refuta sus argumentos y su tesis merece discutirse historiográficamente. Pero tampoco hace falta establecer una relación causal para reconocer la afinidad política entre esa impugnación y el universo libertario al que luego se incorporó. El prócer que subordinó su fortuna, su carrera y sus intereses personales a la independencia continental resulta difícil de acomodar en una doctrina donde la comunidad es apenas una suma de propietarios, el mercado sustituye al pueblo y la única soberanía considerada auténtica pertenece al individuo.

¡Pobre San Martín! Una parte del universo libertario procura disminuirlo; la otra lo embalsama como reliquia militar. Una le discute la paternidad de la patria; la otra conserva al padre, pero pretende dejar huérfana su política. Ambas operaciones coinciden en separarlo de la concepción de soberanía popular, nacional y americana por la que combatió. Convertido en personaje secundario o inmovilizado sobre un pedestal, ya no puede interpelar a quienes pronuncian su nombre mientras entregan aquello que el Libertador llamó patria soberana.

Liberar al Libertador

Si una parte del universo libertario procura disminuir a San Martín y otra prefiere inmovilizarlo sobre un pedestal, queda una tercera tarea: liberarlo de ambas operaciones.

Volvamos entonces al Liceo Militar General San Martín. El problema no es que una institución castrense lleve el nombre del Libertador. El problema es qué San Martín se enseña allí y qué se hace políticamente con su nombre.

Si se presenta solamente al conductor disciplinado, al estratega severo y al general obedecido, el prócer sirve para justificar la obediencia. Si se muestra también al hombre que distinguió entre autoridad y legitimidad, entre disciplina y sometimiento, entre guerra de liberación y represión interna, su ejemplo puede producir el efecto contrario: enseñar que una orden no se vuelve justa por provenir de un superior y que el deber militar encuentra su límite allí donde comienza la servidumbre contra el propio pueblo.

San Martín fue militar. Pero su trayectoria impide identificar sin más lo militar con lo patriótico. Hubo militares que lucharon para liberar pueblos y militares que secuestraron, torturaron, asesinaron y robaron niños. Hubo civiles que abandonaron sus profesiones y fortunas para combatir por la independencia, y civiles que entregaron a sus trabajadores para que fueran secuestrados y desaparecidos.

El uniforme no contiene una ética. Tampoco la garantiza.

Una pedagogía verdaderamente sanmartiniana debería formar personas capaces de preguntarse a qué causa sirve la disciplina que se les exige. Debería enseñar que las Fuerzas Armadas pertenecen a la comunidad política y no la comunidad política a las Fuerzas Armadas. Debería comprender que la soberanía popular no termina donde comienza la cadena de mando y que ninguna jerarquía administrativa puede situarse por encima de la legitimidad democrática.

Sobre todo, debería renunciar a formar “distintos”.

La democracia no necesita una hermandad separada del resto de la sociedad ni una reserva moral que se considere destinada a tutelarla. Necesita ciudadanos capaces de asumir responsabilidades comunes, incluidos quienes elijan la profesión militar. La especificidad de una función no concede superioridad ética ni convierte a nadie en integrante de una estirpe patriótica.

San Martín no cruzó los Andes para que algunos argentinos pudieran sentirse diferentes de los demás. Los cruzó para que ningún pueblo continuara perteneciendo a otro.

Cada 17 de agosto sería saludable retirar por un momento al Libertador del bronce, del sable, del desfile y del discurso aprendido. Devolverle sus desacuerdos, sus decisiones, sus ambivalencias y, sobre todo, su negativa a someter el ejército libertador a quienes pretendían desviarlo de la causa americana para emplearlo en guerras internas.

Liberar al Libertador significa impedir que su nombre se convierta en instrumento de aquello contra lo que combatió. Significa recordar que la emancipación no fue obra de una reliquia ni una virtud contenida mágicamente en un uniforme, sino el resultado de una comunidad movilizada alrededor de una causa.

Si eso se pierde de vista, San Martín habrá sido derrotado otra vez. Esta vez —¡oh, paradoja!— por quienes se cuadran ante su retrato, pronuncian discursos en su honor y obedecen a los poderes frente a los cuales él habría vuelto a desenvainar el sable corvo.

Referencia bibliográfica:

Altisen, C. (2026) Contramarcha: Un trayecto por el secundario de los milicos. Prohistoria ediciones.

Disponible en: https://prohistoria.com.ar/#!/producto/3086/