Continuidades desde la Dictadura hasta Milei
Pedagogía castrense, parte 6.-
Introducción: Las Fuerzas Armadas en la encrucijada de la historia
A medio siglo del golpe de Estado civil, eclesiástico y militar que en 1976 instauró el más sangriento terrorismo de Estado en la Argentina, nos encontramos ante un escenario de paradojas inquietantes. Mientras la democracia intenta consolidar sus instituciones, emergen discursos que pretenden exhumar las lógicas de la exclusión y la crueldad bajo nuevas formas de legitimación política que dañan la calidad democrática de nuestra sociedad.
El presente artículo se propone desentrañar la «pedagogía castrense» en su sexta entrega, analizando cómo los liceos militares y la formación de los cuadros de defensa han funcionado, históricamente, como un territorio en disputa entre dos proyectos de país irreconciliables.
No se trata simplemente de un recorrido por la instrucción técnica de las armas. Nuestra indagación se adentra en la construcción de la subjetividad política y en la «disputa por el alma» de las Fuerzas Armadas. Desde la fractura fundacional de 1810 entre el proyecto de Nación soberana de San Martín y Belgrano y el modelo de País-Granja de Alvear y Rivadavia, la formación del militar ha oscilado entre ser el «pueblo en uniforme» o el «cancerbero de la casta». Hoy, con la implementación del Plan Liceos 2030 y la restauración de una estética de la crueldad, asistimos a un intento de «resetear» la memoria histórica para subordinar nuevamente la fuerza al capital internacional y a la deshumanización del otro.
A través de las huellas testimoniales recogidas en mi obra CONTRAMARCHA (2026) y del andamiaje teórico de pensadores como Silvia Bleichmar, Michel Foucault y Giorgio Agamben, exploraremos la posibilidad de una refundación ética. Proponemos una «pedagogía de la democracia» que rompa con la «manu militari» que solo pone límites externos, para pasar a construir legalidades internas basadas en el reconocimiento del semejante. En un mundo que está siendo devastado por un puñado de tiranos, la lucidez intelectual y la perspectiva de derechos humanos en la formación militar no son una utopía, sino la contramarcha posible para recuperar la soberanía y proteger a nuestra juventud en orden a darle la oportunidad de forjar su futuro.
1.- ¿Para qué sirven las fuerzas armadas?
El nacimiento de las fuerzas armadas es, en esencia, la historia de la transición de la violencia tribal a la violencia institucionalizada. Su origen está intrínsecamente ligado a la aparición de la propiedad, el territorio y, finalmente, la conformación del Estado como tal. No se trata de un fenómeno espontáneo, sino de un proceso civilizatorio —y a menudo represivo— que podemos rastrear en su evolución a través de cuatro etapas fundamentales que definieron la subjetividad del combatiente y su función social.
En la Antigüedad, asistimos al paso del «Guerrero» al «Soldado». En las sociedades nómadas originales, no existía una distinción tajante entre lo civil y lo militar; todo hombre capaz de cazar era, potencialmente, un guerrero. La verdadera semilla de las fuerzas armadas surge con la Revolución Urbana en Mesopotamia y Egipto, impulsada por dos motores: el sedentarismo y la especialización. Al acumular excedentes agrícolas, surgió la necesidad imperiosa de proteger el grano de los saqueos externos e internos. Por primera vez en la historia, el soberano pudo mantener a un grupo de hombres que no cultivaban la tierra, sino que se dedicaban exclusivamente a la gestión de la violencia. Aquí nace el «soldado»: etimológicamente, aquel que recibe un sueldo o paga, marcando el inicio de la profesionalización del brazo armado.
Posteriormente, el modelo de la Ciudad-Estado en Grecia y Roma introdujo la noción de «ejército ciudadano».
En Grecia, esta idea cristalizó en la falange hoplítica: una formación de infantería donde los ciudadanos combatían hombro con hombro, uniendo sus escudos y lanzas para crear un muro impenetrable. Este dispositivo táctico no solo era militar, sino profundamente político, ya que vinculaba directamente el estatus de ciudadano con el deber inalienable de defender la polis.
Sin embargo, fue en Roma donde se dio el paso definitivo hacia la profesionalización institucional con las reformas de Mario en el año 107 a.C. El ejército dejó de ser una milicia temporal para convertirse en una fuerza permanente, dotada de jerarquías rígidas, uniformes y una logística compleja, sirviendo al Estado republicano, primero, y después de la reforma al Emperador antes que a su comunidad local inmediata.
Tras la caída de Roma, durante el feudalismo medieval, este poder militar se fragmentó. Las fuerzas armadas como institución nacional desaparecieron; el poder se diluyó en lealtades personales de vasallos hacia señores feudales, conformando huestes temporales que se disolvían tras la batalla.
El punto de inflexión fundamental hacia la modernidad se produjo entre los siglos XVII y XIX.
Con la Paz de Westfalia (1648) y el surgimiento del Estado-nación, se opera una centralización definitiva: los monarcas eliminan los ejércitos privados de los nobles y el Estado reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Se crean los Ministerios de Guerra, las academias militares y sistemas de suministros constantes que burocratizan la fuerza. Tras la Revolución Francesa, este proceso alcanza su apogeo con la «leva en masa» decretada en 1793. Esta política de reclutamiento obligatorio y masivo para hombres solteros de 18 a 25 años de edad transformó radicalmente la naturaleza del combate al establecer el concepto de “guerra en masa”. En este nuevo paradigma, el soldado ya no lucha por un sueldo o por la lealtad a un señor, sino por la “Patria”. Las fuerzas armadas se convierten así en el símbolo máximo de la soberanía nacional y en el brazo armado de la voluntad popular.
Una mirada desde la subjetividad y el poder
Si analizamos este nacimiento desde una óptica foucaultiana —crucial para entender los dispositivos que analizo en mi obra—, las fuerzas armadas modernas nacen también como una tecnología de disciplina. El cuartel fue uno de los primeros laboratorios sociales donde se moldeó el «cuerpo dócil»: a través del entrenamiento exhaustivo, el uso del uniforme y el rigor del orden cerrado, el individuo es anulado en su singularidad para convertirse en una pieza intercambiable de una maquinaria estatal de control social. En la historia argentina, este proceso tuvo un matiz particular y fundante: las fuerzas armadas nacieron antes que el propio Estado consolidado, siendo ellas las que «dibujaron» los límites del territorio durante las guerras de independencia y las campañas del siglo XIX, lo que les otorgó una autopercepción de «preexistencia» y «superioridad moral» respecto de la ley civil.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se definen como instituciones estatales cuya función primordial es garantizar la soberanía y la integridad territorial de la nación. Aunque su rol ha evolucionado según el contexto histórico y político, sus funciones suelen estructurarse en tres niveles críticos.
El primero es la Defensa Externa y Soberanía, que constituye la misión clásica y fundante: existir para disuadir o repeler cualquier agresión militar extranjera. Esto implica no solo la vigilancia de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, sino también la protección de recursos estratégicos —activos vitales como reservas de agua, energía o minerales— que hoy son el centro de las disputas globales.
El segundo nivel abarca las Funciones de Paz y Cooperación Internacional, donde, bajo mandatos de organismos como la ONU, participan en misiones de Cascos Azules para estabilizar zonas de conflicto y proteger civiles.
Finalmente, el tercer nivel refiere al Apoyo a la Comunidad y Protección Civil. En tiempos de paz, las fuerzas actúan en situaciones de emergencia donde la logística civil se ve desbordada, como inundaciones, terremotos o la reciente experiencia global de la pandemia de COVID-19, aportando transporte pesado, hospitales de campaña y distribución de suministros.
Desde una perspectiva teórica y política más densa —atendiendo a la biopolítica y la filosofía del poder—, las FF.AA. representan el brazo ejecutor del monopolio de la fuerza física legítima, siguiendo la definición de Max Weber. Son el instrumento del Estado en el «estado de excepción» (Agamben), ese espacio donde la ley puede suspenderse para preservar la existencia misma del orden político.
Es fundamental notar que, en el contexto argentino, la Ley de Defensa Nacional establece una distinción que las élites a menudo intentan borrar: las FF.AA. deben ocuparse estrictamente de agresiones de origen externo (estatales), mientras que la seguridad interior debe quedar en manos de las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policías). Esta frontera jurídica es la que hoy se ve amenazada por discursos que pretenden retornar a una militarización de la vida civil.
2.- San Martín y Alvear: La disputa ontológica entre el Proyecto de Nación y el País-Granja.
Si en el apartado anterior definimos a las fuerzas armadas como el brazo ejecutor del monopolio de la violencia legítima del Estado, es imperativo preguntarnos ahora sobre qué matriz ética y política se asienta ese brazo. La institución militar no opera en el vacío; su subjetividad se construye en la tensión permanente entre dos modelos antagónicos de país.
Al entronizar hoy la figura de Alvear y desplazar deliberadamente a San Martín y Belgrano, el discurso libertario no solo está eligiendo «héroes» de ocasión, sino que está intentando reescribir la ontología misma de la argentinidad para adaptarla a la estética del mercado y la sumisión colonial. Asistimos a lo que podríamos llamar la batalla final entre el proyecto de Nación (San Martín / Belgrano / Perón) y el proyecto de Granja proveedora de materias primas (Alvear / Rivadavia / Milei).
San Martín y Belgrano: La ética de la soberanía
En nuestra historia nacional, el General José de San Martín es el «guerrero filósofo» por excelencia. Su formación no fue para la vigilancia interna ni para la custodia de intereses minoritarios, sino para la liberación continental del pueblo oprimido. El Ejército de los Andes no era una fuerza mercenaria; era una construcción social —integrada por esclavos libertos, campesinos y artesanos— unida por un ideal ético y un objetivo político de soberanía radical. Por su parte, Manuel Belgrano representa la figura del civil que se hace militar por necesidad histórica, pero que dona sus premios de guerra para fundar escuelas, encarnando así la pedagogía de la patria.
El odio libertario hacia estos próceres se manifiesta en su intento de «cancelarlos» o edulcorarlos, porque su legado es el de un Estado fuerte y soberano, capaz de organizar la vida del pueblo y la dinámica económica para el bien común. Eso es, precisamente, lo que la actual gestión de Javier Milei denomina despectivamente como «colectivismo».
Alvear: La restauración de la casta y el «cipayismo»
La invocación de Carlos María de Alvear (1789-1852) por parte de los sectores libertarios es una confesión de parte. Alvear representa la mirada hacia afuera: fue quien, en 1815, estuvo dispuesto a entregar las Provincias Unidas a un protectorado británico. Es la figura del militar «diplomático» que prefiere el brillo de las cortes extranjeras al barro de la soberanía popular. Representa un elitismo ilustrado que veía al pueblo como una masa que debía ser dirigida por las «luces» de la élite comercial de Buenos Aires. Es, estéticamente, el antecesor de la «derecha moderna» que desprecia lo nacional y popular.
La conexión entre Milei y Alvear encuentra hoy su mediador en el economista Emilio Ocampo, arquitecto del plan de dolarización en 2023 y actualmente alejado del equipo de gestión por sus discrepancias ante el arribo de Luis Caputo al Ministerio de Economía. Ocampo, descendiente directo del militar alvearista, ha llevado la disputa histórica al extremo de afirmar que San Martín «no fue el Padre de la Patria ni el Libertador de América», sosteniendo que el «mito sanmartiniano» (sic) no es más que una invención historiográfica de Bartolomé Mitre.
Al cuestionar la figura de San Martín, se busca despojar al Ejército de su única justificación democrática: la de ser libertador de pueblos y no opresor de ciudadanos. De hecho, cuando Milei reivindica a Marcelo T. de Alvear (nieto de Carlos María) como el último gran exponente liberal, su intención es saltar por encima de todo el siglo XX popular —Yrigoyen, Perón y el alfonsinismo de los Derechos Humanos— para retornar a una Argentina donde la «libertad» no era más que la facultad de una minoría para administrar la pobreza de las mayorías.
Si Alvear representó en el siglo XIX el cipayismo diplomático de las élites porteñas y Videla, en el XX, la eliminación física de la soberanía popular mediante el terrorismo de Estado, Milei completa hoy esta tríada nefasta bajo una forma de radicalización que ya no guarda siquiera el barniz republicano. No es una anomalía, sino un estadio superior de refundación colonial que reconoce antecedentes de crueldad extrema en nuestra historia; como aquel episodio de la Patagonia Rebelde en 1921, donde el ejército funcionó como el brazo ejecutor de los intereses terratenientes, fusilando a miles de obreros a quienes obligaron a cavar sus propias tumbas antes de la ejecución.
Mientras Alvear buscaba un protectorado y Videla disciplinaba el «capital nacional» mediante la desaparición, Milei opera como el bufón de un capital transnacional que reconoce en la Argentina una «tierra prometida» para el extractivismo. Estamos atravesando un proceso de extranjerización del territorio que guarda paralelismos inquietantes con otras latitudes: la venta del patrimonio nacional y la degradación de la soberanía no son aquí accidentes de gestión, sino el núcleo de un proyecto donde la Argentina deja de ser una Nación soberana para convertirse en un activo inmobiliario y extractivo bajo custodia de una fuerza militar reconvertida en guardia privada de los dueños del poder real.
Las facciones en el ejército: Una reconstrucción sociológica
A partir de la investigación en mi libro CONTRAMARCHA (2026), se desprende una reconstrucción de las tensiones internas que han fracturado al Ejército Argentino. Las “facciones” (grupos o subgrupos dentro de una organización mayor) no son solo poderosos núcleos de influencia, sino que representan dos estéticas del mando y dos posicionamientos éticos y políticos antagónicos que hunden sus raíces en el proceso mismo de organización nacional.
La transición de los caudillos federales al Estado Nacional (1820-1880) fue un proceso de guerras civiles donde líderes provinciales pugnaron por modelos de país irreconciliables. Tras la unificación de 1861, el surgimiento del Partido Autonómico Nacional (PAN) consolidó a una élite liberal-conservadora que gobernó sin alternancia durante cuarenta años, convirtiendo al Ejército en el brazo armado de un Estado centralista cooptado por un manojo de familias adineradas. En este periodo, la vida política se militarizó y la resolución de conflictos solía dirimirse por la vía armada entre facciones oficialistas y rebeldes.
Fue Domingo Faustino Sarmiento quien, a partir de 1868, se propuso despolitizar a los militares y terminar con las relaciones personalistas mediante la creación de la «Escuela Militar» en 1869 (luego Colegio Militar). Este proceso de profesionalización buscaba fortalecer una disciplina castrense basada en la subordinación impersonal hacia un Estado que, en la práctica, era gobernado por la burocracia porteña de los sectores más acomodados. Esta depuración de cuadros rebeldes culminó en 1882 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca con la creación del Colegio Militar de la Nación, consolidando el triunfo de un poder militar centralizado y elitista.
Esta trayectoria de segregación tuvo un hito geográfico y simbólico durante la Década Infame. En 1937, bajo la presidencia de Agustín P. Justo —llegado al poder tras la dictadura de Uriburu—, el Colegio Militar fue trasladado a El Palomar. En el predio desocupado se puso en funcionamiento, en 1938, el primer «Colegio Militar Nacional»: una escuela secundaria elitista destinada a los hijos del personal de carrera y a la formación de civiles reservistas, renombrada en 1939 como Liceo Militar General San Martín. Es en este caldo de cultivo histórico donde terminan de cristalizar las dos corrientes antagónicas que hoy siguen en disputa:
- La facción «Sanmartiniana / Belgraniana» (El Pueblo en uniforme): Esta corriente, que rescatamos a través de la fundación del liceo Belgrano, en Santa Fe, por parte de Perón en 1947, entiende al militar como un ciudadano que toma las armas por un imperativo de liberación. Su compromiso es con la soberanía y la justicia social. Es la facción que las élites conservadoras tildaron de «populista» para deslegitimarla y que fue sistemáticamente proscripta y purgada por los sectores que consideraban que el amor al pueblo era una «infiltración socialista». Busca un soldado con lucidez intelectual, capaz de reconocerse en el rostro del trabajador.
- La facción «Alvearista / Liberal-Conservadora» (Los cancerberos de la casta): Referenciada en Alvear y la generación del 80, su mirada es centralista y pro-extranjera, alineada con la Doctrina de la Seguridad Nacional de EE.UU. Es la que impuso el régimen de «institución total» y la «pedagogía de la crueldad» en la formación castrense. Para esta facción, el pueblo no es el sujeto a defender, sino el objeto a vigilar y disciplinar. Es la mentalidad que, como narro en mi libro, consideró indigno que los cadetes habitaran un edificio construido por la Fundación Eva Perón, despreciando la arquitectura de la justicia social como una «mancha» en su pureza de casta.
El giro peronista y la restauración mileísta
Perón retomó la trayectoria de San Martín y Belgrano, uniendo nuevamente al ejército con el destino de los trabajadores y sacándolo de la órbita de la oligarquía para ponerlo al servicio del desarrollo industrial. Por el contrario, la restauración mileísta busca «des-sanmartinizar» a las fuerzas armadas para devolverlas a su rol de guardianes de los intereses de los poderes fácticos. En tal sentido, el Plan Liceos 2030 es la herramienta pedagógica para que los nuevos cadetes sean formados según la lógica de la «eficiencia» de Alvear y se distancien de la «ética» de San Martín.
A modo de ejemplo, el giro sanmartiniano del movimiento peronista se ilustra perfectamente en la historia de la localidad santafesina de Paganini, lindera con la ciudad de Rosario. En 1950, el «Año del Libertador», Perón decidió que la geografía argentina dejara de rendir culto a quienes se enriquecieron con la tierra (Lisandro Paganini, el escribano de la casta vinculado a los latifundios y la especulación inmobiliaria en sociedad con el empresario Carlos Casado del Alisal) y empezara a honrar a quienes la liberaron con su sangre. Al renombrar la ciudad de Paganini como Granadero Baigorria, Perón operó una justicia simbólica: desplazó al especulador para entronizar al soldado puntano que salvó al Padre de la Patria en la batalla de San Lorenzo. Juan Bautista Baigorria representa el coraje desinteresado frente a la conveniencia individualista.
En definitiva, la lucha por el sentido histórico nos coloca ante una encrucijada. Si la formación militar abandona a San Martín por Alvear, deja de ser defensa nacional para convertirse en custodia del capital internacional. Una adecuada «pedagogía de la democracia» debe recuperar al San Martín desobediente: aquel que desoyó las órdenes centralistas de Buenos Aires —el poder transigente— para seguir el mandato de su pueblo y la libertad del continente. Esa es la lucidez intelectual que el poder actual teme: que el soldado comprenda que su lealtad última no es al gobierno entreguista que invoca a Alvear, sino a la Patria libre y soberana que soñaron San Martín y Belgrano.
3.- ¿Es posible pensar en otras fuerzas armadas?
Es totalmente posible y, de hecho, es un ejercicio necesario para la teoría política y la sociología institucional. Pensar en «otras» fuerzas armadas implica cuestionar el modelo de ejército profesional permanente —el modelo prusiano/westfaliano— que hoy damos por sentado como una verdad inamovible. Existen varios modelos alternativos, algunos históricos, otros teóricos y algunos vigentes, que rompen con la estructura tradicional de una casta separada de la sociedad civil.
Modelos de alternatividad y soberanía
En primer lugar, el modelo de la «Nación en armas» (milicias ciudadanas) propone que no exista una casta militar segregada. En lugar de un ejército profesional que opera como un «Estado dentro del Estado» (lo que la ciencia política denomina pretorianismo), la defensa recae en la ciudadanía.
Un ejemplo vigente es el de Suiza, donde la mayoría de los ciudadanos mantienen su equipo y formación militar mientras llevan vidas civiles normales, logrando que el «militar» no sea una identidad profesional estanca, sino una función transitoria del ciudadano.
La adquisición de esta formación militar no se realiza mediante el aislamiento permanente en cuarteles, sino a través de un sistema de instrucción intensivo y escalonado. El ciudadano comienza con una «escuela de reclutas» de corta duración (pocos meses), donde adquiere las destrezas básicas. Posteriormente, la formación se mantiene viva mediante cursos de repetición anuales de apenas tres semanas. Esta pedagogía de la intermitencia asegura que el ciudadano nunca pierda su anclaje en el mundo civil: el cadete de hoy es el arquitecto, el obrero o el docente de mañana. La instrucción se centra en la eficacia operativa y la responsabilidad legal, evitando la construcción de esa «identidad de cuartel» que suele fomentar la endogamia y el menosprecio por lo civil. Así, la formación militar se integra en la biografía del sujeto como una carga pública más —similar al deber de votar o de pagar impuestos— y no como una pertenencia a una casta con valores éticos paralelos a los de la Constitución.
Esta instrucción no es impartida por una casta cerrada, sino por un sistema híbrido. Existe un núcleo reducido de militares profesionales dedicados exclusivamente a la enseñanza y la logística, pero la mayoría de los cuadros de mando son oficiales de milicia: civiles que, debido a su capacidad y formación, han decidido asumir mayores responsabilidades militares. Así, un oficial que imparte formación táctica puede ser, en su vida cotidiana, un ingeniero, un gerente de banco o un trabajador especializado. Esta capilaridad asegura que la pedagogía militar no se desvíe hacia el autoritarismo, ya que quien enseña sabe que, al finalizar el curso, volverá a habitar la misma sociedad civil que sus subordinados. La autoridad no emana del «grito» que se impone o de una supuesta superioridad moral, sino de la competencia técnica y la responsabilidad compartida.
En segundo lugar, las teorías de paz y resolución de conflictos proponen «Fuerzas de defensa no provocativas» o «Defensa civil no violenta». Basadas en las tesis del filósofo Gene Sharp, plantean fuerzas organizadas no para el ataque, sino para la resistencia civil masiva, la desobediencia coordinada y la parálisis de infraestructura, haciendo que el costo político de una ocupación extranjera sea insostenible.
Estas fuerzas no se entrenan en el uso de armas letales, sino en la metodología de la acción no violenta. El objetivo estratégico es el «colapso de la obediencia»: si la policía no reprime, los empleados públicos no procesan expedientes, los ferroviarios paralizan el transporte y los obreros cortan la energía, el ocupante —por más poderoso que sea militarmente— queda paralizado. Según Sharp, el poder de cualquier régimen depende del consentimiento y la cooperación de los gobernados; si esa cooperación se retira de forma masiva y coordinada, el poder se evapora.
El entrenamiento de estas fuerzas se centra en la disciplina no violenta bajo provocación extrema y en la creación de estructuras de comunicación clandestinas. Se busca que la población civil funcione como un organismo capaz de realizar sabotajes simbólicos, huelgas generales y la creación de un «gobierno paralelo» que mantenga la cohesión social mientras ignora las órdenes del invasor. De este modo, la defensa deja de ser una tarea de una élite armada para convertirse en una capacidad de resistencia de toda la comunidad, haciendo que el costo de mantener la ocupación sea tan elevado —en términos económicos, políticos y de prestigio internacional— que el agresor se vea obligado a retirarse.
Finalmente, el modelo de «Fuerzas de seguridad humana» vira hacia «fuerzas de protección civil con uniforme», centradas en la gestión de crisis y reconstrucción, teniendo a Costa Rica como ejemplo emblemático al haber abolido su ejército en 1948 para redirigir el presupuesto a educación y salud.
Este modelo redefine la seguridad no como la protección del Estado frente a otros Estados, sino como la protección de las personas frente a las amenazas a su integridad. Las «Fuerzas de seguridad humana» operan bajo una lógica de «defensa por desarrollo»: al abolir la estructura militar tradicional, se eliminan los gastos de mantenimiento de armamento pesado y se reasignan esos recursos a la creación de una sociedad más equitativa y, por ende, menos vulnerable a conflictos internos.
En el caso de Costa Rica, la seguridad nacional se apoya en una doble vía: hacia adentro, una Fuerza Pública de carácter civil, entrenada en seguridad ciudadana, vigilancia de fronteras y auxilio en desastres naturales; hacia afuera, una confianza absoluta en el sistema interamericano y los tribunales internacionales. La soberanía no se defiende con fusiles, sino con el prestigio de una democracia sólida que, ante cualquier agresión, activa mecanismos diplomáticos y de arbitraje global. Este modelo propone un cambio radical: el uniforme deja de ser un símbolo de letalidad para convertirse en uno de asistencia y cuidado, transformando al antiguo soldado en un técnico de la gestión de crisis y un garante de la paz social.
A estos esquemas se suma el modelo de «Fuerzas de autodefensa», cuyo exponente paradigmático es el Japón de la posguerra. Aquí, la soberanía se blinda mediante una autolimitación ética y constitucional: el Estado renuncia al derecho de guerra y prohíbe la posesión de armamento de carácter ofensivo. Este sistema demuestra que la ley civil puede —y debe— imponer un límite ontológico a la vocación expansiva de lo militar, transformando a la institución en un escudo estrictamente reactivo y subordinado a un compromiso explícito con la paz global.
Por otra parte, resulta imperativo rescatar la tradición latinoamericana de «Fuerzas armadas para el desarrollo nacional», línea que en Argentina trazaron figuras como Mosconi y Savio, y que el primer peronismo elevó a doctrina de Estado. En este modelo, el militar no es un especialista en la administración de la muerte, sino un especialista en la construcción de la soberanía tecnológica, industrial y científica. Aquí, el éxito institucional no se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de gestionar altos hornos, astilleros, fábricas de aviones y laboratorios de investigación.
Esta visión propone una subjetividad radicalmente distinta: el cadete se percibe a sí mismo como un «trabajador técnico de la patria». El uniforme no funciona como una barrera de casta que lo separa del pueblo, sino como el atuendo de un compromiso con la industrialización y el bienestar común.
Este modelo de Desarrollo Nacional alcanzó su cenit bajo la doctrina peronista, que redefinió la Defensa Nacional no como un problema estrictamente castrense, sino como una función integral de la comunidad organizada. Para Perón, no podía existir un ejército fuerte en una nación débil o una industria inexistente. De allí que la formación del militar estuviera indisolublemente ligada a la creación de valor: el oficial debía ser, ante todo, un intelectual orgánico del desarrollo, capaz de conducir procesos industriales, energéticos y científicos que blindaran la independencia económica del país.
Bajo esta lógica, el uniforme perdía su carácter de «valla» social para convertirse en un puente. La subjetividad del cadete no se moldeaba en el menosprecio al civil, sino en la identificación de clase con el trabajador. Se buscaba un militar que entendiera que defender la patria era, fundamentalmente, defender el salario, la industria pesada y la dignidad del hogar obrero. El éxito de esta «otra» fuerza armada no se encontraba en el rigor de pomposos desfiles, sino en el humo de las chimeneas de Fabricaciones Militares y en la soberanía tecnológica del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado). El IAME fue un ente estatal creado en 1952, durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, con el objetivo de promover la investigación, fabricación y reparación de material aeronáutico y terrestre. Su sede central estaba en la ciudad de Córdoba, en el predio de la antigua Fábrica Militar de Aviones.
Recuperar este enfoque en el escenario socio-político actual es un acto de resistencia frente a la restauración cipayista. Frente al modelo de «militar-cancerbero» que propone el creciente tiranismo actual para custodiar el extractivismo, el peronismo propone el retorno del «militar-constructor». Subrayar esta matriz es recordar que la verdadera fuerza de una nación no reside en la capacidad de reprimir a su propio pueblo, sino en la potencia de una institución armada que se reconoce como parte de él y que pone su disciplina al servicio de la grandeza nacional y la felicidad de los trabajadores.
Este es, precisamente, el modelo que las políticas de desmantelamiento del Estado intentan erradicar, prefiriendo un militar despojado de conciencia productiva, reducido a un mero guardián de la expoliación foránea de recursos naturales y el disciplinamiento social. Pensar en «otras» fuerzas armadas es, en definitiva, recuperar la capacidad de que el uniforme huela a fábrica, a aula y a laboratorio, y no al humo de las hogueras de la crueldad.
La tensión entre la institución y la subjetividad
Desde una filosofía del poder como la que intentamos abordar de manera sencilla y por la vía testimonial en CONTRAMARCHA (2026), la tensión entre institución y subjetividad cobra una relevancia especial. Las fuerzas armadas tradicionales operan bajo lo que podríamos llamar una «ontología de la guerra»: el sujeto militar se constituye a partir de la disciplina rígida, la jerarquía vertical y la eliminación del otro. Para pensar en «otras» fuerzas posibles, habría que desmontar esa estructura pedagógica: ¿Se puede desjerarquizar el mando? ¿Se puede eliminar la «obediencia debida» para transformar al militar de un órgano de ejecución a un sujeto político con responsabilidad ética y compromiso social?
Refundación desde una «Pedagogía de la Democracia»
La estructura simbólica de las fuerzas armadas debe reformarse desde adentro, procurando una «pedagogía de la democracia» que las refunde por completo. Esto implica, fundamentalmente, la ruptura de la endogamia institucional. Uno de los mayores obstáculos es el aislamiento: las FF.AA. suelen funcionar como sistemas cerrados con su propio lenguaje y ritos. Proponemos que la formación de los cuadros militares deje de ser exclusiva de las academias castrenses y se integre con las escuelas y universidades públicas. Que un cadete comparta aulas de derecho, historia o sociología con civiles rompe la construcción del «otro» (el civil) como alguien inferior y permite que la subjetividad del militar se permee de la pluralidad democrática.
Pasar de la «Obediencia Debida» a la «Responsabilidad Ética» significa formar un sujeto que no solo «ejecuta», sino que «decide» bajo un marco constitucional. Refiere a una pedagogía donde el límite de la orden es el Derecho Humano, devolviéndole al militar su estatus de ciudadano con uniforme. Asimismo, la sociedad civil debe ejercer una constante vigilancia epistemológica, interviniendo en los contenidos simbólicos e imponiendo currículas que profundicen en la memoria histórica, para que la memoria del Estado sea la memoria de la institución que lo defiende.
El diagnóstico del «intento fallido» y la restauración mileísta
En la posdictadura argentina se logró el control civil y político de las Fuerzas Armadas, pero la reforma profunda del «sentido común» militar quedó a mitad de camino. El intento de reforma iniciado en 2006 —que buscó profesionalizar la fuerza, democratizar los programas de estudio y quitar los liceos de la órbita estrictamente castrense para acercarlos a los estándares del Ministerio de Educación— se topó con una resistencia corporativa persistente. Ese fallo se plasma hoy con crudeza: la reforma fue administrativa, pero no logró una reestructuración subjetiva. Al no haberse consolidado un nuevo paradigma de identidad militar, los viejos nichos de pensamiento autoritario se refugiaron en la sombra, esperando el momento de su restauración.
El Plan Liceos 2030 del presidente Milei es la consecuencia de ese fracaso y, a la vez, la herramienta de la restauración. Actúa precisamente sobre el territorio de la formación de la subjetividad en la adolescencia, allí donde la reforma previa no llegó a echar raíces. Al potenciar el modelo de los liceos militares como supuesto paradigma de «excelencia» educativa, se opera un retroceso democrático que militariza la pedagogía. Se ofrece el «orden militar» como una solución aspiracional ante la supuesta «crisis de valores» de la escuela pública, explotando el resentimiento de ciertos sectores medios. En última instancia, esta maniobra no busca formar ciudadanos críticos, sino súbditos que acaten por disciplina, sustituyendo la convicción democrática por el automatismo de la obediencia.
Sin embargo, esta búsqueda de obediencia no se dirige a un sujeto neutro. Se apoya sobre una crisis profunda de los modelos tradicionales de identidad, operando especialmente sobre varones jóvenes: una «masculinidad débil y desnortada» que encuentra en el discurso de la ultraderecha una suerte de «ortopedia identitaria». Ante la caída de los grandes relatos y la fragilidad del lazo social, el dispositivo militar se ofrece como una prótesis de seguridad; una falsa sensación de firmeza que funciona como refugio de virilidad para el joven que se siente desplazado, «cancelado» o amenazado por el avance de los feminismos y la diversidad de géneros disidentes.
Es aquí donde se produce el regreso a la «pedagogía de la crueldad» de la que habla Rita Segato. En los liceos militares, se entrena al cuerpo no solo para el combate, sino para la insensibilidad; se busca castrar la empatía para naturalizar la fuerza bruta como único lenguaje válido de reafirmación masculina. Cuando esa matriz identitaria se consolida, el otro deja de ser un adversario político para convertirse en un «virus», una «plaga» o un «zurdo de mierda» que debe ser extirpado. Se entra así, de lleno, en una lógica de la aniquilación simbólica y física que nace en el formateo reglamentario (algorítmico) de los cuerpos y termina en el desprecio absoluto por la vida del semejante.
La dictadura de la crueldad y la urgencia de resistir
En el escenario actual, lo que enfrentamos no es un exabrupto pasajero, sino la consolidación de una «dictadura de la crueldad». Esta nueva y cada vez más sofisticada forma de tiranismo no necesita el golpe de Estado clásico; se fragua en las redes sociales y se legitima en las urnas para, desde allí, proceder a la aniquilación sistemática del lazo social. Sin embargo, Milei no es una anomalía sin precedentes. Su irrupción es la radicalización, ya sin el barniz republicano ni los modales de la etiqueta liberal, de un proceso que tuvo en el macrismo su antecedente necesario. Fue durante la gestión de Mauricio Macri cuando se inició la desastrosa política de desmantelamiento de los Derechos Humanos, intentando reinstalar la teoría de los dos demonios y banalizando la memoria histórica bajo el pretexto de «mirar al futuro».
A diferencia de Macri —un hijo de los «dueños de la Argentina» que gobernó con la seguridad de quien administra su propia estancia—, Milei se presenta como un plebeyo exaltado que oficia de mascarón de proa para los mismos intereses. Es, en última instancia, el bufón de sus empleadores dueños del capital transnacionalizado. El excéntrico Milei es el encargado de ensalzar a quienes realmente detentan el poder real mientras ejecuta un ajuste feroz sobre el pueblo. En el plano educativo, tanto Macri como Mieli comparten una misma matriz: una pedagogía tecnocrática que reduce el sujeto a mero «capital humano». Ya no se busca formar ciudadanos, sino formatear los cuerpos dóciles que el mercado requiere, capacitados para funcionar dotados de competencias que los hagan aptos, pero despojados de conciencia histórica y pensamiento crítico.
Esta deshumanización tecnocrática encuentra su brazo ejecutor en una convergencia tecnológica sin precedentes, donde la ciberseguridad del ejército y la inteligencia estatal se fusionan con los intereses del Silicon Valley más reaccionario. El vínculo de Milei con figuras como Peter Thiel y la implementación de sistemas de vigilancia masiva a través de empresas como Palantir, marcan el paso de la disciplina analógica del cuartel al control algorítmico de la población. Ya no se trata solo de vigilar las fronteras, sino de procesar datos masivos para predecir y neutralizar la disidencia. En este esquema, el ejército no solo actúa como guardia privada del capital, sino como el operador técnico de una arquitectura de inteligencia predictiva que busca asfixiar el lazo social antes de que este logre organizarse. La soberanía es expropiada por algoritmos extranjeros, y el ciudadano queda reducido a un dato procesable en un mapa de control donde el rostro del «enemigo» es detectado por un software diseñado por los mismos dueños del capital transnacionalizado que hoy celebran la desposesión de nuestra tierra.
En este marco, el tirano del siglo XXI no busca suspender la ley, sino usar la ley para suspender la humanidad. Es lo que Giorgio Agamben define como el estado de excepción permanente: un espacio donde la norma sigue vigente pero el amparo desaparece, desplegando sin pudor una «pedagogía del odio» que deshumaniza al opositor. De ahí que, por ejemplo, la absoluta falta de empatía hacia las víctimas del genocidio en Gaza o para con las de la cacería de migrantes en las fronteras globales, particularmente en Norteamérica, no son hechos aislados; son expresiones de una estética de la aniquilación que divide al mundo entre matables y no-matables; es decir, una suerte de entrenamiento para aceptar que ciertas vidas pueden ser eliminadas sin que ello constituya un crimen.
Frente a esta devastación operada por un puñado de gobernantes tiranos, la imperiosidad de resistir se vuelve una acuciante exigencia ética. La capilaridad de la militancia barrial, sostenida por sectores populares lúcidos y comprometidos, con el peronismo como movimiento constructor de comunidad, emergen como antídoto frente al aislamiento algorítmico y la fragmentación social. Los periodistas que todavía logran sostenerse como trincheras y las instituciones de cuidado —salud y educación pública— se erigen hoy como los últimos refugios de la subjetividad democrática. Como canta León Gieco: «Que el dolor no me sea indiferente»; esa indiferencia es la que buscan sembrar las élites en sus autosegregativos enclaves de formación, como los liceos militares, y es contra esa crueldad que hemos de oponer la construcción de un sujeto ético capaz de reconocerse en el otro, incluso bajo el peso de un tiempo que nos quiere cínicos y atomizados.
4.- Soldados y cadetes desde una perspectiva de derechos
Si en el apartado anterior hemos caracterizado la emergencia de una «dictadura de la crueldad» que se nutre de la aniquilación del lazo social y la deshumanización del otro, la respuesta institucional no puede ser meramente defensiva. Resulta imperioso contraponer a esa estética del odio una estructura que desarme, desde su raíz, el brazo ejecutor del tiranismo en ascenso. Por ello, repensar la formación militar desde una perspectiva de derechos no es solo una reforma administrativa o un cambio de currícula; es una intervención en el corazón mismo de la identidad institucional. Si la dictadura naciente que describimos se alimenta de la insensibilidad y la exclusión ontológica del otro, la formación del soldado debe ser el lugar preciso donde se reinstale la ética del prójimo y la subordinación absoluta a la ley humana. Este cambio de paradigma implica pasar de una instrucción basada en la «anulación del sujeto» a una formación basada en la «responsabilidad del ciudadano en armas».
Pilares para una formación militar con perspectiva de derechos
Desde una mirada psicopedagógica y analítica, esta reforma debe asentarse en tres pilares críticos que desafían la matriz histórica de la formación castrense.
- El quiebre del «cuerpo dócil» y la autonomía ética: La formación tradicional busca que el soldado sea una mera extensión de la voluntad del mando, anulando su juicio en favor de la verticalidad. Nuestra propuesta exige que, en lugar de la obediencia ciega, se forme en el juicio crítico: un soldado debe ser capaz de identificar y desobedecer una orden ilegal o inhumana. Esto requiere una subjetividad esclarecida y no una «desnortada». Asimismo, es vital incorporar una perspectiva de género que desmantele la idea de que la eficiencia militar está ligada a la virilidad violenta; la fuerza debe estar al servicio de la protección y el cuidado de la vida y no de la reafirmación de un ego machista.
- La integración con la vida civil (des-guetización): Las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo una «isla» con valores morales propios distintos a los de la Constitución. La propuesta es una educación compartida: que los cadetes cursen materias en establecimientos educativos públicos. La convivencia real con el «otro» civil (el militante, el estudiante, el trabajador) impide la deshumanización. Es difícil aniquilar a quien se conoce y con quien se ha compartido un banco de aula.
- El soldado como defensor de la democracia y no del status quo: Históricamente, la formación en nuestra región se centró en la hipótesis del «enemigo interno». La reorientación estratégica debe enseñar que el único enemigo es aquel que atenta contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo. La seguridad no debe ser el silencio de los cementerios, sino la garantía de que el ciudadano pueda ejercer su libertad y su legítimo derecho a la protesta.
La estética como ética en acción: El régimen de visibilidad
En el registro filosófico que intentamos, la estética no es el «maquillaje» de las cosas, sino la forma misma en que el mundo se nos hace sensible. Al hablar de una «estética de la aniquilación» o una «estética del cuidado», nos referimos a la aisthesis: la capacidad de percibir al otro (o de dejar de percibirlo).
Siguiendo a Jacques Rancière, la política es un «reparto de lo sensible». La dictadura de la crueldad opera una estética que hace «invisible» el dolor del otro. Por ejemplo, en lo que refiere a la pedagogía castrense: si el cadete del Plan Liceos 2030 deja de ver la humanidad en el adversario, es porque su percepción ha sido colonizada. La lucidez intelectual consiste en rasgar ese velo estético para recuperar la visión ética. Para eso proponemos una estética del reconocimiento, donde el soldado sea capaz de «leer» el rostro del otro (Lévinas), reconociendo el límite que impone la dignidad humana incluso en el conflicto. Esto requiere una sofisticación intelectual que el poder actual intenta degradar mediante el eslogan, el gesto ampuloso y el griterío sobreadjetivado en las pantallas.
Del «cancerbero» al «Pueblo en uniforme»
Esta metáfora es el núcleo de una verdadera democracia sustantiva. El pasaje del «cancerbero» —esa figura mitológica de vigilancia de las catacumbas del poder titánico— al «pueblo en uniforme» representa el tránsito hacia una institución integrada en el proyecto de nación. Hoy, la alianza entre sectores reaccionarios del Poder Judicial, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad (Lawfare) busca proteger intereses fácticos y disciplinar movimientos populares.
Pensar en las fuerzas como el «pueblo en uniforme» es un acto de sincericidio sociológico: la inmensa mayoría de los soldados provienen de los mismos barrios populares donde la militancia peronista despliega su labor. La «trampa de la casta» intenta que el uniforme funcione como un muro para que el joven de barrio no dude en reprimir a quien podría ser su hermano. Recuperar esta identidad significa que el militar se reconozca como un trabajador con una función específica, cuya lealtad primera es hacia el bienestar de su pueblo y no hacia la protección de las cajas fuertes del poder económico.
La pedagogía como acto de resistencia (Platón y la tradición Oriental)
Como advirtió Platón en La República, la democracia, al perder su norte ético, genera las condiciones para que sus líderes sean acusados de corrupción y emerja el tirano como un «protector» que luego devora a su pueblo. Frente a esto, la pedagogía es el único dique de contención para formar la lucidez que detecte al demagogo y cultive la empatía. Es que el tirano actual necesita «huérfanos intelectuales» que no conozcan la historia; por eso nuestra labor es reconstruir ese hilo roto que la ultraderecha quiere cortar.
No es una utopía; la plurimilenaria tradición oriental, experimentada en el desarrollo de las prácticas meditativas y las artes marciales, nos enseñó que el combate puede ser un medio para el cultivo del espíritu. En las más desarrolladas civilizaciones orientales, el guerrero que no siente benevolencia por el débil es un bárbaro. Un soldado «lúcido» es mucho más eficiente porque su lealtad es a un código de principios internalizados y no a un tirano de turno que le manda desde afuera. Esta disciplina interna es la antítesis de la disciplina externa que buscan imponer proyectos educativos como el Plan Liceos 2030. Bajo un barniz de modernización, este plan restituye los pilares más regresivos de la formación castrense: por un lado, el disciplinamiento físico basado en el rigor ejercido sobre el cuerpo dócil, donde el condicionamiento corporal y la sanción vuelven a ser las herramientas primordiales de «corrección» conductual. Por otro lado, opera un adoctrinamiento ideológico a través de la reforma de los planes de estudio (ahora a cargo del Instituto Social Militar “Doctor Dámaso Centeno”), eliminando la perspectiva de derechos humanos y la visión crítica de la historia para suplantarlas por una narrativa que exalta la jerarquía y la obediencia ciega.
Al igual que en los años de la dictadura, el Plan Liceos 2030 busca sustraer a los jóvenes de los parámetros democráticos que guían al sistema educativo civil para sumergirlos por completo en un ecosistema castrense donde la duda es castigada y la empatía es vista como una debilidad. Se trata de una maniobra para producir en los jóvenes herederos del poder real, y a gran escala, la combativa «reserva moral» (sic) que el nuevo tiranismo requiere para la conducción empresarial en un mundo tecnofeudal.
El legado de Perón: El militar como intelectual orgánico
Juan Domingo Perón es el ejemplo paradigmático de la ruptura con ese tipo de mentalidad elitista: el militar con lucidez intelectual que decide no ser el cancerbero de las élites, sino el conductor de una transformación popular. Su visión de la Defensa Nacional entendía que un pueblo hambriento no puede ser defendido; por lo tanto, la formación militar estaba intrínsecamente ligada al bienestar económico.
Las élites nunca le perdonaron que usara la estructura del Estado para empoderar a la clase obrera en lugar de disciplinarla. El odio al peronismo es, en el fondo, el odio a la posibilidad de que el pueblo tenga conciencia de su propio poder. Retomar hoy esa pedagogía de la soberanía y el amor al pueblo es la única «contramarcha» efectiva frente a la estética de la aniquilación que intentan imponernos los gobernantes de «un mundo devastado por un manojo de tiranos» —en palabras del Papa León XIV—.
La lucidez intelectual de Perón le permitió ver que el destino de las Fuerzas Armadas estaba atado al de los trabajadores, una lección que debemos recuperar frente a los desafíos del presente. En un tiempo donde se nos intenta convencer de que el uniforme es una herramienta de segregación y castigo, volver a Perón es recordar que la verdadera potencia de fuego de una nación reside en su cohesión social.
Hoy, cuando los proyectos como el Plan Liceos 2030 buscan desvincular al cadete de su origen popular para convertirlo en un guardián de intereses privados, la «contramarcha» consiste en reinsertar el uniforme en la comunidad. Porque, en definitiva, defender la Patria no es custodiar las ganancias de los patrones, sino asegurar que ese «pueblo hambriento» —al que se refería el General y que hoy vuelve a ser una realidad dolorosa— recupere esas tres “T” de las que hablaba el Papa Francisco: Tierra, Techo y Trabajo; es decir, la dignidad y el derecho a un futuro que ningún tiranismo logre devastar.
5.- Pedagogía: La refundación subjetiva frente a la deserción de las funciones de amparo
Si en los apartados anteriores hemos analizado cómo la fractura histórica entre el proyecto de Nación y el de una mera Granja intentó resolverse mediante una «pedagogía castrense» de la crueldad y la exclusión, es necesario ahora adentrarnos en la dimensión subjetiva de ese fracaso educativo. Un dispositivo como el liceo militar que describo en CONTRAMARCHA (2026) no fue simplemente un sistema de instrucción técnico-militar, sino un laboratorio de desubjetivación que operó sobre la moral en lugar de la ética. En este punto, la formación del sujeto ético, en contraposición al moldeado del moralista, se erige como un eje central en la obra de la psicoanalista Silvia Bleichmar y resulta fundamental para comprender cómo el sistema intentó formatear a los cadetes —y cómo hoy el Plan Liceos 2030 intenta restaurar esa misma lógica—. Bleichmar establece distinciones precisas que permiten entender por qué la educación no debe limitarse a «poner límites», sino que debe centrarse en la construcción de legalidades.
La presencia del semejante
Bleichmar sostiene que la ética se fundamenta en la responsabilidad hacia el otro y el respeto por el semejante. La moral, en cambio, refiere a formas históricas y convenciones que pueden llegar a ser muy arbitrarias o acomodaticias. El sujeto ético es aquel capaz de empatizar con el sufrimiento del otro y sentirlo como una responsabilidad propia; al punto en que la ética puede incluso exigir la transgresión de ciertas leyes si estas son inhumanas (como en el caso de Antígona frente al tirano). Por el contrario, el sujeto moralista se rige por la pura conveniencia: no roba «para que no lo echen», degradando la moral a una cuestión de costo-beneficio en lugar de una convicción interna sobre lo que «no se hace» por respeto a la condición humana.
La construcción de legalidad no es lo mismo que poner límites
Esta es la distinción crucial para repensar la formación militar. El límite como exterioridad suele ser un acto coercitivo y exterior que no educa necesariamente: si la norma es percibida como arbitraria o impuesta nada más que por la fuerza de la autoridad, el sujeto acata la pautación del otro, pero solo en lo inmediato y por miedo al castigo. No la internaliza. Por el contrario, la legalidad como principio educativo implica que el sujeto se apropie internamente de las pautas de su grupo de pertenencia como parte de un pensamiento para el futuro. Esto se logra mediante la confianza en la palabra del otro y el reconocimiento de que la norma es necesaria para la convivencia y la preservación de la vida. En tal sentido, señala Bleichmar: “Es el amor al propio grupo lo que determina la posibilidad de transferir ese amor al resto de la humanidad”. Y agrega: “¿Por qué cumplimos la ley? ¿Por qué aceptamos las normas? Porque sabemos que siempre perdemos algo a cambio de ganar algo. Por ejemplo, uno renuncia a un goce inmediato porque cuida su salud. (…) Por lo tanto conservar o cuidar la vida implica una permanente renuncia a goces inmediatos, siempre y cuando se puedan proyectar en el futuro”.
Bleichmar advierte que la autoridad no puede ejercerse sin un derecho ético a su ejercicio; en un contexto donde la autoridad estuvo al servicio de la corrupción o el asesinato —referencia directa a la dictadura—, el respeto a la misma se desvanece por completo.
Educación para el futuro y producción de subjetividad
La educación no es solo transmisión de conocimientos, sino producción de subjetividad.
Educar solo para el presente, en condiciones sociales de impunidad y resentimiento, corre el riesgo de «educar psicópatas»: cínicos y manipuladores.
En cambio, educar para el futuro es lo que forma sujetos éticos. Porque el proyecto de futuro es el que sostiene la ley, ya que esta se acepta —como dijimos— cuando el sujeto siente que renuncia a un goce inmediato a cambio de algo que ganará en el futuro. Pero cuando los jóvenes —prisioneros del inmediatismo— no anhelan un futuro, pierden el incentivo para aceptar las normas de la cultura.
Estos conceptos nos sirven para iluminar la falla estructural de la formación castrense en un liceo militar (antes, durante la dictadura, y ahora con Milei) para, desde ahí, apoyándonos en Bleichmar, permitirnos criticar los discursos restauradores de formas escolarizadas que buscan «militarizar» la educación, cual insistentes marcas de un país autoritario que retornan no favoreciendo la convivencia democrática ni el aprendizaje (en tanto que apropiación discursiva). Es que la impunidad de los amos autoritarios (con o sin uniforme) es el problema central y persistente en nuestra sociedad… Por eso, una formación “manu militari” que naturaliza la falta de empatía es la antítesis de la construcción de un sujeto ético.
Una escuela de carácter militarizado, no sirve. Porque no sirve el encapsulamiento en la relación maquinal entre una actuación reglada con otra actuación pautada. No sirve operar procediendo reglamentariamente adentro de un aparato de dominación. No sirve nada más cumplir una sintaxis.
Por el contrario, lo que sirve es una escuela abierta a lo que adviene, hospitalaria, que aloje. Pues lo que se requiere, para la producción de legalidades, no es la sola puesta de límites, sino la relación entre un hábitat y un habitante.
Eso supone la capacidad de recuperar las preguntas. No apurarse a dar respuestas a preguntas que los sujetos aún no se han hecho. Es que, en educación, a las preguntas hay que poder transcribirlas antes de responderlas. Esto es una función central: escuchar para ayudar a ir armando interrogantes propios.
El Estado como perpetrador de trauma
En su obra fundamental Dolor País (2002), Bleichmar ofrece un diagnóstico ético y político de la Argentina que estalló en 2001, rastreando las raíces de ese dolor precisamente en la dictadura. Ella sostiene que el dolor argentino no fue una catástrofe natural, sino el resultado de un Estado que, en lugar de proteger (su función ética básica de amparo), se convirtió en el agente de una devastación inenarrable. Se produjo una «deserción de las funciones de amparo», dejando al sujeto en una indefensión psíquica total. Esa misma deserción es la que relato en CONTRAMARCHA (2026): el liceo, como institución del Estado que debía educar pero funcionaba bajo la amenaza y el miedo, operaba una desconstrucción activa del sujeto ético.
Los militares intentaron reducir al ciudadano a su mera supervivencia biológica (la «vida desnuda»), buscando sujetos que no preguntaran y que solo obedecieran para «salvarse», generando una sociedad basada en el «no te metás». Bleichmar explica que la violencia actual es hija del resentimiento por las promesas incumplidas de un Estado que se volvió contra su propio pueblo. Al llamar al opositor «subversivo» o «enemigo», le quitaron su categoría de ser humano. Mi libro hace exactamente lo contrario: al rescatar a Manuel Belgrano y al Perón que borra el nombre de Paganini para cambiarlo por el del Granadero Baigorria, intento re-visibilizar al semejante y recuperar la historia que aquellos militares y los actuales neoliberales intentan borrar. La reconstrucción de la Argentina no pasa por más «seguridad» (el lenguaje militar de los límites), sino por la recomposición de la ética y la justicia.
Hacia «otras Fuerzas Armadas»: Armadas de ética democrática
El propósito de mi obra es una propuesta de refundación subjetiva: pasar de una institución basada en la anulación del sujeto a una basada en la responsabilidad ética ante el semejante. Alrespecto, consideramos que, siguiendo a Bleichmar, podemos reconstruir los pilares de esa «otra» fuerza:
- Pasar del «cuerpo dócil» al sujeto ético: Superar la humillación del «tagarna» o el «marica» para construir una legalidad interna donde el soldado ejerza el juicio crítico, reconociendo que el límite de cualquier orden es el derecho humano.
- Romper la «impunidad como capa protectora»: Despojar al uniforme de esa aura de excepción jurídica y de la cultura de la omertá, reintegrando al militar a la comunidad como un ciudadano con responsabilidades éticas plenas.
- Instituir al «Pueblo en uniforme» contra la casta elitista: Recuperar la genealogía sanmartiniana y reconocerse en las luchas del propio pueblo, recordando —como relato en mi libro— que incluso bajo el uniforme, la mirada de la sociedad (como la de las costureras que nos veían «como a chicos») nos devuelve nuestra humanidad limitada y compartida.
- Oponer la pedagogía de la memoria a la pedagogía de la crueldad: Frente al Plan Liceos 2030 que busca normalizar el desprecio, institucionalizar la Memoria, la Verdad y la Justicia en ámbitos castrenses para que el soldado comprenda su historia y no repita el rol de cancerbero de intereses fácticos.
Valerse del recuerdo de «el secundario de los milicos» es, en definitiva, producir un acto de lucidez intelectual para señalar que el uniforme no debe fungir como un arma contra el semejante, sino como la investidura de un compromiso ético para con la convivencia democrática.
6.- Síntesis conclusiva: La lucidez como acto de desobediencia
A 50 años del inicio del proceso genocida en Argentina, el análisis de la pedagogía castrense nos revela que la disputa por el alma de las Fuerzas Armadas no es un debate pretérito, sino una urgencia del presente. Como hemos recorrido en estos párrafos, la fractura que nace en 1810 entre el proyecto de Nación soberana y el de Ganja colonial persiste hoy bajo nuevas máscaras pedagógicas y discursivas. La restauración de la estética alvearista y la implementación del Plan Liceos 2030 no son hechos aislados, sino intentos de reinstalar una «ortopedia identitaria» que busca capturar la fragilidad de las nuevas generaciones para convertirlas en los cancerberos de un orden excluyente y cruel.
La formación del militar no puede seguir siendo un territorio de desubjetivación o de aislamiento endogámico. Como bien nos enseña la obra de Silvia Bleichmar, la verdadera seguridad de una nación no reside en la fuerza del poderoso que pone límites externos mediante el terror, sino en la construcción de legalidades internas basadas en el respeto absoluto por el semejante. Proponer «otras fuerzas armadas», armadas de ética democrática y perspectiva de derechos humanos, implica una operación intelectual de «Contramarcha» orientada a despojar al uniforme de su aura de excepción y devolver al soldado su estatus de ciudadano con responsabilidad ética.
Desarmar la «pedagogía de la crueldad» requiere que la sociedad civil, la militancia popular y la intelectualidad comprometida reclamen para sí la formación simbólica de quienes portan las armas. El legado de San Martín, Belgrano y Perón nos recuerda que el uniforme y el amor al pueblo no son una contradicción, sino la base de una verdadera soberanía nacional. La lucidez intelectual es, en este contexto, nuestro mayor acto de desobediencia civil: solo reconociéndonos en el espejo de una comunidad solidaria y no indiferente ante el dolor ajeno, podremos evitar que el futuro de nuestra juventud sea expropiado por un puñado de tiranos que hoy, como ayer, intentan devastar el mundo de la vida.
Referencia bibliográfica:
Altisen, C. (2026) Contramarcha: Un trayecto por el secundario de los milicos. Prohistoria ediciones.
Disponible en: https://prohistoria.com.ar/#!/producto/3086/
